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Sala frena cargo del 13 % a la electricidad

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Admisión. La admisión de la demanda en contra del cargo del 13 % fue firmada por cuatro propietarios de la sala y el suplente del presidente (al centro).

Sala dijo que estudiará si el cargo del 13 % a la energía es un impuesto, ya que sería inconstitucional porque solamente la Asamblea Legislativa tiene la atribución de decretar impuestos.

14 de Julio de 2016 a la(s) 6:0 / Ezequiel Barrera

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El cargo adicional del 13 % a la facturación de energía eléctrica que el Gobierno pretendía cobrar, si la junta de directores de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) lo aprobaba, quedó en pausa hasta que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva si el cargo es inconstitucional, como lo planteó la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) en una demanda de inconstitucionalidad.

La sala recibió esa demanda de inconstitucionalidad el pasado 29 de junio, pero cinco magistrados la admitieron ayer por la mañana al estudiarla y concluir, por unanimidad, que cumplía con todos los requisitos necesarios para la admisión.

“Admítase la demanda a efecto de determinar si el cargo para la inversión social, contenido en los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo Número 39, constituye realmente un impuesto consistente en el 13 % del valor del precio promedio de la energía eléctrica trasladable a las tarifas”, dice la resolución de admisión de la demanda.

De acuerdo con el fallo, el decreto ejecutivo que procuraba reformar el artículo 67 de la ley general de electricidad, bajo el argumento de recaudar dinero para la inversión social, podría ser inconstitucional al violentar dos incisos del artículo 131 de la Constitución de la República, que establecen que la Asamblea Legislativa es la única que tiene la atribución de decretar impuestos.

Según la Constitución, esa competencia es exclusiva, y ni siquiera puede ser asumida por la Presidencia de la República y mucho menos por otras instituciones del Estado.

“Le corresponde a la Asamblea Legislativa decretar impuestos, tasas y demás contribuciones sobre toda clase de bienes, servicios e ingresos”, dice el inciso 6 del artículo 131 de la Constitución.

El artículo 67 de la ley de electricidad que el Gobierno pretendía reformar establece que “los cargos se basarán en el cálculo de los costos de inversión, operación y mantenimiento de la red de distribución (de energía)”, pero el decreto modificaba esa redacción introduciendo la inversión social como parte de los cálculos para establecer el cargo que se debería trasladar a la facturación.

En la resolución la sala también explicó que estudiará la preocupación del demandante sobre el paradero de los fondos que serían recaudados por el cargo del 13 %.

“El demandante manifiesta que los recursos se llevarán a un fondo que ni siquiera es un presupuesto especial, evadiendo su control legislativo”, explicó la sala a través de un comunicado.

La pausa en que quedó la aplicación del cargo del 13 % a la facturación de energía eléctrica es indefinida, ya que la sala determinará si en efecto es un impuesto decretado por el Ejecutivo.

Por su parte, el Gobierno difundió ayer un comunicado en el que señalaba a la Sala de lo Constitucional de “frenar el desarrollo energético de El Salvador” y de oponerse a “modernas fuentes de energía amigables con el medio ambiente, y pensando en las futuras generaciones” (ver más detalles en la nota de la página 4).

El Gobierno, antes de la admisión de la demanda en la sala, todavía tenía un obstáculo que superar para aplicar el cargo. Ese obstáculo era convencer a la junta de directores de la SIGET, entre los que está incluido un representante de la ANEP, que aprobara el cargo a la facturación. Esa aprobación tendrá que esperar a que la sala resuelva si es inconstitucional el cargo.

En la admisión la sala también le ordenó al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, que en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de hoy, rinda un informe en el que aclare de forma argumentada si existe o no la inconstitucionalidad del cargo a la facturación, en relación con la supuesta vulneración. La sala también le pidió al fiscal general, Douglas Meléndez, que se pronuncie sobre la demanda.

La demanda fue admitida por cuatro magistrados propietarios y Eliseo Ortiz, suplente del magistrado Armando Pineda Navas.

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