Un mexicano que colabora con organizaciones pro derechos civiles de los inmigrantes en Estados Unidos denunció ayer que fue arrestado por autoridades de México. Esto después de registrar con una cámara cuando supuestos miembros de la Marina golpeaban a un grupo de unos 800 centroamericanos indocumentados.

Irineo Mújica ofreció su relato y fotografías durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por integrantes de diversas ONG mexicanas, que le ayudaron a interponer ante la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), una denuncia contra la Armada de México y el Instituto Nacional de Migración (INM) por “privación ilegal de la libertad y amenazas”.

Mújica, de 37 años, quien emigró hace 24 años y colabora desde hace siete años en el estado de Minnesota con organizaciones pro derechos civiles de los inmigrantes, fue detenido por los militares cinco horas por presenciar la paliza, y fue acusado de tráfico de indocumentados.

Relató que abordó un tren en la comunidad de Las Anonas, en Oaxaca, el pasado 31 de marzo, para hacer un reportaje periodístico para la Latino Communications Network sobre los peligros y riesgos que corren los centroamericanos indocumentados que se aventuran a cruzar México para llegar a EUA.

En el trayecto, a la altura de la comunidad de Las Palmas, el ex migrante, que ejerce ocasionalmente como periodista, vio cómo alrededor de 50 elementos de la Armada mexicana detuvieron los vagones mientras los indocumentados saltaban de los carros y registró con su lente la manera en que algunos eran golpeados.

Mújica, quien llevaba varias semanas en el país para hacer su trabajo periodístico, calcula que sobre los vagones del tren viajaban “unos 800 migrantes”.

Por estos hechos, el pasado 7 de abril del 2008, la Secretaría de Marina y el INM anunciaron una investigación contra quienes resulten responsables por los “presuntos abusos cometidos en contra de inmigrantes indocumentados”. El Salvador también envió una nota diplomática y está a la espera de la investigación.

Ambas instituciones reconocieron entonces su participación en el operativo pero negaron que se tenga conocimiento de violación a derechos humanos.