El 6 de agosto de 2006, el presidente Evo Morales dio por inaugurada la Asamblea Constituyente que tenía hasta un año para elaborar la nueva Carta Magna.

Morales buscaba elaborar una Constitución que permitiera la integración y el reconocimiento de la mayoría indígena. Además, el proyecto constitucional propone refundar Bolivia consolidando una economía estatista y antiliberal, nacionalizar los hidrocarburos y establecer una única reelección presidencial.

En diciembre de 2006, Rubén Costas, prefecto del rico departamento de Santa Cruz, amenazó con formar un gobierno autónomo de facto si la Constituyente no aprobaba una autonomía de amplias facultades para las prefecturas.

Estas propuestas han profundizado la división entre el Gobierno y la oposición, que incluso ha requerido la intervención del Ejército. El punto más álgido ocurrió a finales de noviembre de 2007 cuando las violentas protestas en Sucre dejaron un saldo de tres muertos y a la Asamblea Constituyente, sin la oposición, acuartelada para la última aprobación del texto.

Pero tras el referendo revocatorio de agosto pasado, que ratificó a Morales y a los cuatro prefectos opositores de mayor peso, se inició un diálogo. Los prefectos, que buscan que se les regrese la renta de un impuesto sobre hidrocarburos, dijeron apoyar el último texto elaborado por la Constituyente. Morales dio como último día para el diálogo el 5 de octubre, luego de que los prefectos lo suspendieron tras la detención de un líder civil en Tarija.