Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez tenían 15 y siete años, respectivamente, cuando ocurrió la masacre de El Mozote. Antes de correr la misma suerte que su madre y su hermana gemela, Ana Julia informó a los soldados del batallón Atlacatl que estaban matando a los habitantes del lugar que tenía un hermano de alta en San Francisco Gotera.
Los soldados decidieron llevárselas. Mientras caminaban, Ana reconoció a una señora que era colaboradora del Ejército, y los militares dejaron a las niñas en esa casa. Horas más tarde, otro grupo de la Fuerza Armada las sacó, prometiendo entregarlas al hermano, que era sargento. La última vez que las vieron fue en una iglesia de Meanguera.
Las investigaciones de Pro Búsqueda han determinado que en esa masacre desaparecieron 16 niños. El caso de las hermanas Mejía Ramírez fue presentado este miércoles en una de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sesionó esta semana en Guatemala.
El CEJIL y Pro Búsqueda solicitaron que se responsabilice al Estado “por la ausencia de justicia a través de los años, pues las investigaciones realizadas fueron negligentes”. Si la CIDH emite un informe responsabilizando al Estado salvadoreño, la Corte Interamericana tendrá que estudiarlo para dar una sentencia. Hace un año, la corte condenó al Estado salvadoreño por la desaparición de las hermanas Serrano Cruz y estableció que deben deducir responsabilidades. El cumplimiento de la sentencia por parte del Gobierno aún está en estudio por la corte.
Que no se sepa
Para Otto Romero, ministro de Defensa, los oficiales que se apropiaron de los niños o que los regalaron tuvieron “una mano paterna”. En el Ejército no hay interés de aclarar lo que sucedió, y menos de deducir responsabilidades. En aquellos años, la política no era de recoger niños o de investigar quiénes eran sus familiares, explica Romero.
Pro Búsqueda, en una investigación publicada en 2003, señala que los niños y niñas más pequeños, por lo general, sufrieron un cambio completo en su identidad legal.
Para adoptar un hijo había dos caminos: una declaración de abandono moral y material ordenada por el juez de Menores o el consentimiento del progenitor.
Los expedientes de adopciones de esa época indican que la mayoría de los adopciones fueron por consentimiento. Pero “en ninguno de los casos los jueces requirieron información de la Fuerza Armada con respecto de los orígenes de los niños o niñas” en los casos en que los niños fueron encontrados durante operativos militares, según la asociación.
121 niños fueron adoptados por familias extranjeras, de acuerdo con las cifras que Pro Búsqueda manejaba hasta diciembre de 2002.
El mayor Rivera, abogado que representa a la FAES en la Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas, dice que la misión de ellos es clara: “No nos interesa deducir responsabilidades ni investigar qué pasó. Nuestro compromiso es procurar el reencuentro”.
