La banca local se está poniendo más estricta a la hora de otorgar un crédito independientemente del rubro al que se está destinando. A la hora de otorgar un crédito no hay buena cara ni buena intención que valga, los análisis para definir el comportamiento financiero del cliente son desde enero pasado más arduos.

El 2007 recibió a los clientes de las instituciones financieras con una nueva regla para ser medidos. Las categorías de riesgo se ampliaron (ahora son ocho en lugar de cinco), lo que permite —según los expertos— identificar a todo tipo de clientes, desde aquellos que son los favoritos de los bancos por contar con una carta de presentación favorable en su récord crediticio, hasta aquellos que representan una amenaza a la institución por el no pago de sus responsabilidades, que al final se traducen en las pérdidas de los montos otorgados.

La nueva “regla de medición” se basa en la normativa NCB-022, emitida desde 2006 por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que busca regular la evaluación y clasificación de activos de riesgo crediticio según la calidad de deudores (además de exigir constitución de reservas mínimas de saneamiento) para cumplir en parte con las nuevas exigencias internacionales que están encaminadas al cumplimiento de los acuerdos de Basilea.

Para muchos ha sido una decisión acertada, porque además de convertirse en una actualización de las normas anteriores, logra tener un mejor control del riesgo y llevar una mejor estadística de morosidad al interior del sistema; aunque en la actualidad muchas instituciones bancarias han mostrado agresividad en el mercado al otorgar créditos de consumo con muchas facilidades de endeudamiento.

“Esta normativa ha cambiado todas las reglas tradicionales que se tenían en el tema de riesgo crediticio, ahora se le adicionan aspectos cualitativos como el conocimiento que se tiene del cliente, la información contable y financiera del deudor”, señala Carlos Cáceres, director ejecutivo de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).

Stefan Queck, gerente general de Procredit, difiere con esa posición.

“Este punto es discutible, porque en una economía bastante informal como la de El Salvador ¿qué tiene que ver la entrega de los estados financieros?, ¿qué tiene que ver esto con la capacidad de pago?, eso es más o menos arbitrario, aunque la intención de la normativa es correcta”, sostiene Queck.

Con esta modificación: no entregar los estados financieros a tiempo o eventos fortuitos como incendios que destruyan los activos de una empresa, el desmejoramiento financiero de un negocio, o que el capital de trabajo se haya evaporado, incide directamente en que se degrade la calificación de un cliente de una categoría a otra, aunque este haga sus pagos a tiempo, lo que sugiere aumentar las reservas en dichos créditos ya que representan riesgo.

“Al haber 5 categorías no había una verdadera ubicación del riesgo, los costos que habían para cotización de reservas eran demasiado altos, no había una sinceración de parte del sistema financiero en la evaluación de sus diferentes riesgos”, agrega Luis Armando Montenegro, superintendente del Sistema Financiero.

Al clasificar los créditos en A1, A2, B, C1, C2, D1, D2 y E, también se establecen los porcentajes de reservas de saneamiento para cada uno de las categorías. Dichas reservas buscan anticiparse a las posibles pérdidas que se puedan generar con los préstamos que han sido colocados.

René Medrano, director asociado de instituciones financieras de Fitch Ratings, explica que en 2004, antes de que se aprobara la NCB-022, realizaron un estudio para determinar en qué posición se encontraba El Salvador con relación al resto de Latinoamérica en cuanto a reservas de saneamiento, el resultado arrojó que la plaza local es el que presenta el nivel más bajo de los 15 países analizados entre los que figuraban Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y el resto de la región centroamericana.

Una de las inconsistencias que se visualizó en el informe en aquel momento era que la calificación de los riesgos no era la adecuada, ya que de un crédito con categoría A podía pasar fácilmente a un préstamo con una calificación E en un período relativamente corto, lo que generaba dudas sobre el análisis del riesgo crediticio, al final este aspecto fue subsanado a partir de la normativa que entró en vigor.

Las nuevas reglas para evaluar el riesgo crediticio no solo se aplican a las personas naturales —donde los criterios de riesgo se basan únicamente en los días mora— sino también a las jurídicas aunque con algunas diferencias de requisitos.

Por ejemplo, los bancos tienen la obligación de evaluar mensualmente a los 50 mayores deudores de empresas, y el resto de créditos deben ser revisados conforme a la periodicidad que establezca la entidad financiera dentro de sus políticas internas.

La documentación para los préstamos en el sector empresa requiere de estados financieros de los últimos dos ejercicios fiscales, flujo de caja operacional mensual proyectado para un año y las garantías respectivas.

Con esta normativa se promueve el establecimiento de políticas de autorregulación en los bancos, sobre todo en la colocación de aquellos créditos menores a $100,000.

“Para los préstamos chiquitos los bancos deben establecer la política de riesgo, deben decir cuáles son los niveles de riesgo y los niveles de castigo, los bancos deben someter a la superintendencia esos criterios”, enfatiza Cáceres.

“Con crédito mayores de $10,000 nosotros (ProCredit) siempre habíamos establecido un 3% de reserva sin la normativa, lo habíamos hecho internamente. Ahora, la superintendencia me dice que tengo que establecer un 1%... (sonríe) entonces yo le digo: gracias ya tengo 3%. Y antes con 3%, el ministro de Hacienda no me dio ningún descuento en los impuestos, hoy me da al menos un 1%”, explica Queck.

Los préstamos menores a $100,000 por lo general son otorgados a los micro y pequeños empresarios, es por ello que la gremial que reúne a los bancos ha solicitado formalmente a la Superintendencia una normativa especial para este sector que es uno de los principales motores productivos de la economía.

“Este sector no solamente requiere de riesgos analizados de forma especial, sino requiere de formas propias para otorgar crédito”, asegura el directivo de ABANSA.

En el caso de instituciones financieras con énfasis en ese sector, expertos consideran que el riesgo es menor en las mrico y pequeñas empresas (mypes) debido a que los montos otorgados son mínimos con relación a la gran empresa, aunque representen un costo mayor en cuanto a número de operaciones se refiere.

“Es un mito decir que los créditos a la gente de microempresas es más riesgoso”, dice Queck que agrega que a pesar que estas personas “ sí viven más expuestos a diferentes riesgos, pero la capacidad de ajuste que tiene, por ejemplo la tienda de la esquina, es mayor. Si tiene más negocio, más clientes, trae al hijo que le ayude y le paga, cuando no, no”, sentencia el ejecutivo.

Pese a que la morosidad empieza a contar desde el primer día en que existe atraso en el pago de una cuota, el préstamo cae en calidad de vencido a partir de los 90 días, período en el que una persona o empresa puede ser calificada con una categoría “C”, que son los créditos deficientes y con los cuales ya existe una posibilidad que la institución financiera pierda el dinero otorgado.

Los registros de la SSF reflejan que la cartera de préstamos hasta septiembre de este año es de $8,800 millones, $500 millones más que los registrados en diciembre de 2006, que fue de $8,300 millones.

Los rubros que continúan captando la mayor participación en los créditos son los destinados a consumo con un 35.9%, vivienda con un 25.1%, comercio con un 10% y el resto se reparte entre préstamos agropecuarios, construcción, industria manufacturera y servicios.

La cartera de préstamos vencidos hasta septiembre es de $179 millones según datos de la SSF, equivalente a 2.1% de índice de morosidad, una cifra que no sobrepasa el estándar internacional que se coloca en un 4%.

Las cifras del Consejo Monetario Centroamericano apuntan que el índice de morosidad en la cartera de préstamos es mayor en República Dominicana con un 4.8%, seguido de Honduras con un 3.4% y de Nicaragua y Honduras con un 2.4%, mientras que los países con niveles bajos son: El Salvador, Costa Rica y Panamá.

“Esta cifra es baja, primero porque los bancos han hecho un esfuerzo por recuperar la cartera y segundo han reestructurado algunos créditos para que los clientes que no podían pagar lo hicieran”, asegura Montenegro.

“Es una cifra que está abajo de los estándares internacionales, que habla muy bien de los bancos y de la superintendencia de supervigilar la calidad de créditos que se otorgan”, estima Mauricio Flores, vicepresidente del Buró de Créditos Equifax Centroamérica.

El ejecutivo afirma que solo en El Salvador las 500 empresas afiliadas a su base de datos reportan 3 millones y medio de créditos, de los cuales se estima que al menos 35,000 están en mora, lo cual equivale aproximadamente a un 8% del total de créditos.

Por su parte, Alvaro Trigueros, gerente de la sección macroeconómica de FUSADES, considera que es una cifra baja: “El problema fuera que hubiera un sistema financiero con criterios irresponsables que empezara a otorgar (créditos), pero los que perderían serían ellos mismos, por lo que creo que se ha manejado ese tema con un enfoque muy conservador”.

Pese a que las cifras de Equifax incluyen las casas comerciales y otros establecimientos que otorgan créditos, además de los bancos, no todos reportan a la base de datos del buró de créditos, salvo aquellas empresas que pagan por la consulta, por lo que algunos consideran que las cifras reflejadas por la compañía puedan ser superiores.

“Hasta cierto punto las cifras de Equifax son incompletas en el contexto del sistema financiero y completo para lo que ellos estarían manejando”, dice Montenegro.

En cuanto a las reservas para afrontar posibles contingencias en la cartera de crédito, las estadísticas señalan que Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y Panamá sobrepasan el 130% de cobertura; El Salvador por su parte se ubica en un 117%, una cifra superior a lo establecido por la superintendencia que son reservas es arriba de 100%.

Actualmente la cantidad de provisiones con las que cuenta la banca salvadoreña es de $207.7 millones.

Esta cifra es producto de la exigencia que se plasma en la normativa vigente exclusivamente para instituciones financieras reguladas por la SSF.

No obstante al entrar en vigor la norma hubo instituciones financieras que no estaban preparadas para asumir más reservas que les permitiera protegerse según los nuevos porcentajes requeridos en cada categoría, por lo que el ente regulador brindó 12 meses como plazo para que las obtuvieran (los bancos y las aseguradoras estuvieron en reuniones explicativas por más de 6 meses en 2006).

La normativa de riesgo no aplica para otras entidades que brindan créditos como las casas comerciales, empresas de telefonías, compañías de televisión por suscripción, entre otras, las cuales no están obligadas por el Estado a protegerse de esta forma debido a que no es el dinero de los ahorrantes el que está en juego, sino de las mismas utilidades de una empresa privada.

Es por ello que Flores señala que cada uno de estos negocios lleva un registro particular de la mano de exhaustivos análisis crediticios y de comportamiento de pago, para cuidar que la otorgación de sus créditos, por más pequeños que sean, no represente un riesgo.ee