Vía PDDH

El procurador de Derechos Humanos, David Morales, señaló que -a criterio de la entidad que representa- la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) violentó garantías del debido proceso al prohibir el proselitismo a empleados públicos, durante la actual campaña electoral.

"(La Sala) desatendió estándares internacionales en materia de derechos humanos" al prohibir proselitismo, expresó.

"He declarado la responsabilidad de parte de los magistrados Jaime, González, Blanco, Ortiz y Meléndez", dijo el procurador, esta tarde. Además, para el procurador hay violación de libertad de expresión de parte la entidad.

Morales comparte que funcionarios  públicos no deben prevalerse del cargo para hacer campaña, pero la Constitución no prohíbe derechos políticos, por lo que los funcionarios pueden actuar en el proselitismo, según la institución.

El pasado enero, los magistrados constitucionales pidieron a todos los trabajadores públicos abstener de participar en la campaña proselitista de cara a las elecciones presidenciales , mientras resuelve el admitir una demanda contra un decreto presidencial que permitía a los funcionarios del Órgano Ejecutivo participar en eventos proselitistas.

"La resolución se refiere a denuncia interpuesta por Francisca Olivia Osorio y otras personas, por supuesta violación a los derechos políticos, al derecho a la libertad de expresión y al debido proceso en perjuicio de todos los funcionarios y empleados públicos; atribuidas tales violaciones de derechos humanos a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, durante proceso de inconstitucionalidad 8-2014[1], específicamente contra medida cautelar dictada por dicha Sala en resoluciones de fechas 24 de enero y 10 de febrero de 2014, mediante las cuales ordenó a todos los servidores públicos abstenerse de realizar diversas conductas relacionadas con actividades político partidarias, en invocación del art. 218 Cn.", indica la resolución de la PDDH.