En enero de 2007, durante la toma de posesión de Rafael Correa, él prometió reformas constitucionales y llamó a consulta popular para reformar la estructura estatal. Correa promovió el texto para conjurar una década de crisis política en Ecuador, donde fueron derrocados tres presidentes.

Tras disturbios en los primeros meses de 2007 que culminaron con la destitución de 57 congresistas acusados de obstruir el proceso para la constituyente se permitió la celebración de un referendo para crear el organismo, que fue ratificado en abril con 4.5 millones de votos. Seis meses después el partido oficialista, Alianza País, lograba la mayoría en la Asamblea.

En noviembre de 2007, la Asamblea inició sus labores y tras ocho meses de trabajo y polémica entregó en julio el nuevo texto.

La oposición se retiró de las últimas discusiones y acusó al organismo de crear una constitución a la medida del presidente Correa.

La nueva Constitución permitirá al poder Ejecutivo actuar en dos niveles: sectorial y territorial; además se sustituirá el sistema parlamentario de dos cámaras por un congreso unicameral, la sustitución de la economía de mercado por una economía solidaria. El texto también asegura una única reelección a Correa. Además la constituyente condicionó la existencia de las autonomías municipales explicando que se busca crear, junto a los concejos municipales, unas de mayor influencia. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, acusó a Correa de recortar las libertades constitucionales y la independencia de los municipios.

El 28 de septiembre pasado, alrededor del 64% de los ecuatorianos aprobó el texto de la vigésima Constitución de su país. Ecuador está ahora en un período de transición que terminará con las elecciones generales de febrero de 2009. Para Correa, la aprobación de la Constitución es la “consagración de la revolución ciudadana”.