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Infiltrados crónica de la corrupción en la PNC (1992-2013)

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Héctor Silva Ávalos, periodista y escritor, presentará mañana en Washington este libro, en el que se da cuenta de una serie de hechos que relacionan a la Policía Nacional Civil con la corrupción desde que nació, en 1992, hasta el año pasado. En el evento hablará también el congresista Jim McGovern. El autor destaca que “Infiltrados, crónica de la corrupción en la PNC (1992-2013)” es el resultado de un riguroso método de verificación de datos.

18 de Mayo de 2014 a la(s) 6:0 / Literatura Héctor Silva Ávalos / Ilustración de Duartré

Este libro pretende contar la historia de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, el emblema de las instituciones surgidas de los Acuerdos de Paz de 1992, el pacto que en la práctica supuso la refundación del Estado. Esa historia de la PNC —corta aún, pero prolija— no es una sucesión de heroicidades, grandezas y optimismos; es más bien una crónica de infamias, corrupciones e impunidades.

La PNC se creó para sustituir a la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional, los tres cuerpos de seguridad dependientes de la Fuerza Armada que la Comisión de la Verdad señaló como responsables de graves violaciones a los derechos humanos, asesinatos extrajudiciales, masacres... (1).

Se suponía, en el papel, que se convertiría en la punta de lanza de una nueva cultura de paz; que debido a su cercanía con la gente, su rol sería esencial en el proceso de democratización del país: el Estado se apoyaría en la PNC para aplicar las nuevas leyes, ganar la confianza de la población civil y, al final, para legitimar su derecho a usar la fuerza para mantener el orden y hacer valer la legalidad en la posguerra, que se preveía turbulenta. Si la PNC fallaba, dijo en su momento la ONU, todo el proceso podía verse amenazado en el futuro.

La principal conclusión de este libro es que la PNC falló y que, de hecho, el proceso salvadoreño, el de consolidación de su paz y su democracia, es incompleto y débil por esa falla.

La PNC fue capaz de trascender el statu quo previo: es, sí, una policía más profesional, menos rudimentaria, más capaz, democrática, profesional y orientada a los ciudadanos que sus tres antecesoras militares. Pero esto tampoco es mucho decir. El cambio, además, no debería atribuirse a las élites políticas, de derecha o izquierda, ni a los liderazgos en el interior de la institución. Fueron la comunidad internacional, representada por la ONU, por la incipiente sociedad civil e incluso por las víctimas mismas de los abusos policiales, y por unos pocos policías visionarios, los que impidieron la regresión absoluta de la PNC. Las buenas noticias, sin embargo, acaban ahí.

La investigación plasmada en este libro permite sostener que la PNC ha fracasado. Fracasó en la tarea de construir una nueva cultura de aplicación de la ley y en la de cambiar la conducta de sus oficiales. Fracasó en la tarea de crear métodos efectivos de depuración interna. Y, con consecuencias devastadoras para su misión de perseguir y prevenir la actividad criminal, fracasó en su tarea de entrenar agentes capaces de investigar y castigar a los transgresores de la ley sin importar sus conexiones políticas, ideologías o su estatus económico o social. Como antes hacían los cuerpos policiales que se desmantelaron, la PNC también se especializó en obstruir la justicia y en garantizar la impunidad para aquellos con suficiente influencia o dinero.

Como la ONU predijo al enumerar una y otra vez los riesgos de que la PNC naciera contaminada o sin herramientas eficaces para limpiarse a sí misma, y como advirtieron algunos funcionarios extranjeros al señalar la falta de voluntad política de sucesivos Gobiernos para fortalecer una fuerza pública independiente y profesional, la debilidad institucional pasó factura: fue por la PNC por donde el crimen organizado transnacional, sobre todo organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero, penetró el sistema de partidos políticos y el tejido social.

Este relato empieza en 1992, cuando el gobierno del presidente Alfredo Cristiani, con el aval del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), irrespetó los Acuerdos de Paz al permitir la incorporación de una tanda de oficiales procedentes de los cuerpos militares de seguridad. Y culmina en el quinquenio del presidente Mauricio Funes Cartagena (2009-2014), quien desperdició la única oportunidad real de depuración que había existido en dos décadas de historia de la institución.

El 24 de septiembre de 2010, el presidente Funes reconoció por primera vez en un foro internacional que el crimen organizado transnacional, en específico el narcotráfico, se había incrustado en las entrañas del Estado. “Es preciso reconocer que los organismos estatales se encuentran infiltrados por el crimen organizado (...) y que, sin una decidida vocación para combatir esa infiltración en nuestras instituciones, no nos será posible enfrentar los enormes retos que la realidad nos impone”, dijo en Nueva York, durante la 64.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los predecesores del presidente Funes, al referirse a la inseguridad ciudadana y el crimen en El Salvador y Centroamérica, se habían concentrado en las actividades de las maras o pandillas (2). Las referencias al crimen o corrupción en el Estado en foros públicos habían sido, si acaso, vagas y dispersas (3).

El presidente Funes, en su discurso, se refirió a la PNC para ilustrar la infiltración del narcotráfico. En la Asamblea General de la ONU se comprometió de forma pública con el proceso de depuración interna que la Inspectoría General —institución de control dependiente del Ejecutivo, también creada por los Acuerdos de Paz— había iniciado un año antes bajo el liderazgo de la abogada Zaira Navas: “Comenzamos por nuestra propia casa, limpiando las instituciones que, como la Policía, han sido presas de la corrupción y de la compra de voluntades; son funcionarios que deshonraron su posición de servidores públicos y se pusieron al servicio de las drogas, los asesinos y los extorsionistas” (4).

En aquel discurso, propuso la creación de una comisión internacional para la persecución del crimen organizado con jurisdicción en el Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador. La propuesta, dijo, pasaba por reconocer la incapacidad de los Estados nacionales para enfrentar por sí solos el problema de las mafias. El modelo a seguir sería la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), creada cuatro años antes en Guatemala bajo el auspicio de la ONU, que había dicho que ese país estaba por convertirse en un Estado fallido por la infiltración del crimen (5).

Anunció también que su Gobierno había iniciado contactos con Gobiernos amigos para coordinar políticas de represión y prevención del crimen. De hecho, el presidente ya había encomendado a su Ministerio de Relaciones Exteriores y a algunos funcionarios de su gabinete de seguridad entablar un diálogo con la ONU para emular el modelo de la CICIG en El Salvador, primero, y luego en el Triángulo Norte.

La propuesta partía, en principio, de admitir que la capacidad institucional de investigación y persecución del delito estaba sobrepasada. Tenía implícitos dos reconocimientos: por un lado, la penetración del crimen organizado en la fuerza pública y, por otro, la debilidad que esta penetración había provocado en el tejido estatal.

Rodrigo Ávila Avilés, director de la PNC en dos períodos (1994-1999 y 2006-2008), advirtió el calado de la propuesta del presidente Funes. “Pedir una CICIG para El Salvador es aceptar tácitamente que somos un Estado fallido, que reconoce que no ha sido capaz de combatir el crimen”, dijo en una entrevista concedida a un diario local, pocos meses después del anuncio (6).

Lo cierto es que en julio de 2010, dos meses antes de la alocución ante la ONU, un grupo de asesores relacionados con la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés) había elaborado una nota conceptual (7) sobre una iniciativa piloto para reproducir la experiencia de la CICIG en el Triángulo Norte.

Ese borrador deja claro el problema de la infiltración y hace una advertencia: Las bandas criminales se infiltran y tratan de controlar las instituciones del Estado, en particular las fuerzas de seguridad y el sistema de administración de justicia. El control de las instituciones y la consecuente garantía de impunidad les permiten posteriormente extender su control a la sociedad civil, el sector productivo y los órganos de representación democráticos.

Y el primer borrador de una comisión especial contra el crimen organizado que funcionarios salvadoreños elaboraron en octubre de 2010, un mes después de la propuesta del presidente Funes, señalaba que las instituciones nacionales estaban a punto de colapsar: “Este paso parte de un hecho políticamente complicado pero incontrovertible: la Fiscalía General de la República, encargada por mandato constitucional de perseguir el delito, es un ente inoperante en términos generales. Este hecho hace imposible en la práctica que en El Salvador exista, en este momento, una cultura agresiva de combate al crimen” (8).

Dieciséis años antes, en 1994, otro presidente, Armando Calderón Sol, había hecho un reconocimiento similar cuando El Salvador vivía los años más caóticos de su posguerra. A él le tocó administrar y sobrellevar las reticencias internas al acuerdo firmado dos años antes por Cristiani y el FMLN. El terreno de la seguridad pública, en específico la creación de la PNC y la disolución de la Policía Nacional, fue uno de los caminos más escabrosos que el presidente Calderón Sol y su equipo tuvieron que transitar. El proceso estaba rodeado de dudas, la mayoría provocadas por la incorporación de oficiales de los antiguos cuerpos de seguridad sin un adecuado proceso de veto y depuración.

De entrada, y para despejar las dudas, el recién inaugurado presidente (9) y sus funcionarios aceptaron en público que el crimen organizado había penetrado a los antiguos cuerpos de seguridad, sobre todo a la Policía Nacional, que aún estaba desplegada en el país, y se comprometieron ante la ONU a acelerar el despliegue total de la PNC y a fortalecer los mecanismos de control interno para garantizar la limpieza institucional (10).

Hugo Barrera, el viceministro de Seguridad de Calderón Sol, incluso reconoció ante observadores internacionales que la Policía Nacional había sido la fuerza de seguridad más corrupta y que algunos de sus agentes “participaban en asaltos utilizando los carro patrullas y sus uniformes”. “Parece que la Policía Nacional ha estado envuelta en actos de corrupción durante mucho tiempo, y nadie hizo nada por detenerlo”, dijo Hugo Barrera a un investigador estadounidense (11).

En realidad, muy poco cambió a pesar de las expectativas generadas por los Acuerdos de Paz; a pesar de los esfuerzos de supervisión internacional encabezados por la ONU, a través de su misión especial en El Salvador; a pesar de la dedicación de oficiales y observadores españoles, estadounidenses, peruanos, chilenos y de sus colaboradores salvadoreños; a pesar de la cultura de denuncia ciudadana y de algunos espacios de periodismo de investigación que abrieron los medios de comunicación.

Al final, la corrupción que el presidente Calderón Sol y Hugo Barrera admitieron que existía en los antiguos cuerpos de seguridad se inoculó en la PNC, y el crimen organizado logró infiltrarse hasta los niveles más altos de dirección. Los elementos que habían posibilitado la penetración durante la guerra civil no se desactivaron después de los Acuerdos de Paz, y las advertencias públicas y privadas que hizo la ONU terminaron por cumplirse.

Desde el principio, los observadores del proceso de paz y de la creación de la nueva Policía —respaldados por distintos académicos— reconocieron como las principales causas de la infiltración la cultura autoritaria de las policías militares predecesoras (12), la incapacidad para sobreponerse a esa cultura en la formación de la nueva institución, y la capacidad del crimen organizado para mutar del móvil político al económico, para así adecuar el método al rubro de más rentabilidad y para corromper el Estado.

Dos advertencias lanzadas en los primeros años de la posguerra ilustran a cabalidad los riesgos que enfrentaba la PNC en sus albores.

La primera se extrae de las conclusiones a las que llegó el Grupo Conjunto de Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivaciones Políticas, creado por la ONU en 1993 tras varios asesinatos contra activistas políticos que pusieron en riesgo el proceso de paz. El grupo advertía que las estructuras armadas clandestinas que funcionaban desde el Estado seguían operando, y que empezaban a transformarse en estructuras de crimen organizado.

“Son estructuras con suficiente capacidad para permanecer en estado latente si las condiciones lo requieren (...), la integración de estos grupos y de sus complejas redes de crimen organizado es perceptible, a tal grado que sus actividades políticas son reconciliables con otras cuyos objetivos son puramente criminales”, dice el reporte del grupo conjunto (13).

También especificaba el otro elemento indispensable para la infiltración: la protección desde el Estado y sus instituciones (14). “La colaboración y/o tolerancia de miembros de algunas instituciones estatales que proveen cobertura, garantías de impunidad e incluso apoyo logístico y operativo a estas estructuras ilegales, así como un clima generalizado de corrupción en algunos sectores de la sociedad”.

Para 1994, es cierto, ni la guerrilla ni el Ejército habían vuelto a disparar un arma por razones políticas y, en general, el proceso de pacificación caminaba. La ONU estaba orgullosa, y en El Salvador se vivía una sensación de cauta esperanza. Había, sí, buenas señales: las primeras elecciones de posguerra habían dejado a Calderón Sol ganador en segunda vuelta sin mayores contratiempos, y el FMLN había entrado como fuerza política en la Asamblea Legislativa. Un tímido renacimiento cultural, marcado por la apertura de algunos espacios públicos y centros artísticos, animaba la capital. Pero también había amenazas. Muchas.

Ese año, el FMLN aún no había entregado todo su arsenal (15); los miembros más corruptos y desesperados de los antiguos cuerpos de seguridad —oficiales de alto nivel algunos— se involucraban en hechos criminales a plena luz del día (16); y en El Salvador ya se destapaban los primeros casos grandes de tráfico internacional de drogas (17).

La segunda advertencia la hizo en ese momento un diplomático español que siguió de cerca los cambios en seguridad pública y el proceso de transformaciones de la PNC. El funcionario escribió un contundente despacho a Madrid, parte del cual comentó con un observador de la ONU en San Salvador (18). Los contenidos de este despacho y entrevista son otro ejemplo de las advertencias sobre los riesgos en los primeros años. Escribió el diplomático: El crimen organizado está bien enquistado en El Salvador. Ha habido mucha corrupción en Gobiernos anteriores que le ha abierto el espacio al crimen. El narcotráfico es por supuesto el peor y es muy difícil combatirlo. Hay carteles internacionales del tráfico de drogas que están viniendo al país; estos carteles pueden mover más fondos que cualquier agencia del Gobierno, así que no es muy difícil para ellos encontrar a quién comprar. Hay que romper la impunidad, pero es poco probable que lleguemos hasta los autores intelectuales. Podemos llegar a los niveles bajos y medios, pero probablemente no a los actores originales. Siempre he dicho que la PNC tiene que homologar pureza con eficiencia. El proyecto está todavía inmaduro y tiene que ganar mucha experiencia antes de poder combatir efectivamente el crimen organizado.

Dieciséis años después, en 2010, la dramática descripción que el presidente Funes hizo en Nueva York –“la Policía ha sido presa de la corrupción y la compra de voluntades (...), hay funcionarios que se pusieron al servicio de las drogas, los asesinos y los extorsionistas”– dejaba entrever que las advertencias que los observadores hicieron en la década de los noventa habían sido desoídas, y que la corrupción que el presidente Calderón Sol y Hugo Barrera habían reconocido en los cuerpos de seguridad extintos no solo había sobrevivido, sino que se había desarrollado en la PNC.

Un año después, en 2011, ante el mismo pleno de la ONU, cuando el proceso de reforma policial enfrentaba serios obstáculos internos, Funes insistió en sus intenciones de depuración, pero el incipiente proceso comenzaba a ser boicoteado.

La Inspectoría General, que entre 2009 y 2010 abrió expedientes a 20 oficiales de alto rango acusados de connivencia con el narcotráfico y otros delitos, empezó a recibir acoso político desde la Asamblea Legislativa. Los partidos de derecha formaron una comisión especial para investigar a la Inspectoría General, con el argumento de que todo se trataba de una estratagema del primer Gobierno de izquierda para perseguir a oficiales provenientes del Ejército.

Parecía, sin embargo, que el presidente Funes mantenía timón firme en su intención de investigar a fondo. Parecía que, por primera vez en dos décadas, un capítulo diferente se escribiría. La Inspectoría General acumulaba expedientes contra mandos policiales, incluidos dos directores, tres subdirectores, dos jefes de la División de Investigación Criminal (DIC), un jefe del Centro de Inteligencia Policial (CIP), tres directores de la División Antinarcóticos (DAN), dos jefes del Grupo Especial Antinarcóticos (GEAN) (19), el jefe del Centro Antipandillas Transnacional (20) y varios jefes regionales.

La lista estaba formada en su mayoría por oficiales provenientes del Ejército y de los antiguos cuerpos de seguridad, lo cual en realidad no es extraño si se piensa que fue hasta 2009, cuando el FMLN ganó la Presidencia, que oficiales exguerrilleros ocuparon puestos de dirección y subdirección —salvo contadas excepciones—, o jefaturas de división; no obstante, la lista incluye a tres oficiales provenientes de las filas efemelenistas (21).

En el listado, además, hay reincidentes: oficiales que ya habían sido investigados en administraciones de los gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), incluso enfrentado procesos penales —de los que siempre salieron bien librados— por delitos como la ocultación de evidencia y obstrucción de justicia, asociaciones ilícitas relacionadas con grupos paramilitares de limpieza social o acoso sexual.

El presidente Funes, ante las acusaciones de intencionalidad política, fue enérgico en la defensa de la inspectora Zaira Navas. “¿Qué se busca con echar un manto de sospecha contra quienes están ejecutando una labor tan importante, para separar de la fuerza policial a los cómplices y colaboradores del crimen?”, cuestionó el día en que la Corte Suprema de Justicia recibió un recurso de inconstitucionalidad contra la comisión legislativa que investigaba a la Inspectoría General.

En Washington, los intentos de reforma policial y depuración emprendidos los defendió el congresista James P. McGovern (23), representante por el estado de Massachusetts del Partido Demócrata, y alguien que ha seguido de cerca la política salvadoreña desde que fue uno de los coordinadores de la fuerza de tarea dirigida por el congresista Joseph Moakley que investigó el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) a manos del Ejército en noviembre de 1989.

Patrick Leahy (24), senador por el estado de Vermont y una de las voces del Partido Demócrata más influyentes en el Senado, también respaldó su labor e introdujo un texto de apoyo al pleno en diciembre de 2009, solo seis meses después de la toma de posesión de Funes.

El congresista McGovern leyó ante el pleno de la Cámara de Representantes en Washington, el 29 de septiembre de 2010 (25): “La inspectora general Navas ha suspendido a más de 150 oficiales de policía. Estas ‘manzanas podridas’ están bajo investigación por corrupción y por sus vínculos con organizaciones criminales de narcotráfico. En lugar de apoyar este esfuerzo por limpiar la Policía, fuerzas intransigentes han decidido crear una comisión en el seno de la Asamblea Legislativa para investigar a la inspectora general. Esta acción ha sido acompañada con nuevas amenazas de muerte... Creo que la inspectora Navas está tomando acciones valientes, por lo que insto al Departamento de Estado y a la Embajada de Estados Unidos en San Salvador a seguirla apoyando en sus esfuerzos”.

En mayo de 2011, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decretó que la comisión legislativa que investigaba a la Inspectoría General era ilegal y ordenó su disolución (26). No fue de ahí de donde vino el golpe de gracia contra el único intento real de depuración y limpieza: fue el propio presidente Funes quien, en un giro radical y tras nombrar a dos militares al mando del gabinete de seguridad, a finales de 2011, permitió que estos desautorizaran todo el trabajo de investigación de la inspectora (22) Zaira Navas.

El 28 de agosto de 2012, el sucesor de la inspectora Zaira Navas, el juez Carlos Alberto Linares Ascencio, leyó ante las cámaras de la televisión salvadoreña un comunicado en el que informaba que las investigaciones contra los altos mandos de la PNC quedaban cerradas “por no existir méritos para presentar petición razonada ante el tribunal disciplinario competente” (27). No hay, ni en el comunicado ni en las declaraciones, refutaciones al fondo de las investigaciones en alguno de los expedientes abiertos contra 11 comisionados, cinco subcomisionados, dos inspectores y tres subinspectores.

Este libro aspira a convertirse en una revisión de ese ciclo de infiltración del crimen en la PNC, que inició en 1993, cuando un grupo de oficiales, desoyendo los acuerdos logrados entre el Gobierno y el FMLN, y contraviniendo las reformas de ley pactadas en los Acuerdos de Paz, ingresaron en la institución sin siquiera haberse dado de baja del Ejército y sin pasar por los filtros acordados para garantizar que no hubiesen estado involucrados en hechos criminales o en abusos contra los derechos humanos durante la guerra (28), y cuyo capítulo más reciente empezó a escribirse entre noviembre de 2011 y febrero de 2012, cuando dos generales cerraron sin mayor explicación 20 expedientes administrativos abiertos a oficiales sospechosos de haber utilizado su poder en la PNC para favorecer a las estructuras de narcotráfico y crimen organizado más poderosas de El Salvador.

Este último giro incluye, además, el regreso a los puestos más importantes de la PNC —investigaciones, la DAN, el CIP, jefaturas regionales en zonas con alta influencia del narcotráfico, incluso un intento por ocupar la agregaduría policial en Washington— de oficiales que han sido acusados en múltiples ocasiones, no solo durante el Gobierno del FMLN, sino en Gobiernos de ARENA, de pertenecer a estructuras de crimen organizado (29).

Hay además un ingrediente común a lo largo de la historia de la PNC, que es el enfoque exclusivo de la política pública de seguridad en el accionar de las pandillas juveniles o maras, la Mara Salvatrucha-13 (MS-13) y el Barrio 18, y la práctica exclusión de referencias al crimen organizado de la narrativa oficial.

No parece casualidad que los tres momentos en los que las políticas de seguridad enfocadas en el combate a las pandillas han tenido hegemonía en El Salvador coinciden, por un lado, con la ausencia de análisis e información oficial sobre crimen organizado y narcotráfico —en algunos casos, incluso negación del fenómeno—; y, por otro, con los momentos en los que la infiltración ha alcanzado los mayores niveles.

Así, el lanzamiento y ejecución de la política de Mano Dura entre 2003 y 2004, durante la administración del presidente Francisco Flores, coincide con la transformación de una de las principales bandas de contrabandistas de lácteos y personas en la zona oriental de la República en el primer consorcio de narcotráfico con capacidad de transportar droga desde Nicaragua hasta la costa este de Estados Unidos sin intermediarios. El director general que ejecutó la Mano Dura terminó expulsado de la PNC y señalado de ser cómplice de un capo del narcotráfico.

Luego, el énfasis antipandillero de la administración del presidente Elías Antonio Saca, ejecutado a través del plan Súper Mano Dura, coincidió con los primeros grandes casos públicos de diputados involucrados con operaciones de lavado de dinero y trasiego de droga, pero también en esquemas menos conocidos de extorsión de operadores políticos a bandas de narcotraficantes y de financiamientos a campañas políticas en el ámbito local.

Finalmente, cuando el general al que el presidente Funes nombró ministro de Seguridad Pública negoció una tregua entre las dos pandillas más fuertes, la MS-13 y la Barrio 18, que trajo consigo una considerable baja en el índice de homicidios, desapareció de los planes de la Policía una estrategia de persecución contra la banda de narcotraficantes y lavadores más importantes de la zona occidental del país, conocida como el cartel de Texis, que hasta entonces se había ya saldado en la captura del concejal de una alcaldía con cinco kilos de cocaína y en el arresto preventivo de un narcotraficante de la organización por parte del CIP (30).

En este último período, las autoridades de Seguridad Pública, al hablar de narcotráfico, lo asociaron siempre a las pandillas y negaron la existencia de estructuras importantes de trasiego y lavado, a pesar de que en 2013 la Policía Nacional Civil de Guatemala arrestó a un salvadoreño acusado de mover hacia Estados Unidos 10,000 kilos de cocaína (31).

Impunidad. Ocultación. Intentos de limpieza institucional que se toparon con la intransigencia de fuerzas sociales, económicas y políticas. Este libro pretende ser una crónica de esa historia de la PNC a partir de una tesis: la institución nació infiltrada por estructuras de crimen organizado que existían antes del fin de la guerra, pero también por otras que se crearon en el período comprendido entre 1992 y 1996, cuando nuevos grupos criminales formados por excombatientes de ambos bandos, pero sobre todo por redes criminales que ya en el pasado se habían lucrado gracias a sus buenas relaciones con el poder, se aprovecharon de la caótica transición de la seguridad pública del mando militar al civil para pactar esquemas de convivencia política con sucesivos mandos policiales; bandas que hicieron crecer empresas criminales prósperas basadas, sobre todo, en operaciones logísticas —tráfico de bienes—, delitos patrimoniales —secuestros y extorsión— y, en el último tramo histórico, lavado de dinero y activos.

Cuando aquel 24 de septiembre de 2010 el presidente Funes reconoció ante el pleno de la 64.ª Asamblea General de la ONU que la PNC había sido infiltrada, y con ello en parte reconocía que la reforma policial emprendida en 1992 había fallado, parecía que una oportunidad de enderezarla por la única vía posible, la de la depuración efectiva como capítulo inicial para crear la tan ansiada cultura de rendición de cuentas y respeto a la ley, empezaba a abrirse. Que, además, haya tenido la osadía política de desafiar a los poderes internos que lograron frenar la persecución real del crimen organizado al proponer la creación de una comisión internacional investigadora para suplir las deficiencias de la PNC y la Fiscalía, y que su Gobierno haya iniciado conversaciones con la ONU para tal fin,

parecía indicar que la voluntad era real.

No lo era.

El presidente Funes terminará su mandato en junio de 2014 con la PNC y los organismos de inteligencia militarizados, aun a pesar de la salida de los dos generales que dirigieron la seguridad pública hasta mayo de 2013 (32), con su política pública de seguridad orientada exclusivamente al combate de las pandillas y con una narrativa oficial que, desde los cambios en su gabinete de seguridad en 2011 y 2012, restó importancia a los temas del crimen organizado o el narcotráfico.

El presidente Funes, además, terminará su mandato con una PNC en la que los mandos y puestos más importantes han vuelto a ser copados por una élite de oficiales que se formó en la primera posguerra, la misma que ha navegado sin castigo ni rendición de cuentas las aguas de la infiltración criminal.

El presidente Funes dejará a su sucesor una PNC con los mismos males con los que la encontró. Y un Estado tan infiltrado como lo ha estado siempre. Quizá más.

Este texto pertenece al libro “Infiltrados, crónica de la corrupción en la PNC (1992-2013)”, UCA Editores, San Salvador, 2013. Se reproduce con la autorización de UCA Editores, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

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