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Resolución. El fallo fue firmado por la mayoría de magistrados de la sala.

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  • Fallo. La sentencia de la sala libera del pago mínimo de la renta a los contribuyentes.

Resolución. El fallo fue firmado por la mayoría de magistrados de la sala.
El pago mínimo del impuesto sobre la renta, regulado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), es ilegal por determinación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ayer emitió una sentencia sobre la inconstitucionalidad de cinco artículos de la referida ley.

Los demandantes habían cuestionado las disposiciones sobre este pago mínimo, contenido en los artículos 76, 77, 78, 79 y 80 de la citada ley. Para ello, esgrimieron tres argumentos sustentados en el artículo 131 de la Carta Magna: principio de capacidad económica, progresividad impositiva y prohibición de confiscación.

La LISR fue reformada a partir de enero de 2012 y estableció el “pago mínimo definitivo” del 1 % sobre la renta bruta, es decir, sobre el total de los ingresos de las empresas sin la posibilidad de que estas dedujeran de esa suma los costos operativos y las demás erogaciones expresamente autorizadas por la misma ley.

El Gobierno justificó estas reformas, aprobadas por los diputados en diciembre de 2011, al asegurar que algunas empresas reportaban pérdidas al fisco para reducir sus obligaciones tributarias, lo que raya en la evasión. La designación del 1 % buscaba, según Hacienda, evitar este problema, ya que el impuesto aplicaba igual a las empresas que reportaran pérdidas por dos años consecutivos.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) criticó la medida y, de hecho, promovió, en diciembre de 2012, un recurso ante la CSJ que pretendía revertir la aplicación del cobro mínimo.

El Estado salvadoreño no supo defender la legalidad de los cobros ante el examen de la sala. El fiscal general de la República, cuando se le pidió su opinión, como se hace en estos procesos, se excusó en “su recién llegada al cargo” para exponer de forma somera que la demanda debía “ser resuelta dentro de los parámetros y límites constitucionales referidos”. La Asamblea Legislativa ni siquiera rindió el informe requerido, pese a que –de acuerdo con la sentencia– le fueron conferidos 10 días hábiles para ello.

Argumentos en la sentencia

La sala aclara en su sentencia que “las personas deben contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado en proporción a la aptitud económico-social que tengan para ello”. En ese sentido, la demanda planteó que el impuesto a la renta debía calcularse sobre la renta neta (posterior a la deducción de costos), pues solo esta “revela la existencia de una riqueza disponible para contribuir al gasto público”.

Los constitucionalistas validaron ese razonamiento al determinar que “las rentas a las que se aplica la cuota del pago mínimo en cuestión se han determinado sin considerar de ningún modo los costos de producción invertidos o gastos de operación realizados para generar dichos ingresos”. Esto atenta, según los magistrados, contra el principio de igualdad en la equidad tributaria.

El principio de progresividad es un término legal para expresar un adagio popular: paga más quién tiene más. De acuerdo con los demandantes, el impuesto recién declarado inconstitucional irrespetaba ese principio “en tanto que impone una mayor carga tributaria para los contribuyentes con menor capacidad contributiva”, ya que “implica una relación simplemente porcentual entre la base imponible y el monto del impuesto a pagar”.

Cuando las reformas a la LISR entraron en vigor, diferentes expertos económicos señalaron los riesgos potenciales. “No es sostenible. La medida del 1 % podría incluso quebrar a empresas, lo que dañará la economía”, advirtió entonces Amílcar Quintanilla, un profesional contable.

Los magistrados propietarios Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Rodolfo González y el suplente Eliseo Ortiz, firmantes de la sentencia de inconstitucionalidad, coincidieron en apuntar que la declaratoria de inconstitucionalidad pretende, además, “que el contribuyente pueda mantener su nivel de vida y actividad productiva, a pesar del tributo respectivo”.