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Exfiscal Antilavado acusado de corrupción

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Juzgados. El Tribunal Especializado de Instrucción de San Miguel procesa a un grupo de abogados y varios exempleados judiciales ligados al mismo caso de corrupción.

La hipótesis de la FGR es que estructura, con participación de jueces especializados, negociaba la devolución de dinero incautado en casos de blanqueo para repartírselo. Los acusan de 24 casos.

25 de Noviembre de 2015 a la(s) 6:0 / Suchit Chávez

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer una segunda fase de investigación del caso que ha denominado “corrupción judicial” y que involucra la supuesta repartición de dádivas entre fiscales, abogados defensores y jueces del oriente del país. Se trata de 13 nuevas órdenes de captura contra abogados, algunos ya procesados en la primera fase del caso.

Entre los acusados de nueva cuenta, tal como lo publicó este periódico ayer, están los exjueces especializados de San Miguel Enrique Beltrán y Jorge González; así como el exjuez suplente Rodolfo Castillo, para quien la Fiscalía solicitará un antejuicio debido a que él no ha sido removido definitivamente de su cargo por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Entre los nombres que más sobresalen en la acusación que la Fiscalía ha planteado está el exfiscal Antilavado Arturo Magaña Figueroa, a quien la Fiscalía responsabiliza de “negociar” algunos casos de blanqueo de capitales que se llevaron en los juzgados especializados de San Miguel.

El jefe de la División de Intereses de la Sociedad de San Salvador de la FGR, Julio Arriaza, detalló ayer que en total giraron 13 órdenes de captura: siete se concretizaron y el resto no. Entre los que no han sido detenidos están el exjuez González, el exfiscal Magaña Figueroa, el también exfiscal Franklin Velásquez Zúñiga (también procesado en el primer caso), el abogado particular Marvin William González Martínez (quien se desempeñó como regidor en la Alcaldía de San Miguel durante la administración de Wil Salgado), el abogado Luis Santiago Escobar Rosa (exdirectivo del Club Deportivo Dragón) y el también abogado José Ernesto Romero Fuentes.

Parte de la acusación se fundamenta en la declaración de un testigo con beneficios penales a cambio de su confesión (criterio de oportunidad), con la clave “Ades”, quien señaló que los abogados negociaron algunos casos de lavado para obtener en devolución el dinero incautado y repartírselo.

Arriaza aseguró que son 24 casos en los que los acusados participaron. Ayer se dieron detalles de tres. El primero es la devolución de $95,000 que supuestamente ordenó el juez Castillo y que se repartieron entre él y los entonces jueces Beltrán y González; el entonces fiscal Magaña Figueroa y el abogado defensor Tomás Flores Sosa, quien está entre los detenidos y es hermano del exdirector del ISSS Leonel Flores.

La estrategia supuestamente empleada por los acusados implicaba obtener absoluciones para las personas procesadas por lavado de dinero, quienes eran extranjeras. “Estas personas, al salir, lo que hacían era regresarse a sus países”, dijo Arriaza.

Luego de que los extranjeros retornaban a sus países, “(los acusados actuales) coordinaban la devolución del dinero”, dijo el jefe fiscal. En algunas ocasiones, agregó, se echó mano de escritos falsificados para hacer constar que eran las personas absueltas quienes solicitaban al juzgado la devolución de los fondos.

El segundo caso se trata de la detención de la guatemalteca Luz Amelia Labraña Carrillo, en mayo de 2009, con $42,959, en la frontera El Amatillo. La extranjera fue absuelta, Magaña Figueroa impugnó la absolución y la Sala de lo Penal de la CSJ ordenó un nuevo juicio en 2011. Según la FGR, esos fondos finalmente se repartieron entre Castillo, Beltrán, González, Magaña Figueroa y el abogado Héctor Antonio Chévez Morataya, quien supuestamente efectuó el poder judicial falso para reclamar el dinero a nombre de la guatemalteca.

El testigo criteriado, según consta en documentos judiciales, relató que Magaña Figueroa decía que parte de los fondos de los que se apropiaba era destinada hacia “su jefe”. El jefe fiscal de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR en ese momento era Rolando Monroy Síntigo, quien renunció a su cargo en febrero de 2013, pocos meses después del ingreso de Luis Martínez como fiscal general.

Fuentes judiciales confirmaron en ese momento que cuando Monroy Síntigo dejó la UIF, también lo hizo Magaña Figueroa.

Cuando se le preguntó a Arriaza por qué el exjefe de la UIF no está contemplado entre los acusados, contestó: “La investigación continúa, no es el cierre de los casos de oriente. En la fase instructora podemos esclarecer unos hechos más”. Según Arriaza, también debe definirse si cuando Magaña Figueroa decía “mi jefe” se refería efectivamente a Monroy Síntigo.

La Fiscalía también achaca que Beltrán, Magaña Figueroa y los abogados Elliot Abraham Asturias Umanzor y José Ernesto Romero Fuentes se repartieron el dinero incautado a tres mujeres nicaragüenses, quienes fueron arrestadas con $152,000 el 13 de mayo de 2009 cuando cruzaban la frontera El Amatillo, procedentes de Guatemala y con rumbo a Managua (Nicaragua).

Las tres mujeres fueron absueltas y el Tribunal Especializado de Sentencia de San Miguel ordenó la devolución del dinero. Magaña Figueroa impugnó la sentencia ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, que desestimó el recurso.

Parte de la hipótesis de la FGR es que Magaña Figueroa se oponía ante dichas decisiones judiciales mediante recursos, “pero ya se sabía que la resolución que se le iba a dar era favorable a los intereses de estas personas (imputados)”, dijo Arriaza.

Entre los otros casos que se les imputan, según la Fiscalía, hay procesos por homicidios y otros delitos, cuyos fallos supuestamente fueron favorables a los imputados a cambio de dinero.

Otro de los acusados es Wálter Antonio Platero Silva, quien era el propietario de una embarcación de nombre “Atoche”, en la que agentes Antinarcóticos encontraron en 2008 una tonelada de cocaína. Platero Silva fue procesado junto con nueve personas más, pero fue el único absuelto del caso por el Tribunal Especializado de Sentencia de San Miguel.

Otro de los acusados es Luis Guillermo Flores, quien también está procesado en la primera fase del caso y que años atrás fungió como defensor de Reynerio de Jesús Flores Lazo, condenado a 80 años de prisión por tráfico de drogas.

Fases del caso

Inicio del caso

En julio de 2014, la FGR acusó a los tres jueces especializados de San Miguel de favorecer a acusados a cambio de dinero. El caso se originó a través de escuchas telefónicas e implicó la acusación de abogados y fiscales; y otros casos derivados.

Destitución

En mayo de este año, Enrique Beltrán Beltrán fue destituido como juez Especializado de Sentencia por la CSJ, por el caso de corrupción judicial. Un mes después, Jorge González también fue destituido, pero por una infracción en un caso de 2008.

“(Magaña) es la persona que señala el criteriado que emitía opinión oponiéndose, pero ya se sabía que la resolución que se le iba a dar era favorable a los intereses de los imputados”. Julio Arriaza jefe FGR de la División de Intereses de la Sociedad
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