Los beneficios de perpetuidad y gratuidad que tiene el Estado cuando explota un recurso natural, como en el caso de la geotermia, no se pueden transferir a un socio particular. Hacerlo equivaldría a que ese bien público fuera objeto de ganancias por un particular que no paga por la extracción de tal recurso.

Los mecanismos que se requieren para dar concesiones a los particulares están establecidos en la ley, de la misma manera que los impuestos provenientes de los mismos.

Cuando se trata de particulares, pues, la concesión para explotar el subsuelo debe tener un plazo fijado. En el caso de LaGeo no hay tal plazo, porque la naturaleza jurídica de esa sociedad no es transferir el patrimonio del Estado a manos privadas, sino compartir inversiones para la explotación de un recurso natural de carácter estratégico.

Si la transnacional Enel obtiene la mayoría accionaria de LaGeo, esta última se convertiría en una empresa privada con un socio estatal, porque Enel sustituiría a su anterior titular: el Estado salvadoreño. Nada podría evitar que Enel vaya tomando cada vez más acciones hasta dejar reducido al Estado en poco o nada de su presencia en la explotación de sus propios recursos naturales.

El artículo 103 de la Constitución de la República establece: “El subsuelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar concesiones para su explotación”. Esta disposición se concretiza en la Ley General de Electricidad, en el artículo 120: “Las sociedades resultantes de la reestructuración de la CEL y que tengan como giro normal de operaciones la explotación de las instalaciones de la citada institución deberán recibir de la SIGET las respectivas concesiones cuando sea el caso, dentro de los 90 días posteriores a la fecha de su constitución”.

La entidad facultada para dar concesiones es pues la SIGET. Las concesiones que el Estado brindó en materia de explotación geotérmica fueron a una empresa propiedad del Estado, y esa concesión no puede ser extensiva a un particular. No se puede transferir porque en el caso del Estado hay excepción tributaria y no hay plazo, ninguno de esos dos beneficios puede concederse a una empresa privada. La SIGET no ha dado ninguna concesión a Enel para que explote la geotermia salvadoreña.

Según nuestra Constitución, los actos que ejecuten los funcionarios públicos en exceso de sus atribuciones son nulos. No puede cumplirse un contrato donde un ministro, sin autorización legal, enajene o disponga de un bien público. No debe pagar ni honrar contratos ilegales.

Estos son algunos de los puntos que aclaró el doctor Juan Pablo Córdoba ante los diputados de la comisión especial que investiga el contrato CEL-Enel.

En julio de 2010, el presidente del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, doctor Luis Nelson Segovia, declaró: “El contrato fue mal elaborado en perjuicio del Estado”; este perjuicio se interpreta a partir del hecho de que “se permite a la empresa italiana todo ante la riqueza del país”. Por su parte, en septiembre de 2011, la Corte de Cuentas dictaminó:

“Se permitió un acuerdo con cláusulas lesivas para el Estado, porque establecía la posibilidad de que el socio estratégico se convirtiera en accionista mayoritario cediéndole claramente ventajas sobre CEL en el manejo de capital accionario y en las utilidades de LaGeo (…). CEL ha dejado la posibilidad de que un recurso que forma parte del patrimonio del Estado sea administrado y explotado con predominio particular”. Más claro ni el agua.