La reconstrucción de cinco de siete hospitales de la red pública ha fracasado en materia de ejecución. A solo cuatro meses que venza el plazo para la finalización del proyecto, Salud Pública tiene un déficit del 88% en la ejecución de las obras y cuestionamientos en el uso de más de $212 mil.

El préstamo por $142.6 millones, otorgado por el Banco Mundial en 2003, para el proyecto de “Reconstrucción de emergencias por terremoto y extensión de servicios de salud (RHESSA)” es administrado por el Ministerio de Salud Pública a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), que solo ha ejecutado $15.88 millones, los que corresponden al 11.9% de lo otorgado.

La proyección del proyecto, y del crédito con sus intereses (ver entrevista en página 4), plantea el cierre de ejecución para el mes de abril de 2007. Es decir, según las proyecciones y metas, el próximo año El Salvador debería estrenar los hospitales San Juan de Dios, en San Miguel; San Pedro, en Usulután; San Rafael, en La Libertad; Santa Teresa, en Zacatecoluca; Santa Gertrudis, en San Vicente; Cojutepeque, en Cuscatlán; y Maternidad, en San Salvador.

A la fecha, solo dos de estos centros están en un proceso avanzado de construcción, otros en trámites de licitación y el Hospital de Maternidad en San Salvador (el más grande de los siete) no cuenta ni con el terreno para iniciar su construcción.

La ejecución, excesivamente baja, es demostrada en uno de los informes del Banco Mundial sobre los créditos otorgados a El Salvador en la que —a pesar de evaluar positivamente al país— reflejan que a la fecha del informe, 30 de junio de 2006, aún no se había hecho el desembolso de aproximadamente el 88% de los fondos para este proyecto. (Ver gráfico)

En auditoría

Pero los atrasos no son exclusivos de los últimos años. Una auditoría financiera y de gestión, elaborada por la Corte de Cuentas en el período de julio a diciembre de 2004, refleja “ineficiente ejecución presupuestaria” basada en la realidad del 1.81% de ejecución en dos años: “El presupuesto global del proyecto es de $169 millones 400 mil para ejecutarse en una vida proyectada de cuatro años (del 3 de junio de 2003 al 30 de abril de 2007); sin embargo, para el año dos, únicamente se han ejecutado $3 millones 64 mil 940 (1.81%), que representan una ejecución financiera del proyecto extremadamente deficiente”, reza el informe del ente contralor del Estado.

Los resultados de esta auditoría los recibió el ministro Guillermo Maza en el mes de mayo de 2006. La mayoría de observaciones de este documento recae en la administración de José López Beltrán, ministro del gabinete de Francisco Flores.

“Cuando llegué se cambió la gente de RHESSA, las personas que trabajan en el proyecto no son las mismas”, declaró Maza al defender los avances en su período como ministro del ramo.

Cuestionan manejo

El informe se refiere también a la ejecución presupuestaria del año 2004. El presupuesto total aprobado para ser utilizado en este año fue de $13.04 millones, de los que se devengó únicamente $1.04 millones.

Del monto total devengado, el 67% ($695 mil 517) correspondió al pago de honorarios del personal administrativo que maneja el proyecto (UCP-RHESSA), y quedó en evidencia que la inversión en los otros rubros importantes para el desarrollo del proyecto apenas alcanzó el 33% del total.

“La ineficiencia en la ejecución presupuestaria genera el incumplimiento de los objetivos previstos”, marca el informe que plantea que los porcentajes ejecutados evidencian la poca capacidad administrativa de la UCP-RHESSA para ejecutar el proyecto, considerando que estos retrasos han incumplido la ley orgánica de la administración financiera del Estado.

Incumplimiento de metas

Para el año 2003 se programaron seis metas de las que solo se cumplieron dos: la contratación de consultores a largo plazo, que alcanzó el monto de los $100 mil, y del servicio de consultoría para la definición de modalidades de ejecución, que significó una erogación de $24 mil 860. Quedaron pendientes la selección de la empresa supervisora, la asistencia técnica para equipamiento de hospitales, la formulación de planes funcionales y el contrato del consultor de impacto ambiental.

Para el año 2004, de las 19 metas programadas solamente se cumplió con tres, que representan un 16% del avance físico. Se continuó con la contratación de consultores a largo plazo iniciada el año anterior ($338 mil 845), la elaboración de una guía prototipo de materiales y criterios operativos y funcionales sin erogación financiera y la visita de observación a experiencias de ejecución e infraestructura, que significó un gasto de $10 mil en pasajes y viáticos.

“Existe un alto riesgo que la red hospitalaria vulnerable se vea afectada con un nuevo sismo”, señala el informe de la contraloría y conocido ya por el Banco Mundial.