La colosal diferencia de precio entre el costo de producción y venta de droga al detalle en las calles de Estados Unidos y de Europa, debido a la prohibición de portación, consumo y venta, produce un superávit tan grande de dinero ilícito, que productores y distribuidores usan para amasar inmensas fortunas y para comprar lo que sea necesario para llevar su producto al mercado objetivo: personas, sociedades, países...

Estados Unidos pelea desde hace años una guerra que no puede ganar, como es la de evitar que la droga llegue a su territorio, en alianza con los gobiernos de “los países corredor”, Centroamérica y México principalmente, por los cuales transita la droga, desde Colombia y Venezuela.

Su forma de lucha es aportando unos cientos de millones para reforzar la capacidad de los países de combatir el tráfico de estupefacientes.

Los países corredor no están bien equipados para combatir el narcotráfico, ni sus organismos de represión, ni sus sistemas judiciales, ni la solidez de sus estructuras del Estado. Hay tanto dinero de por medio, que con relativa facilidad logran corromper sociedades enteras, gobiernos, sistemas policiales, judiciales, niños, jóvenes y familias enteras, que matan porque pase esa droga y se matan entre sí por el control de territorios que al final es dinero.

Según el reporte de Steven Dudley, del Woodrow Wilson International Center for Scholars, en un documento extenso llamado “Crimen organizado en Centroamérica, el Triángulo Norte”, se analiza con cifras la relación entre las organizaciones que trafican drogas (DTO, en inglés) y los transportistas que solo transportan, en el Triángulo Norte.

Afirma el estudio que esas organizaciones han penetrado diferentes estratos de los Estados, Policía, Ejército, aduanas, fiscales, jueces, sistemas carceleros y la protección de las más altas instancias.

Las organizaciones criminales superan económicamente la capacidad de los gobiernos y la ayuda de Estados Unidos, los frustra igual que a los gobiernos locales, notablemente en Guatemala y Honduras en que las autoridades han perdido el control de importantes porciones de su territorio.

En Guatemala Naciones Unidas apoyó la creación de la CICIG, instancia con apoyo internacional para investigar casos de alto perfil, con altos poderes, capacidad de bloquear jueces cuestionados. Con todo eso, el crimen organizado está muy infiltrado y los buenos terminan asesinados y no se sabe más.

Honduras está igual o más infiltrada. El modus operandi es diferente, pero en ambos, se dan refriegas a tiros en cualquier lugar público.

El Salvador juega un menor papel, por el tamaño de su territorio, la ruta que sigue es de Honduras a Guatemala, pasando por Metapán por puntos ciegos o la frontera. Se encuentran pistas clandestinas cercanas a la frontera con Guatemala y siempre ha estado presente la llegada por el golfo de Fonseca y playas. Para funcionar, como en todo lugar, el transporte de la droga cuenta con protección policial y más alta. Ha habido menos sangre; entonces se habla poco de ello, se habla más de las maras, que son las que tienen copado el país.

La solución real es que la droga se legalice en Estados Unidos y se trate como un problema de salud pública, se venda en farmacias y distribuidores autorizados legalmente a un precio un poco mayor que el costo, infinitamente más bajo que el clandestino. Con ello se terminaría el dinero ilícito que causa tanta sangre y muerte en el corredor centroamericano y México.

Mientras eso no se dé, podríamos intentar una solución a la Ortega, “pasen pronto, no dejen droga, dinero ni muertos en mi territorio”.

Podríamos hacerlo más institucionalmente: entren por la frontera de Honduras, sellamos los contenedores y los custodiamos con monitoreo ciudadano hasta la frontera de Guatemala. Así, se convierte en problema del vecino. Si lo hacemos todos los países del corredor hasta EUA se aceleraría la legalización allá.