El Salvador - Abril 29, 2017

LPG Radio

Clasificados

Sala habilita a juzgar crímenes de la guerra civil

Judicial
  • El Salvador
  • / Judicial

Justicia. LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL SEÑALÓ QUE EN LOS ACUERDOS DE PAZ, FIRMADOS EL 16 DE ENERO DE 1992, NO SE HIZO NINGUNA ALUSIÓN EXPRESA A LA AMNISTÍA Y QUE SE PACTÓ COMBATIR LA IMPUNIDAD.

La Ley de Amnistía fue declarada inconstitucional porque impedía juzgar delitos de lesa humanidad. Sala Constitucional resolvió que crímenes de guerra no han prescrito.

14 de Julio de 2016 a la(s) 6:0 / Jessica Ávalos/Luis Laínez/ Equipo de Política

Todos los crímenes de guerra, señalados en el informe de la Comisión de la Verdad, así como otras graves violaciones a los derechos humanos, cometidas tanto por la guerrilla como por el Ejército durante la guerra, no han prescrito y podrán ser investigados y juzgados. Así lo sentenció ayer la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, que por 23 años obstaculizó el enjuiciamiento de esos casos.

La Comisión de la Verdad registró más de 22,000 denuncias de graves hechos de violencia ocurridos en El Salvador durante el período de enero de 1980 a julio de 1991. Más del 60 % corresponde a ejecuciones extrajudiciales; 25 % a desapariciones forzadas; y más de 20 % a denuncias de tortura. El 85 % de los testimonios adjudica la responsabilidad a agentes del Estado, grupos paramilitares y escuadrones de la muerte.

Efectivos de la Fuerza Armada fueron acusados en casi 60 % de las denuncias; cuerpos de seguridad, 25 %; y escuadrones de la muerte, más del 10 %. El 5 % de los casos, al FMLN.

“No gozan de amnistía y están sujetos a investigación, juzgamiento y sanción, todos los hechos sucedidos desde el 1-VI-1989 al 16-I-1992, cometidos por funcionarios públicos, civiles o militares”, resolvió la sala.

La sala basó su resolución en que los crímenes de lesa humanidad, según el derecho internacional, no prescriben, por lo que no pueden existir normativas internas que impidan investigarlos, “dejando en la impunidad semejantes crímenes, los cuales están sujetos en toda circunstancia a la persecución, extradición, juzgamiento y sanción penal de los responsables, por lo que no pueden ser objeto de amnistía o indulto”, según un comunicado de dicho tribunal.

Los magistrados también hicieron ver que cuando se habla de crímenes de guerra o de lesa humanidad no se trata de crímenes cometidos individualmente, “sino que los autores materiales o directos generalmente actuaron bajo la dirección de los jefes máximos de las estructuras militares, paramilitares y guerrilleras a las cuales pertenecían”, señalaron en el comunicado. Por lo tanto, de acuerdo con el comunicado, debe responder tanto quien los ejecutó como quien los maquinó, ya sea como oficial del Ejército o comandante de la guerrilla.

Queda vigente, según esta resolución, la Ley de Reconciliación Nacional de 1992. Y la sala aclara que la amnistía sigue siendo aplicable para quienes no hayan participado en crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos. La Asamblea, advirtieron los magistrados, no podrá emitir otra ley que, como la que ha sido expulsada del ordenamiento jurídico, conceda indultos o amnistías irrestrictas, porque el Órgano Legislativo no está habilitado para dar amnistías irrestrictas, absolutas e incondicionales, desconociendo las obligaciones constitucionales e internacionales que tienen los Estados en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales.

La sentencia fue firmada por los magistrados propietarios Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y el suplente Eliseo Ortiz. El magistrado Belarmino Jaime votó disidente. La sala informó que publicará resolución completa hasta que haya notificado a todas las partes.

La sala eliminó la Ley de Amnistía un día antes de que el pleno de la Corte Suprema someta a votación si accede a extraditar o no a los militares requeridos en España por la masacre de los sacerdotes jesuitas.

Ya en 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había sentenciado, en su fallo sobre la masacre de El Mozote, que la Ley de Amnistía no debía representar un obstáculo para la investigación de graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, nadie ha sido procesado desde entonces.


“Error político”, dice ministro

Uno de los funcionarios que fue más categórico en reaccionar ayer ante el fallo es el actual ministro de la Defensa, David Victoriano Munguía, quien calificó la sentencia como “un error político”.

“La Ley de Amnistía, de alguna manera, facilitó la reconciliación nacional y no quiero pensar que una derogatoria de la ley pudiera venir a poner al país de cabeza y nos pudiera enfrentar, nuevamente ideológica y socialmente, y que se convirtiera esto en una cacería de brujas y desestabilizar el contexto político”, declaró Munguía.

La presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, dijo que esperaría a leer con detalle la resolución y a conocer el razonamiento del voto disidente. “Hay que leer con calma a sabiendas de que a veces declaran (los magistrados) cosas incongruentes”, dijo y esgrimió el argumento al que muchos sectores apelan al hablar de lo ocurrido durante el conflicto armado: “Esas heridas hay que sanarlas, no se trata de despertar más odio”.

Jorge Velado, presidente del partido ARENA, publicó en redes sociales que su partido esperaría “conocer las sentencias y estudiar sus alcances antes de emitir declaraciones”. El único tricolor que opinó fue el diputado Rodrigo Ávila, quien dijo: “Esto sería muy delicado para el país, porque recordemos que, inclusive, altos funcionarios de este gobierno básicamente fueron beneficiados por la Ley de Amnistía”.

Rodolfo Parker, secretario del PDC, consideró, por su parte: “Estarle generando esa carga al país, no van en una dirección conveniente. Si lo tengo que resumir en una palabra, yo diría un fallo anacrónico, un fallo fuera de contexto y que no va en la dirección de las necesidades históricas del país”.

Informe de Comisión de la Verdad

FDR

Asesinato de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario.

RELIGIOSAS

Asesinato de cuatro religiosas estadounidenses por parte de miembros de la Guardia Nacional.

ROMERO

Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba misa en la Capilla del Hospital de la Divina Providencia. La orden del asesinato fue dada por el mayor Roberto d'Aubuisson a miembros de su entorno de seguridad, actuando como escuadrón de la muerte.

GUAYOJO

Masacre de San Francisco Guajoyo, el 29 de mayo de 1980, efectivos de la Segunda Brigada de Infantería masacraron a 10 miembros de cooperativa.

EL JUNQUILLO

El 12 de marzo de 1981, soldados y miembros de la Defensa Civil de Cacaopera atacaron a la población donde solo había mujeres, niños y ancianos.

Calabozo

Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atlácatl asesinó a más de 200 personas, el 22 de agosto de 1982.

Atentados

Atentados dinamiteros contra el local del Comité de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador (COMADRES) y FENASTRAS.

Río Sumpul

El 14 de mayo de 1980, por parte del Destacamento Militar Número 1, Guardia Nacional y de la Organización Nacional Democrática (ORDEN). Fueron asesinadas no menos de 300 personas no combatientes que intentaban cruzar el río.

“Si lo tengo que resumir en una palabra, yo diría un fallo anacrónico, un fallo fuera de contexto y que no va en la dirección de las necesidades históricas del país”. Rodolfo Parker diputado del PDC
Más de tu interés
Videos Patrocinados

Estimados lectores

LA PRENSA GRÁFICA mantiene la disposición de dejar sus canales de comunicación abiertos para la libre expresión de nuestras audiencias sobre cualquier tema publicado en nuestras plataformas digitales. Sin embargo, hemos leído comentarios ofensivos así como discusiones bastante negativas que contradicen el sentido de la libre expresión.

Les invitamos a hacer buen uso de este espacio generando discusiones sanas y con respeto, ya que al detectar ofensas o calumnias nos vemos en la obligación de borrar los mensajes.