Cuando la campaña presidencial está entrando en su fase más candente, al hallarnos a menos de tres meses de la definición ciudadana en las urnas, la Fiscalía General de la República lanza una bomba de alta intensidad política al solicitar formalmente a un tribunal de paz el enjuiciamiento formal de 9 ex funcionarios públicos de alto rango en la Administración del Presidente Francisco Flores, por el presunto delito de peculado en el caso CEL-ENEL, que viene siendo sacudido desde hace algún tiempo, a raíz de que ENEL, que es socio estratégico en LaGeo, quiso hacer valer su derecho contractual de lograr la mayoría accionaria de dicha empresa.

Toda la conflictividad desatada desde entonces no está movida por la supuesta defensa del patrimonio nacional: hay intereses de aprovechamiento de fondos estatales en forma encubierta, como quedó palmariamente demostrado cuando se constituyó el ente privado INE (Inversiones Estratégicas), entidad cuasi fantasma a la cual la CEL le transfirió sus acciones en LaGeo, haciéndola destinataria de todo lo que ésta produce. ¿A dónde van los recursos que recibe INE? Esa es una de las preguntas del millón. Y el cúmulo de sospechas se hace aún mayor al recordar que, por perversa tradición, muchos entes autónomos han desempeñado la función de “caja chica” para desviar fondos hacia fines nunca aclarados.

Una vez creada INE, el socio estratégico ENEL quedó impedido de aumentar su participación accionaria, lo cual generó que esta empresa acudiera a un arbitraje internacional, en el que obtuvo fallo a su favor. El Gobierno salvadoreño apeló, y también perdió la apelación. El contrato está vigente, y la obligación es cumplirlo. Luego, al ver cerradas las posibilidades de imponer su posición en los tribunales externos, la cuestión se politiza internamente, como estamos viendo a las claras con todo lo que ocurre. La Asamblea Legislativa realiza una investigación del caso, con los tintes partidarios en evidencia; y ahora la Fiscalía se suma al esfuerzo en el plano de los requerimientos judiciales y de la petición de resarcimiento al Estado por 1,000 millones de dólares.

Lo que en otro momento hubiera podido tener algún viso de ejercicio normal de la justicia, en las condiciones en que todo esto aparece y se detona muy pocas dudas pueden caber de que hay aquí una manipulación directamente interesada no sólo en preservar una mayoría accionaria del Gobierno, que garantice la disposición arbitraria de los fondos multimillonarios que produce LaGeo, sino también en golpear a los adversarios en la contienda electoral. Hay aquí una verdadera desnaturalización de la justicia. Se dice que la investigación se halla abierta, pero el daño está hecho.

Todo indica que no hay ningún interés institucional en el desarrollo geotérmico, ni en producir energía más accesible para la población. Todo se centra en cómo el Estado garantiza sus ingresos ocultos. Pasó igual en el caso de la concesión del Puerto de La Unión, en 2008: cuando ya todo estaba listo, los intereses escondidos frustraron el salto hacia adelante. Es una perversión reiterada, que se encubre en un manto de simulación patriótica.

Y entretanto, el contrato tan cuestionado y vilipendiado sigue en pie. Por incumplirlo, la imagen empresarial del país padecerá efectos adversos de largo alcance. Y la seguridad jurídica parece no importar en absoluto. Si las cosas no se han hecho bien, hay que corregirlas bien. De lo contrario se continúan alimentando el trastorno, la falsedad y la inseguridad.