Esto viene a cuento, a propósito del fallo de la Sala de lo Constitucional que invalida el proceso de elección de las autoridades superiores de la Corte de Cuentas, dictamen que algunos han cuestionado, aparentemente sin poner en perspectiva todo lo que está en juego. Esto es entendible en países como el nuestro, donde cualquier acción que vaya en la dirección de ejercer control sobre el poder político es vista como una intromisión intolerable de parte de quienes se sienten perjudicados. En todo caso, el disenso es también parte del juego democrático, aunque lo ideal sería que nadie cuestionara acríticamente todo aquello que abone el florecimiento del sistema.

Partiendo de esta ilusión –y más allá de lo estrictamente legal– percibimos en este nuevo fallo de la SC la existencia de un asidero ético y moral que no debería soslayarse. La sentencia, valiosa en sí misma, conlleva un mensaje contundente sobre la necesidad imperiosa de despolitizar este tipo de nombramientos, recordando en este caso particular la nefasta experiencia al haber hecho de la CC un instrumento para ocultar los abusos que históricamente se han cometido en el manejo de los recursos públicos.

Para la población preocupada por el estado general del país, esto último debió ser considerado de manera especial al momento de elegir a dichos funcionarios. Aparte del sesgo partidario, ese fallo vino a darle validez a los temores que en su momento mostró la ciudadanía, de que se repitiera el caso de los magistrados de la CSJ y del fiscal general.

Así cobró más fuerza la percepción de que detrás de tales nombramientos había una clara intención de mantener a la institución sometida a los dictados de ciertos partidos, supuestamente con el propósito –por cierto no disimulado– de continuar con los vicios del pasado.

No está de más recordar que el partido que durante casi un cuarto de siglo manejó a su antojo al guardián de recursos públicos siempre reclamó para sí haber sido el bastión de la gobernabilidad, no importa que ello haya tenido como contrapartida, la opacidad, la impunidad y hasta el chantaje político. La diferencia la hace hoy en día el maridaje entre la izquierda y la “derecha social”, que puede revalidar la fuerza de que hizo gala el año pasado cuando desencadenó una severa crisis institucional, todo para mantener sus privilegios y ampliar su área de influencia.

Curiosamente, los mismos partidos que en esa oportunidad mantuvieron en vilo por casi un año a toda la sociedad, en esta ocasión han aceptado sin mayor resistencia –al menos en apariencia– la sentencia de la SC. Es probable que esta actitud de supuesta condescendencia responda a que el bloque, tratándose de una elección que solo requiere mayoría simple, está seguro de que puede hacer lo que le plazca –incluso reeligiendo a las mismas personas– invocando el hecho de que la misma sentencia lo permite, asumiendo desde luego que al momento de la elección, los funcionarios aludidos habrán solventado las irregularidades detectadas por la sala.

Pero en el conjunto, el caso ha tomado otro rumbo con la decisión del licenciado Rovira de no postularse como candidato, porque sin duda prefiere estar al frente de GANA; aunque esto tampoco garantiza que la persona que lo sustituya sea totalmente independiente como lo sugiere la sentencia.

En cualquier caso, lo importante es acatar el fallo, sin olvidar la posición asumida por la sociedad civil ante los desatinos cometidos el año anterior. Esta lección no debe olvidarse, pues demostró una vez más que siempre que actuamos apegados a la Constitución potenciamos la democracia.