La promesa de tener para ayer los resultados de la autopsia del menor Erick Amaya, de un año y medio, fallecido en un centro del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), quedó en el limbo y puede demorar hasta un mes, según aclaró el Instituto de Medicina Legal (IML).

Cuando el viernes pasado se solicitaron los resultados del caso, se informó que estos estarían listos el lunes. Aunque LA PRENSA GRÁFICA no pudo hablar con Mario Hernández Gaviria, director del IML, se indicó a través de su secretaria que se podría consultar al inicio de esta semana. La promesa se traslado para martes.

El motivo del retraso, se excusaron, eran los exámenes hepatológicos que se llevaban a cabo. El martes, sin embargo, hubo una nueva promesa de que los resultados estarían finalmente disponibles ayer.

Una nueva negativa surgió el miércoles. Al parecer, la información seguía sin llegar al IML. En esta ocasión, la promesa de respuesta sobre las causas de la muerte del menor no tienen fecha definitiva. Los resultados podrían demorar hasta un mes debido a la sobre demanda de casos.

Los antecedentes de autopsias en otros hechos no parecen demorar tanto tiempo. Para 2004, cuando el menor Gerardo Villeda Kattán fue ultimado a balazos, los resultados de la autopsia se presentaron en tan solo 12 horas.

La muerte del menor Amaya ha captado la atención de varias instituciones que consideran extrañas las circunstancias del fallecimiento. Al no haber una posición oficial del ISNA, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría y la iglesia han pedido una investigación profunda.

De hecho, Aída Santos, jueza del Tribunal Primero de Menores, señaló que para evitar “descrédito institucional” no se tenía que dejar “ningún cabo suelto” con la investigación sobre el caso.

La funcionaria aseguró que tras establecer contactos con forenses de Medicina Legal estos indicaron que no encontraron rastros de comida en el intestino de el niño, lo que evidenciaba que pasó por lo menos 24 horas sin comer. Según Santos, la autopsia sería presentada como muerte natural.

El procurador general de la República, Gregorio Sánchez Trejo, se unió al llamado para “deducir responsabilidades” en este “lamentable caso”.

Con varias denuncias extraoficiales de negligencia en el ISNA, solo un hecho concreto parece respaldar los argumentos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) había hecho el 25 de marzo pasado un llamado para que en el Centro Infantil de Protección Inmediata (CIPI) de San Salvador se contratara más personal para suplir las carencias existentes. El ISNA adujo desconocer tal información, pero el periódico tuvo acceso al documento.

Lo que sí confirmó el instituto de menores es que cuando los niños ingresaron al CIPI solo recibieron asistencia médica por parte de las enfermeras de turno, pues no había un médico disponible para el chequeo adecuado.

Según el artículo 63 de la ley del ISNA “para practicar las diligencias que en esta ley se atribuyen al instituto y a los centros de su dependencia, todos los días y horas son hábiles”.

La FGR dijo que no descartaba presentar cargos contra los padres de los menores, ya que estos presentaban indicios de maltrato. pero los progenitores de Erick ya no viven en el lugar donde residían junto a sus cinco hermanos.