Los asocios público-privados se han visto, acá y en cualquier parte del mundo, como una estrategia para asegurar inversiones y cofinanciamiento en áreas estratégicas para el desarrollo. Se ven como espacios en donde es factible encontrar a privados interesados en invertir, en recuperar su inversión y en tener ganancias en la prestación de bienes y servicios, clave para el desarrollo y el bienestar de la gente. Mientras esto sucede, el Estado puede destinar y concentrar recursos y esfuerzos en otras áreas que son estratégicas y exclusivamente de su competencia.

Hace 14 meses, 30 de noviembre de 2011, se presentó el proyecto de decreto que contiene la ley de asocios público-privados en nota enviada a los secretarios de la Asamblea Legislativa por el ministro de Hacienda y el entonces ministro de Economía. Le remitieron copia a la presidenta de la comisión de hacienda y especial de presupuesto. Tengo el decreto y busco los riesgos de privatización que anuncian representantes de los intereses del pueblo para entender los miedos.

Lo hago porque toda acción y reacción partidaria tiene encadenamientos en la política pública. También hace 14 meses, el 3 de noviembre de 2011, se difundió la Declaración Conjunta de Principios y el plan de acción del Asocio para el Crecimiento suscrito por el Gobierno de El Salvador y el Gobierno de Estados Unidos. La Meta n.º 2 de la Restricción n.º 2 plantea “reducir los costos de las empresas debido a la infraestructura para mejorar su competitividad”.

Para cumplir con esta meta, el GOES se compromete a tres cosas: (1) presentar el proyecto de ley de asocios público-privados, (2) trabajar en su promulgación y (3) asegurar el fortalecimiento institucional necesario. El Gobierno de EUA se compromete a (1) brindar apoyo y asistencia técnica para la legislación sobre asocios público-privados y la gestión de proyectos y (2) fortalecer la capacidad de gestión de los Asocios público-privados en PROESA. La pregunta es ¿y entonces?

Nadie debería olvidar que el Asocio para el Crecimiento está articulado con FOMILENIO II y otras iniciativas de cooperación de EUA en el país. Anuncian la probable aprobación del FOMILENIO II en junio de 2013. Luego pasa a la Asamblea Legislativa para su ratificación. Dicen que seis meses antes de que acabe la administración del presidente Funes podría iniciar el FOMILENIO II, que está relacionado con inversión y clima de negocios. Para esto, la atracción de inversión con la modalidad de asocios y concesiones es importante y la certeza jurídica, indispensable.

¿Consideraciones del proyecto de ley? Destaco (1) “la participación del sector privado en la provisión de infraestructura y servicios públicos habilitantes del desarrollo permitirá al país elevar las tasas de inversión y la capacidad productiva y (2) permitirá también al Estado enfocar sus recursos en el gasto y la inversión social”.

¿El objeto de la ley? “Establecer el marco normativo para el desarrollo de proyectos de asocios público-privados para la provisión de infraestructura y de servicios públicos y de interés general, en forma eficaz y eficiente.”

¿Justificación de la ley? “En un marco de seguridad jurídica, el sector privado aportará recursos económicos, habilidades y conocimientos necesarios para que con el Estado desarrolle dichos proyectos en beneficio de la población.” La seguridad jurídica es fundamental, de lo contrario, el dinero se queda en el banco o la inversión se va para afuera. Y peor sin seguridad jurídica la inversión busca otros espacios. Por esto, las experiencias de irrespeto a la seguridad jurídica en la inversión en asocio afectan el número de interesados en hacer cola para arriesgar su dinero.

¿A quiénes autoriza? A todo el Órgano Ejecutivo y sus dependencias, a las instituciones autónomas, incluyendo la CEL y a los 262 municipios del país. Esto tampoco es nuevo. En el país tenemos asocios público-privados en agua, energía, tratamiento de desechos sólidos, educación, hidrocarburos, alimentos, medicinas y más. Y en estas experiencias en marcha participan todos los autorizados.

¿Para quiénes es la ley? Para los interesados en proyectos de asocio superiores a $10,000,000 y menores, cuando condicionan funcionamiento de proyectos en asocio autorizados y en funcionamiento. No es para cualquiera.