Muchos años después, en la amplia y cómoda sala de su casa, en San Salvador, el coronel Posada (nombre ficticio), revive el 14 de febrero de 1981. El sentimiento de culpa lo acompaña desde entonces y el llanto de una recién nacida aún hace eco en sus oídos. “Sentí que tenía que hacer mea culpa. Pensé: ‘¡Si yo he provocado todo esto!...’ Hablé con mi esposa y me puso de condición asentar a la niña como hija de nuestro matrimonio.”
Esta confesión es una de las que un grupo de militares salvadoreños que participaron en la guerra confiaron por separado a Enfoques, en un ejercicio inédito, 25 años después de que ocurrieron muchas de las más de 800 desapariciones de niños denunciadas hasta hoy.
A la historia de Posada se unen las voces de otros ocho oficiales, que reconocen que la Fuerza Armada se apropió o regaló a algunos niños arrebatados a sus progenitores durante operativos contra la guerrilla. Además, cuentan que para algunos militares esta práctica se convirtió en un negocio.
Las declaraciones ocurren cuando El Salvador enfrenta dos demandas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por omisión de justicia en dos casos de desaparición de niños durante la guerra.
La más reciente la impulsan el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Piden que se declare al Estado responsable por la desaparición de las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, de 15 y 17 años, durante la masacre de El Mozote, ocurrida el 11 de diciembre de 1981 en Arambala, Morazán.
Otra la ventila la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de otras hermanas, Ernestina y Erlinda Serrano, durante la Guinda de Mayo de 1982. Así se conoce un operativo militar en el municipio de Nueva Trinidad, Chalatenango. En ambos casos, las menores fueron vistas por última vez en manos de soldados.
Aunque las denuncias de las prácticas de la Fuerza Armada en la desaparición de niños durante la guerra ya eran conocidas, nunca los militares habían hablado de ellas.
Hace 22 días, la Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, creada por el gobierno de Antonio Saca el 5 de octubre de 2004, reencontró a los hermanos Vilma y Ever Andrade con sus padres biológicos. La madre y abuela de ambos murieron durante un operativo militar ejecutado por la Quinta Brigada de Infantería en el cantón El Marquezado, en San Vicente, en 1982. Los pequeños fueron llevados al cuartel. La comisión estableció que el oficial Juan Pablo Gálvez entregó a la niña a la propietaria de un comedor cercano a la guarnición; y el niño, a un músico de la brigada. La coordinadora de la comisión, Azucena Mejía, agrega que esto se hizo con la venia del entonces comandante del cuartel, coronel Óscar Campos Anaya.
El militar dice tener solo un recuerdo borroso de cinco o cuatro casos similares al de los hermanos Andrade. “El oficial acudía a su buen corazón y se llevaba a los niños (de la zona de guerra); a veces no me reportaban la entrega de los niños (a otras personas). Yo le recomendaba a los oficiales que los asentaran en las alcaldías como sus hijos, para evitar problemas a futuro”, recuerda. Sostiene que se los llevaban por buena fe, “por actos humanitarios”.
“Chabeliamos la partida”
En la memoria del coronel Posada fluyen los recuerdos como una ráfaga. Para ese 14 de febrero, él era capitán y acababa de dar la orden de utilizar parte del nuevo armamento adquirido por la Fuerza Armada: un lanzagranadas. Lo dispararon al interior de un tatú (agujero en el que la guerrilla se escondía o guardaba armamento) que habían encontrado en el cantón El Higueral, al norte de Chalatenango.
Tras las dos detonaciones no hubo el silencio esperado. Aunque el manto de la muerte apagó la vida de 36 personas esa madrugada, sobrevivió una niña de unos cuatro días de nacida. Posada relata que la encontraron en un pequeño agujero en la pared del tatú. “No pensé que alguien pudiera sobrevivir a las detonaciones”, comenta, aún sorprendido.
Eran las 3 de la madrugada y el llanto incontrolable de la pequeña hizo que el capitán esperara el alba para, finalmente, abortar la misión de destruir un campo de entrenamiento del Batallón Rafael Arce Zablah (BRAZ) de la guerrilla y volver a la Cuarta Brigada de Infantería, en El Paraíso.
Ahí, Posada fue directo a la cocina. La experiencia de sus tres hijas le decía que el hambre podía ser la causa del llanto. Buscó a una nana (cocinera) que acababa de dar a luz y le pidió que amamantara a la pequeña. La nodriza no logró nada. Se dirigió a la enfermería y el médico descubrió sangre en uno de los oídos de la niña. “Pensé que por el impacto de las granadas la niña había quedado sorda o lastimada”, recuerda Posada. Pero no: la sangre era producto de una infestación de gusanos en el oído.
Posada tomó el teléfono y llamó a su esposa. “Hasta que estaba en el cuartel, pensé en quedarme con la niña. Si en el camino me hubieran dicho que la regalara, capaz la regalo, porque estaba con la adrenalina alta.” La esposa viajó a Chalatenango para conocer a la niña y volvió a San Salvador. En el Hospital de Maternidad, que ella administraba, obtuvo las huellas plantares de la pequeña. Un mes después, con ese documento, la pareja fue a la Alcaldía de San Salvador y registró a su cuarta hija.
“Chabeliamos la partida, en ese entonces el gobernador daba una constancia porque las alcaldías estaban quemadas. La sacamos con el acta de nacimiento que mi esposa sacó de Maternidad; no la podían refutar porque mi esposa administraba el hospital”, explica el oficial. Tenía 33 años y no reportó esto a sus superiores, los coroneles Reyes Mena y Castillo Martell, comandante y subcomandante. “No le informé al comandante porque no lo tomé como una falta, yo sentía que la niña me pertenecía, no era como si hubiera hallado 20 fusiles y me los hubiera quedado, eso sí lo tendría que reportar.”
En 1981, según las denuncias recibidas por la asociación Pro Búsqueda hasta diciembre de 2002, desaparecieron 132 niños, la mayoría del área rural de Chalatenango, San Vicente y Morazán.
“La Fuerza Armada sobresale como el primer causante de las desapariciones de los niños y niñas durante los operativos de tierra arrasada”, resume el documento de Pro Búsqueda titulado “La paz en construcción”, publicado en 2003.
De 686 denuncias recibidas, los expedientes de la asociación responsabilizan a la Fuerza Armada de la desaparición de 351 pequeños, es decir, el 51.16%.
“El operativo militar en donde la mayoría de niños y niñas desapareció se llevó a cabo en el noroeste de Chalatenango (municipios de San Antonio de la Cruz, Nueva Trinidad y Arcatao), entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 1982”, asegura el documento, en referencia a la conocida como “Guinda de Mayo”, de la que fueron víctimas las hermanas Serrano.
La hija del ahora coronel conoció a su padre biológico hasta 20 años después. En febrero de 2001 viajó a Chalatenango con uno de sus hermanos, quien fue adoptado por una familia estadounidense.
Las investigaciones de Pro Búsqueda, a solicitud de Tomás Oliva, un ex combatiente quien halló muerta a su esposa ese 14 de febrero de 1981 y ni un rastro de sus tres hijas y un hijo, rindieron nuevos frutos: Anabella tenía previsto regresar ayer desde Suiza para conocer a su familia biológica.
Anabella es hermana de Amparo (nombre ficticio), la niña recogida por Posada. “No soy de ningún partido porque tengo un padre guerrillero y otro militar”, bromea la hija del militar retirado, mientras muestra una fotografía en la que aparece ella junto a Anabella. Lucen idénticas.
El caso de Posada no es único. Un coronel, que pidió el anonimato por temor a cómo puedan reaccionar contra él sus ex compañeros de armas, dijo conocer varias experiencias similares. “Conozco a 15 oficiales que tomaron niños como que fueran sus hijos. Un oficial le consiguió una niña a su hermana, pero a los 18 años, cuando se enteró de que no era hija biológica, se resintió y se fue.”
Los niños del cuartel
El 14 de mayo de 1980, un helicóptero sobrevolaba a lo largo del río Sumpul, en Chalatenango. La Guardia Nacional (GN) y la Primera Brigada de Infantería acababan de descargar su poder en la zona. “Fue impresionante lo que yo veía desde arriba: había un potrero y veía un montón de bultos, creía que era ganado”, comparte un ex piloto de la Fuerza Aérea sus recuerdos de ese día.
Cuando el oficial aterrizó, la imagen cobró un rostro dantesco. “Nunca en mi vida había visto tantos muertos... me quedé impresionado.” Mientras observaba la escena, unos soldados subieron a dos niños al helicóptero. “Los niños no paraban de llorar, los traje a la Fuerza Aérea y ahí se criaron.”
Mauricio y Amílcar Guardado, de ocho y cinco años, respectivamente, sobrevivieron al ataque. Los cuerpos de Lidia, su madre, y Antonio, su hermano de dos años, yacían inertes sobre un matorral.
El informe de Pro Búsqueda detalla que en la Fuerza Aérea, el teniente coronel Rafael Bustillo, comandante de esa unidad, consintió que los niños se criaran en el lugar y los matriculó en una escuela cercana, sin necesidad de presentar actas de nacimiento. Tiempo después, con la ayuda del procurador general, obtuvieron actas de nacimiento que los registraban como “hijos de padres desconocidos”.
No serían los primeros ni los últimos niños que se criarían en un cuartel. El coronel retirado Roberto Rodríguez Sosa, que estuvo en la Brigada de Artillería, matiza los hechos. “No hubo campaña de llevarse niños, algunos no tenían hijos y se los quedaban.” Luego, hace una declaración escalofriante: “Pero a otros los veían como ‘pets’ (mascotas)”, dice el coronel retirado Roberto Rodríguez Sosa.
Otros oficiales explicaron que, en efecto, estos muchachos a menudo estaban destinados a labores varias en los cuarteles y hasta al entretenimiento.
El coronel David Munguía Payés, ex director de la Escuela Militar, cuenta que en la Guardia Nacional era común ver niños. Unos eran enviados por sus padres “para que se ganaran unos centavitos lustrando botas”. Durante la guerra, añade, esta práctica aumentó, pues los padres pensaban que sus hijos estarían más seguros en los cuarteles. Además, algunos militares llevaban a los niños sobrevivientes a las guarniciones. “Recogimos a un niño de 12 o 13 años, le decíamos Cornelio Reyna porque cantaba bien, se quedó viviendo en el cuartel y salía con oficiales a poner serenatas a las novias de estos; después se convirtió en soldado”, recuerda Munguía Payés.
En 1991, Mauricio y Amílcar regresaron a Chalatenango, ya convertidos en técnicos de mantenimiento de helicópteros de la Fuerza Aérea. Conocieron a Emeterio y Goya, dos de sus tíos maternos.
El mismo piloto recuerda que un año después de la masacre del Sumpul, en la que fallecieron unas 600 personas, llevó a otros dos niños a la Fuerza Aérea. Estos provenían del sur de Berlín, Usulután. “Los encontré en la ribera del (río) Lempa, no sé si los papás murieron, el asunto es que estaban solitos y un oficial los subió al helicóptero, pero a ellos no les seguí la pista.”
Paralelamente, a 80 kilómetros al noroeste de Berlín, se ejecutaba otro operativo contra la guerrilla. El coronel Román Barrera dirigía un batallón de 550 hombres en Ojos de Agua, municipio de Chalatenango. Era la primera vez que se utilizaban los 10 helicópteros de la FAS. El combate duró cuatro horas. “Cayeron en nuestras manos una marimbita de cinco niños y todos eran hermanos”, relata Barrera. Aunque no estaba definido qué debía hacer en caso de encontrar niños, informó del hallazgo a su superior. “Lo llamé por radio a mi comandante Domingo Monterrosa y por clave le dije: aquí hay cinco pepinos, espero instrucciones.” Monterrosa llegó al lugar y se perdió en el cielo con los pequeños. Barrera supone que Monterrosa los llevó al cuartel y que luego los entregó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Voluntariosas damas
El 2 de junio de 1982, un grupo de soldados llevó a Pablo, Francisca, Marina y Emilio López, sobrevivientes de un operativo en el cantón Los Sitios, en Arcatao, Chalatenango, al Destacamento Militar Número 1, en la cabecera del departamento. Dos días después, las damas voluntarias de la Cruz Roja enviaron a los pequeños al Hogar Adalberto Guirola, de Santa Tecla. El libro de entradas registra el ingreso, pero también la salida. Pablo y Emilio fueron adoptados por familias francesas. Marina y Francisca fueron sacadas del hogar por la Cruz Roja y no se sabe qué pasó con ellas.
Las investigaciones de Pro Búsqueda determinaron “que el papel de las damas voluntarias no se limitó a entregar los niños a las instituciones gubernamentales”. La asociación recoge el testimonio de un empleado de la Cruz Roja que asegura que “algunas familias vinculadas a la institución adoptaron a los niños”.
Enfoques llamó por teléfono a Isabel Novoa, quien desde los ochenta está al frente de las Damas Voluntarias. Novoa cortó la llamada cuando se le preguntó sobre el asunto. De inmediato se llamó de nuevo y respondió Elena del Carmen Moreno, subjefa nacional de las Damas: “Ya dimos la información y declaraciones que teníamos que dar, busque en publicaciones anteriores”, fue su escueta respuesta. Sobre Novoa, dijo que acababa de salir de la oficina. El informe de Pro Búsqueda cita que Novoa no proporcionó las tarjetas en las que se registraron los datos de los niños “porque las habían extraviado”.
“¡Fue un verdadero negocio!”
Zaira Navas, abogada de Pro Búsqueda, asegura que los niños eran llevados a los cuarteles de Artillería, Zacatecoluca, Destacamento Militar de Chalatenango, San Vicente y la Cuarta Brigada, en El Paraíso. Ahí los entregaban a particulares a cambio de entre 5,000 y 20,000 dólares.
Un coronel que fue comandante de la Segunda Brigada de Infantería, en Santa Ana, y que pasó por los extintos cuerpos de seguridad, se ríe al escuchar esos números. “¡Más cobraban, si eso fue un verdadero negocio! En río revuelto...”
La asociación documentó un caso de una guardería infantil en San Salvador que era utilizada para traficar niños. En el Segundo Tribunal de Menores de San Salvador, el expediente 36-A-12-83 señala que Roberto del Cid, un abogado, tenía una “casa de engorde”, en palabras del mayor Rivera, abogado que representa a la Fuerza Armada en la Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños.
“Algunos ex soldados declararon que, desde 1982, habían recibido órdenes de llevarse a cualquier niño o niña que encontraran durante el ataque a posiciones enemigas”, consigna el estudio de Pro Búsqueda. Otto Romero, ministro de Defensa, asegura que durante la guerra él nunca supo de esas prácticas y que, en todo caso, darán toda la información que se requiera para resolver los 836 casos reportados a Pro Búsqueda y a la comisión. En cuanto a los delitos cometidos por los militares al mentir sobre la identidad de los niños, regalarlos o venderlos, el funcionario deja en claro “que son delitos civiles” que la institución no juzga.
