La corrupción, la impunidad y la violencia social siguen muy presentes en Centroamérica, según alertó hoy Estados Unidos en su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2013, en el que se señala que la impunidad persistió en El Salvador pese a que el Gobierno tomó medidas para despedir a algunos funcionarios que cometieron abusos en el sistema penitenciario y en las fuerzas policiales.

En el informe también figuran los problemas de derechos humanos como una corrupción generalizada  y además destaca otros problemas en el país como deficiencias del sistema judicial, un auto nivel de impunidad al que han contribuido las fuerzas de seguridad, la violencia doméstica, la discriminación y  explotación sexual comercial de mujeres y niños.

Además, se señala que el año pasado hubo casos de detención prolongada previa al juicio, condiciones de reclusión “muy duras y peligrosas para la vida” y algunas restricciones a la libertad de expresión.

Respecto al resto de los países de la región, Honduras ya no figura en la lista  de países más problemáticos.

Entre los problemas "más graves" detectados de derechos humanos en Honduras figuran la corrupción, la intimidación y la debilidad institucional del sistema de justicia, lo que lleva a una "impunidad generalizada", según el Gobierno de Estados Unidos.

Además, durante 2013 se registraron homicidios "arbitrarios" cometidos por las fuerzas de seguridad y continuaron los asesinatos de indígenas y trabajadores agrícolas en zonas rurales, incluyendo la región del Bajo Aguán.

El Gobierno hondureño "tomó medidas" para enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos, pero "la corrupción, la intimidación y el mal funcionamiento del sistema de justicia" siguen siendo "serios impedimentos" para la protección de los derechos humanos.

Mientras que en Nicaragua en los últimos años "el poder político se ha concentrado en un solo partido, con un Ejecutivo cada vez más autoritario", advierte el informe.

Las principales violaciones de los derechos humanos en 2013 fueron las "restricciones" al derecho al voto, "incluidas las políticas significativamente sesgadas para promover la dominación de un partido único".

En Guatemala lo más preocupante es "la corrupción generalizada institucional, en particular en los sectores policial y judicial", así como la participación de las fuerzas de seguridad en delitos graves como el secuestro, el tráfico de drogas y la extorsión, y la violencia social, especialmente contra las mujeres.

Otros problemas recurrentes son los "abusos" cometidos por la Policía Nacional Civil (PNC), los arrestos y detenciones arbitrarias, el "fracaso" del sistema judicial para asegurar investigaciones completas y juicios justos, y los asesinatos de periodistas y sindicalistas.

El Gobierno "cooperó" con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, y tomó medidas para enjuiciar a los funcionarios que cometieron abusos, pero la impunidad continúa siendo "generalizada".


Respecto a Costa Rica el informe destaca que los principales abusos tuvieron que ver con las duras condiciones carcelarias, las demoras en los procesos judiciales, la violencia doméstica contra mujeres y niños, y la discriminación por orientación sexual o género.
El Gobierno "investigó y procesó" a los funcionarios que cometieron los abusos, pero aún hay impunidad.

Finalmente en Panamá las fuerzas de seguridad no cometieron abusos durante el año pasado, pero los casos de denuncias desde 2012 "siguen sin resolverse", afirma Estados Unidos, que también destaca las duras condiciones carcelarias en el país, la ineficacia judicial y los ataques contra la libertad de expresión.
Existe una percepción generalizada de impunidad, pese a que el Gobierno procesó presuntos casos de corrupción y abuso de autoridad por parte de funcionarios.