La modificación impacta directamente la excepcionalidad de la reserva en la entrega de información y también las atribuciones o el papel de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Ayer, durante su participación en la Entrevista en Línea de LA PRENSA GRÁFICA, Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), cuestionó dos hechos relevantes en torno a la reforma: el procedimiento de formación de ley y el contenido de la modificación.

En el primer caso, recordó Castro, los partidos políticos en cuestión recurrieron al “abuso de la dispensa de trámite” cuando decidieron aprobar una reforma sin pasar un solo momento al debate legislativo, como suele ocurrir en el parlamento con otras normativas.

“(La dispensa de trámite) está muy claro para qué sirve y es para casos de emergencia nacional”, dijo Castro al considerar que el mecanismo seguido en esta oportunidad tiene además un fuerte viso de inconstitucionalidad, lo cual abriría las puertas a que un ciudadano acuda a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre el contenido, el profesional consideró que la reforma “toca el corazón” de la ley en la medida que está orientada a limitar y a restringir el derecho que tienen los ciudadanos de acceder constitucionalmente a la información pública.

En enero pasado, la oficina de Asistencia Legal y Anticorrupción requirió de la Asamblea Legislativa el detalle de gastos en regalos navideños, pero la oficial de Acceso a la Información denegó la petición, mientras que los comisionados que deberían dirimir si la información denegada está en la categoría de reserva ni siquiera han sido nombrados por el presidente de la República, Mauricio Funes.

Es más, indicó el representante de FUSADES, con la reforma los comisionados solo podrían “recomendar” y no obligar a la entrega de la información cuando un oficial de acceso califique la reserva.

Según el proceso de formación de la ley, y es el caso de la reforma, Funes tendría la última palabra porque puede sancionar, vetar u observar la propuesta legislativa.

“Si el presidente no veta, es como que hubiera derogado la ley”, manifestó Castro, quien advirtió al mismo tiempo que la normativa “sería inútil” tal cual ha sido aprobada.

Tribunal de Ética a medias

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) tiene entre sus objetivos normar y promover el desempeño ético en la función pública, salvaguardar el patrimonio del Estado y además prevenir, detectar y sancionar la corrupción de los funcionarios que utilicen su cargo para enriquecerse ilícitamente.

Pero el organismo que vio retrasada su operatividad por casi 10 meses debido a que los titulares no habían sido nombrados por el presidente, ahora enfrentaría problemas de carácter financiero para ejercer su trabajo a plenitud.

El director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES trajo a cuenta que el año pasado el presidente de esa dependencia sostuvo que para desarrollar su mandato necesitaba al menos de $1.6 millones. Castro precisó que al organismo solo le asignaron $500,000 y, según sus nuevas facultades, el referido tribunal requiere tener los recursos suficientes.

“Para que haga bien su trabajo, el Tribunal de Ética Gubernamental no solo necesita que tenga una buena ley, sino también recursos”, concluyó.