Lucy sumerge el huacal de maíz en las aguas del río Viejo o San Francisco, mientras Vicenta, su madre, lava la ropa en un plafón que hace las veces de lavadero. A su lado, María retuerce unas sábanas. La faena inicia cerca de las 9 de la mañana. Así, antes de que llegue el mediodía, Lucy llevará el grano al molino y hará las tortillas para su familia. Una familia del área rural del municipio de San Isidro, en Cabañas.
A unos metros de ellas, Emmanuel Ascencio baja de su camión, coloca una bomba en el río y por medio de una manguera comienza a llenar cuatro barriles que servirán para aplacar la sed de su ganado y para regar sus cultivos.
Estas familias han utilizado agua del río San Francisco para su consumo desde que tienen uso de razón. No tienen idea de que la tranquilidad que les da disponer de la corriente de agua podría estar amenazada y que los vigías de turno están dormidos.
En esta zona solo algunos residentes tienen acceso al agua potable, principalmente en las áreas urbanas. De ocho cantones, solo en el Llano de la Hacienda y en San Francisco hay sistemas de agua potable rural, pero son insuficientes para servir a todos sus pobladores. En época seca o de lluvias, los lugareños consumen agua del río.
Pero esa dependencia ha pasado inadvertida para la empresa minera Pacific Rim, que en el estudio de impacto ambiental (EIA) que presentó para tramitar el permiso de explotación de una mina de oro en el cantón El Dorado, asegura que el agua del río “es utilizada para el riego de áreas cultivadas y para el sustento de animales”. Nada más.
El San Francisco desemboca en el río San Isidro y este, a su vez, en el Titihuapa, que es afluente del Lempa.
Y si Pacific Rim no consigna el consumo humano del agua del río, tampoco lo ha advertido la autoridad gubernamental responsable de verificar que los proyectos industriales o de construcción no dañen el ambiente o lo perjudiquen al mínimo.
¿Pero y cuál es el problema con el agua del río? Simple: que la compañía minera en su estudio explica que el oro y la plata que pretenden extraer serán separados de la roca con una solución de cianuro de sodio y nitrato de plomo. Dos venenos que, eventualmente, podrían terminar en las aguas del río.
La empresa promete reducir el contenido de cianuro hasta 0.064 miligramos por litro de agua desechada, una cantidad menor al valor máximo admisible para aguas residuales, que es de 0.5, pero mayor al 0.05 admitido para agua de consumo humano.
El agua con cianuro será almacenada en una especie de laguna subterránea de 385 mil metros cuadrados de superficie (equivalente a un cuadrado de 620.5 metros por lado) bajo los cerros Caballos y Humeras. No obstante, en época de lluvias se verterá parte del contenido hacia el río. “Se realizarán descargas, las cuales serán programadas de acuerdo con los caudales del río San Francisco, para asegurar que la calidad aguas abajo cumple con los estándares para agua potable”, ofrece la minera.
Una oferta que el Ministerio del Ambiente (MARN) no está en capacidad de poner a prueba. Ítalo Córdova, gerente de materiales peligrosos del MARN, dijo a Enfoques que no tenía idea de que el agua del río San Francisco es utilizada para consumo humano. “Si el río tiene otros usos, tendría que privar el uso para el consumo humano y que los lixiviados (líquidos que escurren de los desperdicios) no se descarguen allí o que tengan valores más bajos”, responde Córdova, cuando se le relata que la gente llena cántaros y otros recipientes en el río para beber de esa agua, o que Lucy ahí lava el maíz.
La Ley del Ambiente establece que los técnicos del ministerio deben verificar la información proporcionada los EIA, lo que pasa por visitar el campo, algo que aún no han hecho. Y tal vez nunca lo hagan, a juzgar por la advertencia que lanza el ministro, Hugo Barrera, cuando sugiere que Pacific Rim no obtendrá autorización de explotación.
Pero no solo se trata de si hay voluntad en el ministerio o no. Es que la Corte de Cuentas, en su informe definitivo sobre una auditoría de gestión en el MARN, habla de incapacidad. La Corte concluyó que la falta de personal técnico impide que el ministerio audite, inspeccione y vigile las más de 24,000 industrias oficializadas en El Salvador.
“La deficiencia se debe a que la Unidad de Auditoría Ambiental cuenta con dos auditores para ejecutar esta labor a nivel nacional”, señala.
Barrera reconoce que el personal técnico es insuficiente para hacer las auditorías o la vigilancia. “Sería imposible establecer un mecanismo de control permanente, trimestral, semestral o anual de todo lo que existe”, se sincera.
En el caso de las industrias químicas, el ministro dice que hay una pequeña excepción a la regla. “Hay mecanismos de vigilancia, pero no para la totalidad del país; si hay denuncias, se va inmediatamente.”
Tras la auditoría de dos años de duración (del 1.º de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2004), la Corte determinó que el MARN tampoco actuó con diligencia cuando debió iniciar procesos administrativos de sanción. “La deficiencia se debe a que la Dirección de Asesoría Legal cuenta con cuatro colaboradores jurídicos, una asistente y un director para ejecutar todas las labores de su competencia, entre ellas, realizar los procedimientos administrativos sancionatorios de las denuncias remitidas por la Gerencia de Denuncias.” Solo entre el 1.º de febrero de 2005 y el 3 de julio de 2006, el MARN recibió 1,577 denuncias, y en un 68% de ellas ya hay un informe técnico.
Para Otoniel Zepeda, subdirector de auditoría seis, sector medio ambiente, de la Corte de Cuentas, “el ministerio no tiene suficiente personal, y por falta de recursos no está cumpliendo con algunas actividades”. “No tienen capacidad para auditar y dar seguimiento a todas las empresas para verificar que no contaminan.”
Un enemigo mortal
María y Vicenta se despabilan cuando se habla del oro bajo el suelo en ese lugar. “No quiero que vayan a tirar químicos al río, porque aquí lavamos y nos bañamos”, comenta María. Pero Vicenta trata de apaciguar su inquietud y le comenta que Noé, su esposo, ha trabajado para Pacific Rim en la siembra de 10,000 arbolitos y le ha dicho que la extracción de oro no contaminará más de lo que ya lo hacen los pesticidas utilizados en la agricultura.
Frederick Ernest, representante legal de Pacific Rim, dice que se ha reunido en 11 ocasiones con los residentes de los municipios de San Isidro, Sensuntepeque y Guacotecti para explicarles el proyecto y escuchar opiniones. Uno de los temores de la gente es el uso que harán del agua.
El proyecto contempla utilizar 200,000 litros (200 metros cúbicos) de agua cada día para preparar la solución de cianuro de sodio y nitrato de plomo. El lixiviado que producirá esa mezcla es el que irá a la laguna. Ernest dice que cuando la mina se cierre, al cabo de seis años y medio de explotación, la laguna se cerrará para que nunca contamine.
La historia minera, tanto en El Salvador como en el mundo, no le ayuda, y menos la incapacidad del MARN para vigilar. En El Divisadero, Morazán, el agua que sale de un túnel de una mina clausurada hace más de 15 años, lleva una carga de plomo en concentraciones 4,000% mayores que las permitidas por las normas sanitarias.
En Rumanía, hace seis años y medio, fue célebre el colapso de un dique en una mina de oro abandonada en Baia Mare. Unos 100,000 metros cúbicos de barro y agua con una concentración de 126 miligramos de cianuro por litro se vertieron por los canales de desagüe hasta el río Lapus, y así el veneno llegó hasta El Danubio y luego hasta el mar Negro. Solo en Hungría, las autoridades estimaron que murieron más de mil toneladas de peces.
El cianuro, cuando no es letal, causa lesiones en el cerebro y en el corazón. La intoxicación crónica puede provocar lesiones del sistema nervioso y de la tiroides. Algunos síntomas de intoxicación son el vértigo, dolor de cabeza, ansiedad, vómitos, palpitaciones, dificultad para respirar, convulsiones, pulso lento, paro respiratorio, entre otros. Esto varía de acuerdo con el grado de intoxicación.
No todo lo que brilla es oro
Vicente Mejía, de 73 años, y sus tres hermanos trabajaron en la mina El Dorado antes de que cerrara operaciones en 1953. La buena paga que obtuvieron en esa época contrasta con las fatídicas anécdotas que cuentan sobre la mina. La memoria se explaya y recuerda la mortandad de peces luego de que los lixiviados de la mina —que contenían cianuro y plomo— fueron vertidos en el río, el “jiote” que salía en su piel por trabajar al interior de la mina, los mineros que se suicidaron con cianuro, el que se amarró al cinto candelas de dinamita para inmolarse y los cuatro canadienses que vendieron la madera producto de los árboles que tuvieron que talar para operar la mina.
El estudio de impacto ambiental de Pacific Rim dice que para limpiar el área solo cortarán 115 árboles, porque esta zona está “dominada por pastizales y matorrales con árboles dispersos, por lo que los impactos no serán significativos”.
Para Antonio Pacheco, director de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), la escasez de bosques es responsabilidad de los mineros. “Ellos mismos arrasaron con todo en los años 50”, acusa.
A Pacheco le preocupa la cantidad de agua que Pacific Rim utilizará durante la extracción, y vaticina que el problema de escasez del líquido se acrecentará en la localidad.
Esto alarma a Emmanuel, el hombre que recoge agua del río San Francisco para el ganado y la siembra. “Donde vivo no hay agua, vamos a lavar al río Titihuapa y venimos por agua para el ganado al río San Francisco. ¿De dónde sacaríamos agua?” Su inquietud la comparte Julio Mejía, residente de la comunidad El Portillito, en Guacotecti. Mejía cuenta que han presentado 12 cartas de rechazo al MARN, una por cada cantón, y no han tenido respuesta. “Nos duele que el MARN no se ha acercado a consultar con la gente, si las mineras no son empresa de beneficencia ni de mejora al ambiente, vienen por el oro”, lamenta.
En contra del oro
Francisco Pineda, del cantón Llano de la Hacienda, de San Isidro, ha escuchado versiones diferentes sobre las minas: la del desarrollo económico y generación de empleos y la de la contaminación. La primera, en reuniones con Pacific Rim; la segunda, en asambleas y en foros organizados por organizaciones ambientalistas no gubernamentales.
Juan José Moreno, presidente de la directiva de la colonia San Marcos, dice que la minera les mostró el documento de 1,400 páginas, y les aseguró que nada afectaría al ambiente. Algo que él ya no cree, después de visitar proyectos mineros en Honduras.
Esta fiebre ocasionada por el oro ha contagiado al alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista, quien duda de que valga la pena obtener 200 empleos permanentes en la mina a cambio del riesgo ambiental. “No es necesario ser científico para saber que extraer esas rocas generará contaminación y que el Ministerio del Ambiente no tiene capacidad de monitorear que cumplan lo que ofrecen”, analiza.
Para dos de los miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND), Sandra de Barraza y Salvador Samayoa, la explotación de las minas no tiene congruencia con el proyecto de desarrollo turístico que ellos han planteado al Gobierno, que lo hizo propio y lo propuso ante el Gobierno estadounidense para conseguir financiamiento en favor de la ejecución de la carretera Longitudinal del Norte.
“La zona norte tiene vocación geoturística, no es congruente la actividad económica que produce envenenamiento y contaminación ambiental”, señala Samayoa. Barraza va más allá y coincide con la Corte en que el MARN no tiene capacidad de vigilar que las mineras minimicen el daño ambiental.
“El ministerio tendría que autorizar estudios de impacto ambiental, pero si los autoriza, tendría que supervisar que cualquier empresa cumple con las normas, entre comillas, y el ministerio no tiene capacidad, tal como está carece de recurso humano, presupuestario, capacidad institucional para poder asumir la tarea que tiene en ese sentido”, apunta.
Barrera acepta estos comentarios y, al leer en un estudio del MARN que un 99.9% de la roca original procesada se convertiría en desechos con características peligrosas, se pregunta a sí mismo: “¿Cómo va a creer que vamos a permitir semejante cosa para un solo proyecto? ¿Y toda esa agua chuca adónde la van a meter? ¿Y después qué hacemos con esa laguna chuca?”.
Barrera recuerda el caso de la abandonada mina El Taladro, en El Divisadero. El MARN, consciente de la contaminación por plomo, no ha podido hacer nada para minimizar el daño.
Las compañías Triada, S.A. de C.V., Planicie, S.A. de C.V. y Minerales Morazán, S.A. de C.V. están explorando en seis lugares en ese municipio.
Los habitantes de esa localidad, luego de escuchar en qué consiste un proyecto minero de boca de un ingeniero en minas que trabaja con el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), advirtieron que no darán su aval para una nueva extracción de oro en ese municipio. En todo caso, el MARN, de boca del mismo ministro, ya anuncia que no habrá licencias de explotación.
