La posibilidad de que los responsables del crimen de los diputados del PARLACEN y el agente del PPI que les acompañaba sean juzgados en Guatemala lleva a políticos a pedir la aplicación del máximo castigo en ese país donde existe la pena de muerte.

“No sé si en Guatemala sigue vigente la pena de muerte. Si está vigente, es lo menos que se merecen”, dijo Mario Acosta Oertel, miembro de la comisión asesora del Gobierno y amigo personal de la familia D'Aubuisson. “Deben ser castigados duramente.”

El ministro de Justicia y Seguridad, René Figueroa, por su parte, dijo que El Salvador espera la mayor drasticidad para los que resulten culpables de este crimen: “La ley dicta lo que hay que hacer, la ley es dura, pero es la ley, tenemos que respetar las leyes de donde vayan a ser llevados a los tribunales. Obviamente, nosotros esperaríamos la mayor drasticidad, dependiendo de lo que diga el marco legal”.

El jefe de la unidad de vida del Ministerio Público de Guatemala, Álvaro Matus, confirmó ayer que la pena de muerte está vigente en ese país y que se aplica en casos de crímenes con mucha barbarie, como este.

Pero Matus agregó que aun es muy prematuro hablar de qué penas pedirá la Fiscalía en contra de los sospechosos, aunque consideró que el caso tiene agravantes que podrían permitir una solicitud de ese tipo.