Las declaraciones del ministro de Seguridad, René Figueroa, y el subdirector de la PNC, José Luis Tobar, quienes el pasado miércoles dijeron que la protesta en Suchitoto constituía desórdenes públicos, no le cayeron en gracia al fiscal general de la República, Félix Safie, cuya institución acusó a 14 detenidos de ser responsables del delito de actos de terrorismo.

“El Ejecutivo, quizás en este caso, no debería estar opinando en un tema que le corresponde al Órgano Judicial y a la misma Fiscalía”, dijo al presentar su memoria de labores en la Asamblea.

Safie dijo que la misma Policía entregó información y elementos que fueron investigados y se determinó que los actos desarrollados en la manifestación contra la presunta privatización del agua eran actos de terrorismo.
Agregó que mientras la ley no sea modificada, para los eventos en los que exista violencia y amenaza a la integridad y seguridad ciudadana se seguirá aplicando la ley.

El director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, acuerpó ayer a Safie. “La Fiscalía ha actuado total y absolutamente apegada a lo que dice la ley antiterrorista”, dijo Ávila, contraviniendo la posición del ministro Figueroa y del subdirector de la PNC, Tobar Prieto.

El presidente Antonio Saca ha dado instrucciones al Ejecutivo para que presente a la Asamblea reformas al Código Penal a efecto de aumentar las penas por desórdenes públicos. El viceministro Ástor Escalante habla de penas de ocho a 15 años de cárcel.