Alfonso Portillo, ex mandatario guatemalteco, fue extraditado ayer de México y liberado bajo fianza al regresar a Guatemala, luego de entregarse voluntariamente a las autoridades mexicanas para enfrentar a la justicia por delitos de corrupción y terminar lo que calificó como “salvaje persecución política” en su contra.
“Estoy aquí (en Guatemala) porque significa que voy a enfrentar la justicia. Yo decidí entregarme. Hay cuatro años y medio que sufrí una persecución política del gobierno anterior” de Óscar Berger (2004-2008), manifestó Portillo.
El ex mandatario huyó a México en febrero de 2004, luego de ser acusado por la Fiscalía guatemalteca de los delitos de peculado, abuso de autoridad y sustracción de unos 120 millones de quetzales (alrededor de $15.8 millones) de las arcas de Ejército en 2001.
La Procuraduría General de la República de México confirmó que Portillo, quien estaba en libertad gracias a diversos recursos judiciales, dio su “consentimiento expreso” para ser enviado a su país.
En Libertad
A pocas horas de ser entregado a la justicia guatemalteca, Portillo insistió en su inocencia y recuperó la libertad condicional.
Jerónimo Shetumul, juez Quinto de Primera Instancia Penal, fijó una fianza de un millón de quetzales, unos $130,000 al ex mandatario, y le otorgó libertad condicional. Además, Portillo tiene prohibido salir del país y debe presentarse al juzgado mensualmente.
“Se considera que no existe peligro de fuga, y se toma en cuenta la voluntad del sindicado de presentarse ante la justicia para dilucidar su situación jurídica”, argumentó en su fallo Shetumul.
El juez declaró “improcedente” la petición de la Procuraduría General de la Nación que, como abogada del Estado, pidió que, si se decretaba una fianza, fuera por el monto similar a la del delito que se le imputa, unos 120 millones de quetzales, alrededor de $15.8 millones.
También desestimó la petición de prisión preventiva para el ex mandatario, solicitada por la Fiscalía, la cual sostiene que existen suficientes elementos probatorios en su contra, y que en su caso existió gravidez por permanecer prófugo por más de cuatro años.
Portillo sufrió un revés judicial el 30 de enero, cuando la primera Sala de la Suprema Corte le negó un amparo para evitar su extradición.
Insiste en inocencia
Tras conocer la resolución a su favor, en una improvisada rueda de prensa, Portillo se mostró satisfecho y dijo estar “muy agradecido con el señor juez, que no hizo más que cumplir con la ley”.
“Esto me permite enfrentar en libertad el proceso. Vamos a demostrar que (las acusaciones) fueron armadas artificialmente”, precisó Portillo, quien acusó de la trama a sus adversarios políticos.
El ex jefe de Estado dijo que fue perseguido “de manera salvaje e indiscriminada”.
“Vengo aquí a afrontar la justicia, y tengo fe porque ahora no hay un gobierno que presione al poder judicial, creo en la independencia del poder judicial, creo que no cometí el delito del que se me acusa”, agregó.
Portillo aseguró que una poderosa familia del país, que no identificó, inició la persecución política en su contra y “organizó todo para poner un ministerio público ad hoc que se concentró en perseguir a Alfonso Portillo, y no en perseguir a los criminales”.
Según el ex mandatario, el peculado no lo pudo cometer porque el presupuesto fue aprobado por el Congreso, el presidente no ejecuta gastos y tampoco hubo reparo de la Contraloría General.
Trato diferencial
Según Prensa Libre, Eduardo Weymann, otro implicado, no consiguió medidas sustitutivas.
Weymann, ex ministro de Finanzas que también se entregó voluntariamente, no consiguió una medida sustitutiva. El acusado está vinculado en transferencias millonarias, incluyendo al Estado Mayor Presidencial por las que se acusa a Portillo. El ex funcionario fue sindicado de peculado y falsedad material, por autorizar gastos por 38 millones de quetzales al ex superintendente Marco Tulio Abadío, en diciembre de 2003.
La ley guatemalteca sanciona el delito de peculado con una pena de tres a 10 años de prisión, y una multa de entre $66 a $660.