El Salvador - Mayo 28, 2017

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La paz como paradoja

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Han pasado 25 años desde la firma de los Acuerdos de Paz y la política ha estado marcada por contradicciones. Quince años atrás el FMLN consideraba que los acuerdos estaban incumplidos y se negaba a asistir a su conmemoración. Ahora, los celebrará con un concierto. Y si la no militarización de la seguridad pública fue un eje medular de los acuerdos, hoy los militares patrullan en las comunidades y pueblos de El Salvador.

15 de Enero de 2017 a la(s) 11:40 / Un reportaje de Valeria Guzmán Fotografías de Archivo

“No voy a irme a sentar en calidad de bulto, robotizado como idiota ahí aplaudiendo, ¡me rebelo!”, dice Roberto Cañas, emocionado, cuando se le pregunta sobre su asistencia al acto de conmemoración de los 25 años de los Acuerdos de Paz que él negoció y firmó.

Roberto Cañas fue uno de los 10 miembros de la comisión del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que negociaron con el Gobierno los pactos bajo los cuáles se dio fin a la guerra civil. Fue comandante de la Resistencia Nacional, uno de los cinco movimientos que componían la alianza del FMLN.  Después de haber finalizado el proceso de negociación, solo tres de la decena de firmantes de los Acuerdos de Paz de la guerrilla se mantuvieron dentro del partido.  Roberto no fue uno de ellos.

Cañas, de barba y cabello blanco, ingresa a un restaurante del Centro Histórico de San Salvador y pide cambiar de asiento porque no le gusta estar de espaldas a la puerta. Intenta no parecer paranoico, excusa su comportamiento en los años de entrenamiento y combate dentro de la guerrilla. Se cambia de silla y, entonces, se le señala que ahora le da la espalda a la puerta trasera del local. Cañas responde, a manera de broma, que no hay problema porque ahí hay un guardia privado que vigila.

A pesar de que ha transcurrido un cuarto de siglo desde que se dio por finalizado uno de los periodos más sangrientos de El Salvador, residuos de la guerra sobreviven no solo con sus protagonistas, sino en la historia de la política nacional que se ha llenado de contradicciones.

En junio de 2014, cuando Sánchez Cerén tomó el control de la Fuerza Armada como su comandante general, habló sobre las tareas del ejército y comentó una en específico: “En esta tarea a la que se refiere al combate de la inseguridad ciudadana, tendré el apoyo del ministro de la Defensa”, dijo. Pero, combatir la inseguridad ciudadana no es una función de los militares. En los Acuerdos de Paz se estableció que “el mantenimiento de la paz interna, de la tranquilidad, del orden y de la seguridad pública está fuera de la misión ordinaria de la Fuerza Armada”.

Iniciada la década de los noventa, el FMLN proponía la disolución del ejército. Hoy los militares en patrullajes de la Policía Nacional Civil (PNC)  constituyen uno de sus principales recursos en el combate a la delincuencia.

Hace más de 10 años, el entonces diputado Salvador Sánchez Cerén se dirigió a la Asamblea Legislativa “solicitando se estudie la derogatoria de la Ley de Amnistía”. Ahora, convertido en presidente, se queja de la derogación que la Sala de lo Constitucional hizo y asegura que decisiones como esa “no miden los efectos que pueden tener (...) en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra sociedad”.

Y si en 2002, cuando se cumplieron 10 años de la firma de los Acuerdos de Paz, el FMLN protestó diciendo que los acuerdos no se habían cumplido en su totalidad, 15 años después, el gobierno de ese partido planea una celebración con cantantes famosos como Gilberto Santa Rosa.

“No estoy de acuerdo que la celebración sea un concierto y un discurso de ocasión al estilo de Sánchez Cerén”, dice con molestia Roberto Cañas. El presidente no es reconocido precisamente por su buen desenvolvimiento en oratoria. Frases acuñadas por él como “pido un respeto respetuoso” o una referencia a “kilowatts de agua” se han vuelto virales en internet.

“Yo quiero que se diga que en el 25.º aniversario se cumplieron las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, y que haya una ley para atender a los desaparecidos, que en el pénsum de todos los niveles educativos se apruebe la materia de cultura de paz”, exige Cañas.

La Comisión de la Verdad nació en las negociaciones por la paz en 1991. Se consideró que la información que arrojara ayudaría a superar hechos sangrientos de la historia. Pero, en El Salvador nunca se juzgaron de manera ejemplarizante los crímenes de guerra.

Cuando la entrevista termina y Roberto Cañas sale del edificio, el vigilante del negocio se acerca y cuenta que él también tuvo su rol en la guerra, que fue combatiente del Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl. El informe de la Comisión de la Verdad estableció que ese batallón dirigió la masacre de El Mozote, donde se asesinó a alrededor de mil campesinos. “Quizás nos agarramos con él”, comenta dubitativo el vigilante.

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Roberto Cañas saluda al aterrizar en El Salvador tras negociar la paz con el gobierno.

***


“La paz en El Salvador será para siempre. La violencia está erradicada”, dijo el 16 de enero de 1992 en la plaza Libertad el presidente Cristiani en la celebración oficial de la firma de los acuerdos. Lo que vaticinó no se cumplió. Un cuarto de siglo más tarde, 2016 cerró con 5,278 homicidios.

En junio de 1989 Alfredo Cristiani asumió la presidencia y anunció una medida de su gobierno: la búsqueda de la negociación de la paz. Él fue el primer presidente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido fundado por el mayor Roberto d’Aubuisson.

Un sector de ese partido mantenía años antes una consigna: la “negociación es traición”. Sin embargo después de ser calificado como traidor, Cristiani fue bautizado como el “Presidente de la Paz”.

El historiador Ricardo Ribera sostiene que hubo otros procesos internacionales que empujaron la búsqueda de la paz más que la sola intención del presidente Cristiani. La Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos –país que financiaba al ejército salvadoreño– había terminado y la posible expansión del comunismo hacia Norteamérica era solo un fantasma.

El 23 de septiembre de 1989, Cristiani juramentó una comisión para negociar con el FMLN. Integraban la comisión Óscar Santamaría, ministro de Justicia; Juan Martínez Varela, ministro de la Presidencia; Abelardo Torres, asesor jurídico de la empresa privada; Héctor Hernán Contreras, rector de la Universidad Nueva San Salvador; y el académico David Escobar Galindo. Ningún militar de alto rango fue incluido desde el inicio en la negociación del fin de la guerra.

“Eso cambió ya cuando regresamos a la mesa en 1990”, señala Galindo, rector de la Universidad José Matías Delgado. Él, desde su escritorio lleno de papeles y pruebas de impresión, admite que la comisión gubernamental generó incredulidad entre algunos sectores de derecha: “Había mucha gente que me decía: no eso no va a llegar a ninguna parte”.

El 11 de noviembre de 1989 la guerrilla lanzó una ofensiva sobre San Salvador. Durante dos semanas hubo enfrentamientos. “La ofensiva logró debilitar militarmente a las dos partes. El FMLN no pudo hacer una insurrección popular y la Fuerza Armada cometió el crimen de los padres jesuitas”, analiza David Escobar Galindo.

Solo un par de meses antes de la ofensiva, las comisiones se habían reunido en la ciudad de México. El 11 de noviembre el Gobierno fue sorprendido. La ofensiva “permitió que la negociación llegara a su mayoría de edad”, asegura Roberto Cañas.

Pero el general Mauricio Ernesto Vargas no le da tanto crédito a la ofensiva. El actual diputado de la Asamblea Legislativa por Arena fungió como asesor militar de la comisión negociadora del Gobierno desde 1990.

Vargas fue comandante del Destacamento Militar en Morazán y de acuerdo con un informe retomado por la Fiscalía de Estados Unidos, permitió que sus tropas cometieran abusos contra la población en la década de los ochenta mediante la táctica de tierras arrasadas.
En teoría, esa táctica implicaba acabar con todo lo que los militares encontraran en su camino, incluyendo campesinos.  

— ¿Cuál es la tierra arrasada? ¿por qué se hacía quemas en los cultivos? ¿Cuáles son los cultivos que hay ahí? Maguey ¿Y esa babosada se quema? Nombre, no me jodan, no me den paja. Una tierra con un pijo de piedras, nombre, por favor…

Además de defenderse de los señalamientos, Vargas rechaza la idea de que la ofensiva permitió la negociación. “Esa es una falacia”, dice desde su oficina. “El asesinato de los jesuitas impulsa más la negociación que la ofensiva. El Gobierno se ve presionado internacionalmente... pero por un incidente”, razona.

El incidente del que Vargas habla es el asesinato por parte de un pelotón del batallón Atlacatl de seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas junto a su colaboradora de limpieza, Elba, y su hija, Celina Ramos.

Entre diciembre de 1989 y enero de 1990 el FMLN y el Gobierno pidieron la intermediación del secretario general de las Naciones Unidas para lograr negociaciones ininterrumpidas entre ellos. Así se logró construir el Acuerdo de Ginebra en el que se establecieron los cuatro objetivos que se persiguieron a través del diálogo: terminar el conflicto armado por la vía política, garantizar el respeto de los derechos humanos, democratizar la sociedad y reconciliar al país. Veinticinco años después, pocos se atreven a decir que esos objetivos han sido conquistados en plenitud.

“A Ginebra solo llegamos a firmar. Los cuatro objetivos ya los habíamos discutido. Ahí llegamos solo a la foto”, cuenta Roberto Cañas.

Ana Guadalupe Martínez fue comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y ahora pertenece al Partido Demócrata Cristiano (PDC). “Los objetivos iniciales de Ginebra quedaron totalmente cubiertos en los acuerdos”, asegura. Sin embargo, hay otros que se siguen preguntando si los acuerdos lograron su cometido. “Es bastante evidente que se superó la guerra y el régimen no democrático, pero ¿se ha reunificado la familia salvadoreña? ¿Se cumplió el tema de los derechos humanos?”, se pregunta el historiador Ricardo Ribera.

Solo en 2016, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, institución creada con los Acuerdos de Paz, recibió 105 denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Armada de El Salvador. En ese mismo periodo, registró 706 denuncias por el mismo motivo hacia la Policía Nacional Civil, institución también creada para los tiempos de paz.


***


Es la última noche de 2016. El presidente, Salvador Sánchez Cerén, inicia una cadena nacional pregrabada con adornos navideños de fondo. Todos los salvadoreños con algún televisor o radio encendida escuchan un mensaje de tres minutos en el que se dice que la estrategia de seguridad gubernamental está siendo exitosa. El país terminó el año con un promedio de 14 homicidios diarios.

“Trabajemos para que en 2017 renovemos nuestro compromiso con el espíritu de los Acuerdos de Paz (...) Hagamos del diálogo político social el mecanismo permanente que nos permita alcanzar una nueva agenda de nación”, dice el presidente mientras esboza una sonrisa. Luego envía saludos de parte de su esposa y nietos al país entero.

Mucho antes de enviar saludos, el 31 de diciembre de 1991, Sánchez Cerén se encontraba al lado de Schafik Hándal en el piso 38 del edificio de las Naciones Unidas, en Nueva York. Juntaba sus manos y movía los dedos como alguien que se impacienta. En un video de la época se le ve sonreír cuando Hándal firma unos papeles. A El Salvador la noticia se le dio en los medios: la paz había sido acordada en Estados Unidos.

31-de-diciembre.jpg Medianoche del 31 de diciembre de 1991 cuando las dos comisiones negociadoras acuerdan el fin de la guerra. 



“Las partes reconocen que hechos de esta naturaleza (violaciones a derechos humanos) independientemente del sector al que pertenecieran sus autores deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia”, reza el documento firmado.

Una semana después de la firma de los Acuerdos de Paz se aprobó la Ley de Reconciliación Nacional que concedió amnistía a quienes participaron en “delitos políticos comunes”. Esa ley especificó que “no gozarán de esta gracia las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia”.

El  informe de la Comisión de la verdad se dio a conocer el 15 de marzo de 1993 y cinco días después la Asamblea Legislativa aprobó una nueva legislación: la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que brindó una protección legal “amplia, absoluta e incondicional” para todos los involucrados en la guerra.

En una discusión de la Asamblea Legislativa en abril de 2005, la bancada efemelenista pidió insistentemente que se analizara la derogación de la Ley de Amnistía. Más de una década más tarde, esa ley fue derogada en julio de 2016 por la Sala de lo Constitucional.

Tras esto, el FMLN denunció que los magistrados de la sala perseguían un “golpe suave” al gobierno de Sánchez Cerén. “Buscan el derrocamiento del presidente”, publicaron en la cuenta oficial de Twitter del partido.

Con el viraje de discurso de 2016, el FMLN se colocó en sintonía con la postura de ARENA y del general Mauricio Ernesto Vargas ante la amnistía.

— “Sin amnistía no había acuerdo. Esa paja de la justicia restaurativa y justicia transicional está bien en la teoría, pero no funciona en la realidad. ¿Cree que los miembros de la Fuerza Armada y del FMLN harían una entrega de armas para irse para Mariona? Yo, que fui comandante de unidades de combate, ¿hubiera aceptado firmar para irme para Mariona? –pregunta el general Vargas.

Él cree que el acuerdo ha sido “dinamitado” por la derogación de dicha ley.

— ¿Usted cree que puede haber reconciliación en el país sin juzgar a los violadores de derechos humanos?

— Demuéstreme usted científicamente que el castigo ha reconciliado y reunificado. Dígame cuál guerra no tiene daños colaterales– responde Vargas.

Él asegura que cuando se acordó juzgar de manera ejemplarizante las violaciones a los derechos humanos solo se referían a los hechos que sucedieran en el futuro, es decir, desde el momento de la firma de los Acuerdos de Paz. Pero, otro miembro de la comisión negociadora del Gobierno lo refuta. “No se hacía una referencia cronológica precisa”, señala David Escobar Galindo.

Salvador Samayoa dice que tiene “sentimientos encontrados” respecto de la Ley de Amnistía de 1993. Cuando esta se aprobó el FMLN no tenía diputados en la Asamblea. Samayoa asegura que en ese momento no respaldaron la amnistía, pero luego admite: “Tampoco hicimos una oposición muy fuerte”.

La Ley de Amnistía General fue aprobada en un contexto que Samayoa describe como crítico, en el que a su juicio, ponerla en vigencia era lo conveniente. “En ese momento no se ha cumplido todavía el acuerdo de reducir el tamaño de la Fuerza Armada, el ejército controla los cuerpos de seguridad y no se han realizado las primeras elecciones en democracia”, argumenta.

“¡Los militares le pueden dar un golpe de Estado a Cristiani si sienten que los van a mandar a la cárcel a todos!”, dice. Como quien lee una lista, el ex dirigente de las FPL sigue repasando el contexto. “No se había nombrado todavía la primera Corte Suprema de Justicia con las nuevas reglas. Los Acuerdos de Paz en ese momento son reversibles. Unos dicen, nombre, ¿cómo iba a ser un riesgo real? pero ¡por supuesto que lo podían hacer!”, expone agitado.

“La Ley de Amnistía viola el derecho de acceso a la justicia de ciertos casos que no se han querido ventilar en el país. Mientras no se haga justicia, las estructuras que cometen graves violaciones a la sociedad van a seguir siendo impunes”, sostenía un Sánchez Cerén enérgico en una sesión plenaria tensa de 2005. Pero, para julio de 2016, no quedó nada de la firmeza con la que habló el presidente alguna vez sobre la impunidad. “Estas sentencias no contribuyen a fortalecer la institucionalidad existente", dijo.

“La política es un juego de imágenes. Cuando alguien está en el gobierno las reacciones son diferentes”, dice David Escobar Galindo al hablar sobre otra contradicción en la que el FMLN cayó. En 2002, cuando el gobierno del presidente Flores organizaba la conmemoración de los 10 años de la firma de los Acuerdos de Paz, el FMLN se negaba a asistir porque consideraba que estos no se habían cumplido.

Ana Guadalupe Martínez sostiene que en 2002 “el FMLN decía que no se habían terminado de cumplir los acuerdos por dos temas. Uno de ellos era la amnistía porque no se había hecho justicia en casos emblemáticos como El Mozote, Romero y los jesuitas. El otro tema era sobre el eje económico social”.

Para Dagoberto Gutiérrez, la celebración de la firma de los acuerdos es una movida política. “Depende de quién esté en el gobierno, así se leen los Acuerdos de Paz. Se comparte un mismo objetivo político y es que la gente piense que está en paz... por eso es que va a haber cantantes y bailarines. ¿Y de qué otro modo se atrae a la gente?”, se pregunta Gutiérrez desde su escritorio de la Universidad Luterana.

***
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El presidente Cristiani saluda, fuera del protocolo de la firma de la firma de los Acuerdos de Chapultepec, a la comandancia general del FMLN por primera vez. En un segundo plano de la foto Schafik Hándal, Joaquín Villalobos y Salvador Samayoa.  

El gobierno de Alfredo Cristiani  caminaba calculador sobre la no militarización de la seguridad pública. “Cuando se estaba negociando ese punto, hubo riesgos porque ese era y es el punto medular de las negociaciones y ahí se entiende quién ganó la guerra y quién la perdió”,  dice Dagoberto Gutierrez.

Ahora, el segundo gobierno del FMLN ha decretado medidas de seguridad excepcionales que implican la extensión de funciones de los militares más allá de las estipuladas en la Constitución.

¿Qué hace mal un país para que un punto vertebral de sus Acuerdos de Paz sea violentado? Gutiérrez cree que si se ha llegado al punto en el que los militares son el arma de un gobierno con raíces guerrilleras es por  la ausencia real del Estado en las comunidades.

— La pandilla controla los territorios, rige la vida de las personas y el enfrentamiento a esa fuerza requiere un gobierno que dé salud, educación, trabajo, que asegure y organice el ocio de la población. Eso no existe. Es el puro esfuerzo militar desnudo y no es el gobierno el que está dando la guerra, señala con molestia.

La reducción de funciones de la Fuerza Armada también implicó que se aceptara una reducción de su personal. “Yo tuve agarrones bien fuertes con la gente del alto mando. Me decían puta, es imposible que vos estés pensando eso”, narra Mauricio Vargas. En otras ocasiones era él mismo quien se oponía a las propuestas.

— “¡Que venga a firmar esto el ministro y el presidente porque yo no lo voy a firmar. Que me den la baja, no me importa!, decía Mauricio Vargas en México hace 26 años.

En 1991 se propuso que en lugar de que la Constitución dijera que la Fuerza Armada es una “institución permanente", se aceptara cambiar esa oración por “la misión permanente de la Fuerza Armada”. Según Vargas, aunque esa propuesta le llegó desde San Salvador a México, se opuso férreamente a aceptarla porque eso significaba “un suicidio institucional”.

Por historias como esas, Salvador Samayoa dice que el proceso de negociación fue una “ingeniería política”. Él recuerda lo difícil que fue reducir las tareas de la Fuerza Armada y así disminuir su poder de incidencia en la vida de los salvadoreños. Ahora Samayoa cree que la participación de militares en la seguridad pública es una “irresponsabilidad”. Él sostiene que “el ejército, por definición no está entrenado ni preparado para hacer una labor policial. Está preparado para matar en combate”.


Los problemas de las negociaciones

Restarle poder político a la Fuerza Armada fue la jugada más arriesgada de las negociaciones. En la reunión de Costa Rica de 1990  se intentó empezar a discutir el primer punto de la agenda, pero el FMLN proponía la disolución de la FAES.

Sin llegar a acuerdo, las partes optaron por avanzar en otro tema y se firmó el Acuerdo de San José en el que las dos comisiones se comprometieron a respetar los derechos humanos. Esto provocó dentro del FMLN una división.

“Joaquín Villalobos, estuvo a punto de propiciar entre los que estaban en Managua una oposición de desconocer el acuerdo y a la comisión”, cuenta Salvador Samayoa. Según él, esta oposición se daba porque el acuerdo sobre derechos humanos comprometía a ambas partes a abandonar cuestiones de los prisioneros de guerra.

De este casi cisma saben también los que estuvieron del otro lado de la mesa. El diputado Mauricio Vargas enciende un cigarro y asegura que hasta en el presente miembros del FMLN histórico le confían intimidades que antes –bajo ningún motivo– le comentarían al asesor militar del gobierno.

“Me dicen... puta, mirá, el problema que hubo en Nicaragua... quisieron desconocer el Acuerdo de Managua,  no estuvieron de acuerdo. Estaba la línea de Shafick que era la línea popular prolongada y estaba la vía militar que era de Joaquín Villalobos y se dieron de madre durante una semana”, narra Vargas.

Tras este pacto que no le gustó a un sector de la guerrilla, en abril de 1991, el gobierno y el FMLN se reunieron de nuevo en México y discutieron las reformas a la Constitución con las cuales el rol del ejército quedó reducido.

De acuerdo con Ana Guadalupe Martínez, ese momento fue “dramático porque el ejército todavía era poderoso y podía darle golpe de Estado a Cristiani. Y se arruinaba todo y lo que venía era una gran matazón aquí y en todos lados”.
 
Martínez sugiere que la no participación directa del presidente Cristiani en la mesa era una estrategia para mantener tranquilo a un sector de la población que no estaba de acuerdo con la negociación. El presidente nunca estuvo sentado en la mesa de negociación, aunque todas las decisiones le eran consultadas.

La misma visión tiene Dagoberto Gutiérrez. Con la manera misteriosa y pausada de hablar que le caracteriza cuenta: “Cuando estábamos negociando esto, hubo simulacro de golpe de Estado, movimientos, tensiones... sí, los militares sabían que estaban perdiendo su calidad de clase gobernante”.

Desde 1932 hasta 1979 los mandatarios de El Salvador fueron militares. Además, la constitución de 1983 establecía que el Ejército “mantendrá la paz, la tranquilidad y la seguridad pública y el cumplimiento de la Constitución y demás leyes vigentes”.

— ¡Mirá qué belleza!— dice de manera sarcástica Dagoberto, mientras lee y se ríe de todas las atribuciones que anteriormente tenían los militares. —Imaginate, ¡como que fueran Sala de lo Constitucional!

Los Acuerdos de Paz trajeron avances en materia electoral, judicial y de participación política. No obstante, hay un capítulo dentro de los acuerdos que no se cumplió a cabalidad. Ese es el titulado “Tema económico social”.

“Los cambios en lo económico se iban a producir en el momento en el que el FMLN lograra una mayoría política y social. Ya tiene dos gobiernos. ¿Y ahora qué está haciendo?”, pregunta Ana Guadalupe Martínez. Ella admite que lo único que estaba en la mesa de discusión era la reforma democrática, militar y policial.

La deuda más emblemática de los acuerdos en esta materia es la creación de un Foro para la Concertación Económica y Social  integrado por el Gobierno, sindicatos y empresarios. Escobar Galindo plantea que la polarización del país terminada la guerra era tanta que no era posible entablar diálogo fructífero entre esos actores. “El foro no tuvo presencia posterior porque las condiciones no estaban dadas para eso”, argumenta el académico.

La negociación de los Acuerdos de Paz propició en el país una reforma política profunda, pero no económica. Así resume Roberto Cañas los cambios que estas negociaciones trajeron al país. “El hecho de que no se hayan cumplidos todos (los acuerdos) no los descalifica en su capacidad transformadora”, dice con orgullo el ex comandante guerrillero.

En una segunda entrevista en el mismo restaurante cuidado por un exsoldado, Cañas menciona que el respeto a los derechos humanos en El Salvador no se ha conquistado.

— Los derechos individuales y políticos digamos que sí se han cumplido— reflexiona con optimismo Cañas. —Bueno... el derecho a la vida no. Aquí no hay derecho al trabajo decente, no hay derecho a no migrar, no hay derecho a identidad cultural. Tal vez cuando se celebren los 50 años de los Acuerdos de Paz,  dice y luego mira la hora.
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