La violencia cedió un poco de tranquilidad a las familias salvadoreñas. Entre enero y agosto del presente año, el Instituto de Medicina Legal (IML) destacó un descenso en el número de homicidios a escala nacional.

En los primeros ocho meses del año pasado se registró la muerte violenta de 2,360 personas. Un año después, en el mismo período, se contabilizan 2,645 muertes violentas.

Las cifras demuestran que este año hay 285 homicidios menos que el año anterior, lo cual representa un 10.8% de descenso.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila, dijo ayer que la baja es una situación que ya preveían como responsables de la seguridad pública.

“Esperábamos una disminución entre el 8% y el 10%. Los golpes que se les han dado a las estructuras criminales, especialmente a las pandillas, porque los crímenes son planificados por estas”, reflexionó.

El subdirector de la corporación, José Luis Tobar Prieto, habló específicamente de los efectos del plan Sarisa.

La baja también se experimentó respecto del mes de julio, cuando las autoridades reportaron un total de 341 muertes violentas, contra 285 del mes de agosto pasado. Son 56 homicidios menos, dijo el jefe de la Unidad de Estadísticas del IML, Fabio Molina.

Respecto de agosto de 2006 también se percibe el decremento de muertes violentas; para ese año, el mes de agosto cerró con 379 fallecidos, es decir, 94 casos más que en 2007.

El promedio de muertes por día en agosto pasado fue de 9.1, ligeramente menor respecto de julio, que registró un promedio de 11 homicidios diarios.

De enero a agosto del presente año, solo el primer mes, abril y julio han experimentado alzas; junio ha sido el mes menos violento, con un promedio de 8.7 muertes por día. Así lo registran las estadísticas de Medicina Legal, las cuales, según Molina, están homologadas con los datos que manejan la PNC y la Fiscalía General de la República.

Aunque el IML tiene su propia apreciación respecto de las bajas en los homicidios, sus representantes prefieren no emitir análisis alguno, bajo el argumento de que son las autoridades que llevan a cabo las investigaciones de los hechos las únicas que pueden presentar valoraciones al respecto.