Lo segundo que debería ocurrir es que el Gobierno mande un nuevo presupuesto a la Asamblea Legislativa en el que se cumpla con la meta de bajar el déficit fiscal a 2.7% del PIB en 2013.
En ese momento muchos coincidíamos en que era muy improbable que los tenedores de esos $800 millones en eurobonos, emitidos en 2003, ejercerían el derecho de cobrarlos en enero de 2013 porque no era rentable hacerlo y perderían dinero si lo hicieran, comenzando con las AFP salvadoreñas que cuentan con la mitad de la emisión, es decir con casi $400 millones.

ARENA terminó autorizando al Ejecutivo a emitir $800 millones en nuevos bonos, los cuales se colocaron a finales de noviembre y se recibió el dinero a principios de diciembre. Pero como parte de la autorización el presidente Funes y su gobierno firmaron y se comprometieron a cumplir un “acuerdo de sostenibilidad fiscal”, que en esencia decía que el dinero se dividiría en dos tramos de $400 millones. Que los primeros $400 millones solo se podían utilizar para prepagar Letras de Tesoro (LETES) vigentes y que el destino de los otros $400 millones sería definido por la Asamblea Legislativa con 56 votos. Además, se acordó reducir el techo de la cantidad de deuda de corto plazo que se puede emitir a cerca de $800 millones, y además el Gobierno se comprometió a reducir el déficit fiscal en 2013 a 2.7% del PIB, por lo que tendría que modificar el presupuesto de este año.

Al vencerse el 24 de diciembre el plazo para que los tenedores de los eurobonos ejercieran su derecho de solicitar el pago anticipado de los bonos emitidos en 2023 y no haber habido nadie que solicitara el pago, el Gobierno se quedó con $800 millones que están depositados en una cuenta especial en el Banco Central de Reserva. Con esto entra en efecto el acuerdo de sostenibilidad fiscal y lo primero que deberíamos ver es una redención anticipada de las LETES en $400 millones en los próximos días de enero. Con ello, el monto de LETES debería bajar de cerca de $800 millones a cerca de $400 millones. Lo segundo que debería ocurrir es que el Gobierno mande un nuevo presupuesto a la Asamblea Legislativa en el que se cumpla con la meta de bajar el déficit fiscal a 2.7% del PIB en 2013 y una vez tomados los pasos anteriores se podría redefinir el uso de los otros $400 millones restantes.

Lo que ha preocupado esta semana son las declaraciones del presidente Funes en el sentido de querer utilizar $10 millones de esos fondos para pagar “deuda” con los empresarios del transporte público. El subsidio al transporte público es gasto corriente, más específicamente cae dentro del rubro de trasferencias corrientes y es un gasto no una deuda. Una deuda sería si los transportistas le hubieran comprado LETES al Gobierno y si se les fuera a devolver el dinero que le hubieran prestado al Gobierno, como lo podría haber hecho cualquier empresa o ciudadano que comprara LETES o eurobonos. Por lo tanto, no se puede utilizar nada de los primeros $400 millones para pagar subsidios ni otros gastos y los otros $400 millones todavía no tienen destino y no lo pueden tener mientras no se mande un nuevo presupuesto a la Asamblea Legislativa que cumpla con reducir el déficit fiscal en 2013 a 2.7% del PIB.

La deuda total del sector público cerró 2012 con un monto que debe estar entre 59% y 60% del PIB según cuál haya sido el dato final del PIB y cuánto haya pagado de deuda externa el Gobierno en diciembre, por lo que si no se utilizan los $800 millones para pagar LETES exclusivamente el monto de endeudamiento del Gobierno podría superar el 60% en 2013. Por lo tanto, es imperativo que se cumpla el acuerdo de sostenibilidad fiscal firmado por el gobierno del presidente Funes o de lo contrario las consecuencias para el país serán serias en 2013, comenzando porque las calificadoras de riesgo seguirán bajándole la calificación al país.