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Reformas a Ley de Lavado aplican a todos

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A casi un mes de la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Lavado de Dinero y de Activos, persisten muchas dudas respecto a su implementación.

30 de Noviembre de 2015 a la(s) 6:0 / El Centro de Estudios Jurídicos

La ley lista a los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley, pero en el último numeral del artículo 2 incorpora a todos los sectores económicos al decir: “Cualquier otra institución privada o de economía mixta y sociedades mercantiles”. En otras palabras, cualquier entidad del sector formal estaría obligada al cumplimiento de la norma independientemente de la naturaleza de su giro, tamaño y rama económica a la que pertenezca.

Esto ha provocado que la comunidad empresarial en general tenga dudas sobre la declaración que deben presentar ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía. En realidad a estas alturas ni la misma UIF tiene claro cómo es que los sujetos obligados cumplirán con sus obligaciones legales para informar las operaciones y nombrar a un oficial de cumplimiento para su supervisión.

¿Cómo se informa? ¿Cómo se nombra al oficial de cumplimiento? ¿Quién certifica a la persona como oficial de cumplimiento? Y así, ad infinitum, se presenta una larga cadena de preguntas e inquietudes respecto a las cuales el sector empresarial sigue sin encontrar respuestas.

De acuerdo con la normativa, el oficial de cumplimiento debe designarse con independencia del sector económico que desarrolle el sujeto obligado. Basta con encontrarse mencionado en el art. 2, y “estar supervisado por institución oficial, en el curso ordinario de sus negocios” para estar obligado a nombrar uno.

Según el artículo 14 de la ley, el oficial de cumplimiento deberá estar certificado por parte de la Fiscalía en materia de prevención de lavado de dinero y de activos, financiamiento del terrorismo y tener dos años de experiencia en dichas ramas, además deberá ostentar un cargo gerencial, contar con habilidades y conocimientos sobre aspectos jurídicos, negocios y controles, y adicionalmente contar con grado académico universitario. Será complicadísimo cumplir con tales especificaciones.

Por otra parte, es obvio que este nuevo cargo dentro de las empresas generará un costo económico, ya que deberá contratarse ese personal que probablemente no se tiene. Es una realidad que son muchas las empresas que en nuestro país no tienen las condiciones económicas para contratar nuevas plazas.

Además de lo anterior, las empresas deberán mantener sus soportes contables por un plazo de 15 años, lo cual conlleva un costo administrativo nada despreciable, principalmente para aquellas que poseen voluminosos registros contables, tales como los supermercados y los demás vendedores de bienes al detalle.

Finalmente, las empresas se deben inscribir ante la UIF a efecto de obtener un carné mediante el cual se hará constar que ha cumplido con el proceso de acreditación para realizar trámites en las instituciones financieras. Si no gozan de ese “visto bueno”, las empresas no podrán tener acceso a beneficios tan básicos como abrir una cuenta bancaria o adquirir un crédito.

A las dudas antes apuntadas, se suma el hecho de que a escasos días de ser exigibles las reformas, la UIF no ha publicado un instructivo que oriente y facilite el cumplimiento de la normativa, con el agravante que únicamente se tiene hasta el 30 de diciembre para llevar a cabo el proceso de inscripción ante la UIF.

Aunque la ley tenga como objetivo prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito del lavado de dinero y de activos, así como su encubrimiento, la falta de reglas claras puede tergiversar el propósito inicial de la norma y convertirlo en un infortunado instrumento de persecución si no se realizan los ajustes pertinentes, se generan los instructivos correspondientes y se educa de verdad sobre su aplicación.

Una prórroga al período de vacatio legis debe ser considerada.

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