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Inicia etapa final del arbitraje con Pacific Rim

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Varado. El Gobierno de El Salvador no autorizó la explotación de la mina El Dorado y los trabajos fueron suspendidos.

Acusaron al Estado de irrespetar derechos de inversionista. FGR insiste en que no cumplieron todos los requisitos.

15 de Septiembre de 2014 a la(s) 6:0 / Lourdes Quintanilla

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El arbitraje que promovió una empresa minera de capital canadiense en contra del Estado salvadoreño inicia las audiencias finales este día.

Pacific Rim, que en 2013 pasó a ser propiedad de Oceana Gold, promovió un proceso de arbitraje en contra del Estado salvadoreño en 2009. El caso se ventila en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y el tribunal terminó de establecerse en 2010.

Benjamín Pleités, secretario general de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo que este día iniciarán con las audiencias finales, en las que se abordará el fondo de la demanda y se espera preparar todo para un futuro laudo.

Pacific Rim alegó que el Gobierno no dio los permisos de explotación de la mina El Dorado, en Cabañas, aún cuando el proceso había avanzado. Así, consideraron que no se cumplieron sus derechos de inversionista.

Pleités explicó que han reunido la documentación para probar que la minera no obtuvo los permisos necesarios, ni tampoco tenía derecho alguno (propiedad, arrendamiento, etc.) sobre el área completa para el proyecto.

“No es que El Salvador no se los haya querido dar, es que no agotaron la vía legal, como establece la ley de hidrocarburos y minas”, explicó Pleités.

En el Centro Nacional de Registros (CNR) encontraron que la empresa tenía derechos sobre 1.6 kilómetros (km) de área, pero el proyecto requería 12.5 kilómetros.

Asimismo, Pleités detalló en que la empresa debía presentar al Ministerio de Economía (MINEC) un estudio de factibilidad para la explotación de la mina, pero remitieron uno de prefactibilidad.

Por otro lado, “el estudio de impacto ambiental no fue autorizado” por el Ejecutivo, de acuerdo con Pleités.

Las audiencias toman aproximadamente una semana, pero la resolución definitiva de los jueces, o laudo, se conocerá en 2015.

La empresa solicitó una compensación de más de $300 millones por el proyecto fallido. El Gobierno, por su parte, pidió que asuman el gasto por el arbitraje.

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