La normativa, que de alguna manera guarda estrecha relación con el Asocio para el Crecimiento y la proyección de un FOMILENIO en su segunda generación, está en manos de los diputados.

Lorena Peña, diputada del FMLN y presidenta de la comisión de hacienda, advirtió que la propuesta enviada por el Ejecutivo sobre asocios público-privados tiene algunos apartados con fuertes visos de inconstitucionalidad, ante lo cual el partido de izquierda no estaría dispuesto a votar.

En una especie de punteo de los aspectos más relevantes y objetados por el FMLN, la legisladora precisó que se obliga a la Asamblea Legislativa a pronunciarse sobre un proyecto presentado en un plazo de 45 días y si no lo hace en ese tiempo, se tiene que indemnizar al inversionista “aunque no haya invertido un solo peso (a) esa fecha”.

Además, señaló la diputada, se faculta a PROESA a autorizar u otorgar proyectos hasta por $10 millones y sin que esa decisión sea conocida por la Asamblea Legislativa, como ocurre en otros casos, lo cual inquietaría por posibles hechos de corrupción que se puedan generar a futuro.

“Los riesgos los asume el Estado... No es un incentivo a la inversión”, reflexionó Peña, tras advertir que se plantea además que la Banca de Desarrollo cree un fondo de liquidez para pagar en caso de que el Estado se vea obligado a indemnizar.

Ese fondo de liquidez o dinero para gasto contingente, añadió, puede llegar a ser hasta del 1% del Producto Interno Bruto y si esto se aplicara este año, se tendrían que dedicar unos $240 millones para pagar, explicó Peña.

“En el convenio está que si pierden, les pagas; o si bajan de cierto rango, (también) les pagas”, refirió Peña, al considerar que la propuesta de legislación “abre a la privatización de servicios claves”, como centros penales, o deja implícita la privatización de la Universidad de El Salvador cuando hace referencia a la educación superior.

“Estamos de acuerdo con la mayoría de las leyes que generan incentivos, pero nos parece que esta ley no incentiva la inversión y la competitividad, más bien compromete al Gobierno”, insistió la presidenta de la comisión de hacienda poco después de considerar que el FMLN no tiene objeciones con la legislación especial de Asocio para el Crecimiento.

También sostuvo que en el parlamento podría aprobar otras normativas que sí gozan de consenso, como es el caso de la Ley de Inversiones en Zonas Francas o diseñar un proyecto especial para el área portuaria de La Unión.

Veintiún años de Acuerdos de Paz

El Salvador celebró ayer 21 años de la firma de los Acuerdos de Paz, y en un balance inmediato de la condición en que se encuentra el país, algunos sectores han lamentado las fuertes tensiones entre los tres poderes del Estado, especialmente la confrontación que habría llevado a supuestos intentos de desmantelamiento de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

La legisladora efemelenista reflexionó sobre ese hecho en particular, considerando que en ningún momento ha habido un debilitamiento de la democracia o la institucionalidad. “Lo que se ha dado es una independencia de los tres órganos y por eso es que ahora hay más debate”, porque inmediatamente después de los Acuerdos de Paz, agregó, “lo que teníamos era una Corte que le hacía los mandados a ARENA”.

Según la diputada de izquierda, lo que “sigue siendo una piedra en el zapato” es la falta de equidad, la erradicación de la pobreza y que haya todavía más inversión social del Gobierno.