En marzo se cumplirá un año de la tregua entre las pandillas en nuestro país. Dejando a un lado la falta de transparencia en la que se gestó la tregua, la cual nos hizo desconfiar de las motivaciones de los implicados –tanto de mareros como del Gobierno– como sociedad, un poco a regañadientes, hemos tenido que aceptar los métodos poco transparentes y no-ortodoxos de las negociaciones de cara a los resultados. La drástica disminución en los homicidios nos dejan claro que los pactantes están dispuestos a cambiar y, muy a pesar de nuestro escepticismo, están trabajando por mantener la paz entre sus miembros.

Como sociedad hemos entendido que debemos cambiar nuestros prejuicios y paradigmas, permitiéndoles a estos jóvenes oportunidades para incorporarse a nuestra sociedad. Hay alcaldes que ahora están dispuestos a trabajar con los mareros, ofreciéndoles oportunidades de voluntariado. Comentaristas y periodistas también se han sumado en apoyo a la tregua, cambiando de esta manera el discurso tradicional que por tanto tiempo solo se dedicó a demonizar a los mareros, y por primera vez, la sociedad salvadoreña es confrontada con saber que tiene una responsabilidad en el problema de las maras.

Sin embargo, a pesar del avance del proceso hay un actor que permanece de brazos cruzados, sin propuestas, pero queriendo llevarse el rédito de un esfuerzo que ha sido producto de la voluntad de los pactantes. Las respuestas del Gobierno a las peticiones hechas por los mareros bien podrían clasificarse como concesiones de beneficio directo a un puñado de líderes de las maras. Las cárceles, criticadas por tanto tiempo por la Procuraduría de los Derechos Humanos, siguen siendo lugares que no cuentan con las mínimas condiciones para reformar y socializar a los prisioneros en miembros productivos para nuestra sociedad. Es irresponsable, inaceptable, e hipócrita, que el ministro de Seguridad quiera que la sociedad acepte la tregua y dé muestras de tolerancia a estos miembros, pero que su administración siga sin comprometerse con un cambio al sistema penitenciario –cosa que se pidió en el primer comunicado. Las respuestas del Gobierno no despejan las dudas de que solamente se están dando beneficios a líderes, respuesta que será insostenible cuando el resto de las estructuras no se vean beneficiadas por políticas públicas incluyentes y serias.

Es obligación de todos hacer que se mantenga la paz producto de esta tregua, y para tal efecto, debemos presionar a que el Gobierno ofrezca soluciones verdaderas, empezando por una reforma a las cárceles. Aunque la administración Funes no quiso, en su momento, responsabilizarse de la gestión de la tregua, no podrá evadir su responsabilidad al no cumplir con cambios en las políticas públicas y ofrecer salidas a los muchachos que ya están mostrando voluntad de cambiar.

Será lamentable y bochornoso que esta delicada paz no se mantenga por falta de interés y compromiso del Gobierno de implementar políticas de seguridad que mejoren la inclusión y el trato a estos miembros de la sociedad.

Un verdadero compromiso con la tregua, y el resto de la sociedad, no se refleja en el traslado de un puñado de líderes, sino en que nuestras cárceles se transformen de semilleros de violencia a lugares donde el infractor pueda reformarse y así algún día vuelva a ser parte de nuestra sociedad.