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FGR resguardará lo incautado en Mossack Fonseca

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Investigación. La Fiscalía General de la República realiza desde el viernes las investigaciones en la sede de Mossack Fonseca.

Representantes de la Fiscalía secuestraron varios equipos informáticos que serán investigados. El bufete panameño, por medio de un comunicado oficial, externó su posición de colaborar con investigaciones salvadoreñas.

10 de Abril de 2016 a la(s) 6:0 / Mauricio Qüehl

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La Fiscalía General de la República (FGR) continuó ayer con el allanamiento que desde el viernes lleva a cabo en la sede del bufete legal panameño Mossack Fonseca en El Salvador, ubicado en el Paseo General Escalón, de esta ciudad. Representantes de la Fiscalía siguieron con el proceso de investigación ayer durante la madrugada y se extendió hasta en horas de la mañana.

Mediante una publicación colgada en su red de Twitter, la Fiscalía confirmó el “secuestro de diversos elementos que estarán en resguardo total de la institución, con el aval del juez correspondiente”.

Durante el proceso se incautaron un total de 36 equipos informáticos CPU (computadoras), un servidor y documentación variada, como contratos de arrendamiento de locales.

También fueron retenidos documentos membretados solo con firma del representante legal de Panamá y sello de alto relieve de Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas, informó la institución.

La firma panameña Mossack Fonseca & Co. se ha visto envuelta en una serie de escándalos por la filtración de millones de documentos que involucran a políticos, deportistas y otras personalidades con empresas “offshore”, algunas de las cuales, presuntamente, buscarían evitar el pago de impuestos.

En nuestro país, el sitio web El Faro ha publicado que hay 33 salvadoreños relacionados con el bufete Mossack Fonseca y que, a su vez, están relacionados con poco más de 200 empresas en paraísos fiscales.

En ese contexto, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, anunció a inicios de la semana que había ordenado la apertura de una investigación por el caso que ha sido denominado los “papeles de Panamá”.

“Desde este lunes 4 de abril, después de la publicación de un periódico digital el domingo por la noche, giré la orden de abrir un expediente para realizar las respectivas investigaciones y determinar si hay o no delitos, ya que la creación de empresas ‘offshore’ no es ilegal”, dijo el fiscal Meléndez el 7 de abril anterior.

Los “papeles de Panamá” es una investigación a gran escala efectuada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), en la que han trabajado de forma simultánea más de 350 periodistas de cerca de 80 países de todo el mundo con documentación extraída de los archivos privados del bufete panameño.

Los datos originales sustraídos fueron entregados a periodistas del diario alemán Süddeutsche Zeitung, quienes los compartieron con el ICIJ.

Dispuestos a colaborar

Por su parte y a través de un comunicado oficial, el director de relaciones públicas de Mossack Fonseca & Co., Carlos Sousa, lamentó desde Panamá el proceder de la Fiscalía General de la República en El Salvador que, según da a conocer en el documento, allanó sus oficinas sin previo aviso.

“Lamentamos no haber sido contactados previamente a nuestras oficinas para ofrecer la debida aclaración en relación con los supuestos falsos que fueron divulgados en El Salvador. Contrario a esto, se iniciaron una serie de especulaciones y distribución de información incorrecta a todo el país... Creemos en la libertad de expresión, pero este tipo de publicaciones, sin la debida verificación de la misma, solo contribuye a generar confusión y desinformación del público en general”, se lee en el comunicado, que consigna la rúbrica del publirrelacionista Sousa.

En el mismo comunicado, Mossack Fonseca & Co. hace constar que está en la disponibilidad de cooperar con las investigaciones que se llevan a cabo en torno a este caso, a fin de que se llegue a esclarecer a la mayor brevedad posible.

“Mossack Fonseca está siempre dispuesta a cooperar con las autoridades que soliciten información por los canales legalmente establecidos y cumpliendo con los requerimientos de la legislación respectiva, con el fin de que se aclare toda esta situación lo más pronto posible”, reza parte del escrito.

El bufete jurídico aclara, a su vez, en el comunicado que no tiene intenciones de cerrar operaciones en El Salvador y que, por el contrario, en las últimas semanas ha realizado diversos trabajos de adecuación para la mudanza a un nuevo local, sin especificar el lugar a donde trasladaría su oficina.

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