El Salvador - Abril 27, 2017

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PNC justifica estupro porque víctimas consintieron

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Remuneración. Los cuatro clientes de la red capturados, entre ellos el “Gordo Max”, fueron acusados únicamente por pagar por servicios sexuales.

Subinspectora de la Policía dijo que las víctimas fueron engañadas para consentir los servicios sexuales. A pesar de que fueron engañadas, los imputados no han sido acusados de estupro o violación.

5 de Enero de 2017 a la(s) 6:0 / Ezequiel Barrera

La Policía Nacional Civil (PNC) argumentó ayer que las menores de edad víctimas de trata “iban con consentimiento” a los encuentros sexuales con el locutor y presentador de televisión Alejandro Maximiliano González Jiménez, mejor conocido como “Gordo Max”; con el empresario Ernesto Regalado, Luis Alonso Marroquín y Salvador Enrique García Arévalo; y que por esa razón no fueron acusados de estupro o violación en contra de menor incapaz. Eso a pesar de que el Código Penal en su artículo 163 establece que “el que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal mediante engaño, con persona mayor a quince años y menor a dieciocho años, será sancionado con prisión de cuatro a diez años”.

Tras la investigación, que inició en 2012, los únicos clientes capturados, hasta ahora, han sido acusados del delito de remuneración por actos sexuales o eróticos, es decir, solamente por pagar por relaciones sexuales y no por tenerlas con menores de edad.

“¿Por qué no se configura como violación o estupro? porque esos son delitos que tienen que ver con la libertad sexual de las mujeres, en el que hay algún tipo de coacción para ejercerse. Pero en el acto de entregar dinero para tener relaciones sexuales hay un consentimiento. Pero que no es un consentimiento real porque es una menor de edad, y obviamente las tratantes manejan diferentes tipos de psicología para que estas mujeres estén en la red de servicios sexuales”, dijo la subinspectora de la Unidad de Trata de Personas de la Policía, Ana Herrera.

La subinspectora agregó que, en el fondo, la Fiscalía General de la República (FGR) es la que decidió acusar solamente por ese delito a los clientes de la red de trata de personas, ya que la Policía se limitó a colaborar en la investigación.

“La Fiscalía es la que lleva el caso en la etapa judicial, es la Fiscalía la que debe considerar si se configura el delito de estupro o violación. Si eso se da, el juez tendrá que valorar y es el que tiene la decisión final de aplicar ese delito. Lo que podemos decir es que no se ha acusado porque cuando (los clientes) pagaron, las víctimas iban con consentimiento, aunque con engaños”, dijo.

Violeta Olivares, jefa de la Unidad Especializada de Trata de Personas de la Fiscalía, dijo el lunes que no los han acusado de estupro o violación porque “esa conducta ya fue condenada en otro proceso judicial”, cuando ocho miembros de la red de trata fueron condenados por engañar a menores de edad para que ofrecieran servicios sexuales a los cuatro clientes capturados; y otros que aún son buscados por la Policía para que enfrenten un proceso judicial.

La subinspectora de la Policía dijo que aún no puede revelar quiénes son los demás clientes de la red de trata, pero que Policía y Fiscalía continúan las investigaciones y, agregó, que en los próximos días podría haber más capturas relacionadas al caso.

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, coincidió con la subinspectora diciendo que no descarta más capturas de clientes de la red.

“No debe descartarse más capturas en el caso de trata. Las investigaciones continúan, y siempre salen más personas relacionadas en esas investigaciones”, dijo el ministro de Justicia.

Ramírez Landaverde también agregó que a la Policía le pareció “extraño” que en la investigación inicial solamente se buscara a los dirigentes de la red de trata y se dejara de lado a los clientes.

“Esta es una investigación que ya lleva varios años. A nosotros, en la Policía, nos pareció extraño que en la investigación solamente se destinaran esfuerzos a desmantelar la red y no proceder en contra de los clientes. Pero por respeto a la investigación que dirigía la Fiscalía, no dijimos nada”, dijo el funcionario y señaló: “Ahora sí se ha procedido con lo que quedaba pendiente, que eran los clientes y que no tenían que quedar fuera del proceso”.

ISDEMU pide acusación más severa

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) lanzó ayer en sus redes sociales un pronunciamiento sobre el caso, en el que pidió a la Fiscalía y a la Policía que no se queden con la acusación de remuneración por actos sexuales o eróticos y que investiguen las “otras conductas delictivas” de los cuatro capturados.

“Frente a la grave vulneración que estos crímenes implican en la vida de las sobrevivientes, instamos a la Fiscalía General de la República que investigue sobre el cometimiento de otras conductas delictivas vinculadas a los hechos imputados a los detenidos, tales como violación en menor incapaz u otras formas de violencia sexual contempladas en el marco normativo salvadoreño”, dijo el ISDEMU.

El instituto añadió que el Consejo Nacional contra la Trata de Personas debe estar vigilante del proceso judicial y también garantizar justicia restaurativa a todas las víctimas de esta red.

“Es necesario que las instituciones, en especial el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, tome medidas efectivas para garantizar procesos de justicia restaurativa para las víctimas”, dijo ISDEMU.

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