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Advierten que impago pone en riesgo pensiones del ISSS y el INPEP

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Las AFP dicen que el Código de Comercio las ampara para ya no comprar más deuda del Gobierno con los fondos de pensión, si no les paga. Los fondos de pensión son los que financian los pagos de los jubilados.

21 de Abril de 2017 a la(s) 0:0 / Mariana Belloso

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El Gobierno se quedaría sin financiamiento para pagar las pensiones de cerca de 160,000 jubilados de la Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS) y del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP).

¿La razón? La falta de pago del dinero que los fondos de pensión ya le han prestado al Gobierno para cancelar sus obligaciones con dichos jubilados. Desde 2006, son los fondos de pensión, los ahorros de los actuales trabajadores, los que financian las pensiones de quienes se retiraron con el antiguo sistema de reparto.

A la fecha, la deuda del Estado con los trabajadores suma unos $5,606 millones. Pero el pasado 7 de abril el Gobierno dejó de hacer los pagos que le tocaban desde esa fecha. La primera cuota incumplida fue de $3.1 millones y hasta ayer, 20 de abril, las cuotas sin pagar sumaban $55 millones.

El Gobierno, de hecho, ya pidió prestado dinero para pagar las pensiones del primer semestre del año, pero debe hacer una nueva venta de Certificados de Inversión Previsional (CIP) en julio, para cubrir las pensiones de julio a septiembre.

Según René Novellino, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensión (ASAFONDOS), si para entonces el Gobierno no está al día con los pagos, ellos no están obligados a comprar más CIP. “El Código de Comercio exime de la obligación si no se ha pagado la deuda pendiente”, explicó.

En el presupuesto de 2017 no existen partidas para cubrir las pensiones de la UPISSS ni del INPEP. Tampoco se incluyeron los $230 millones que había que pagar a los fondos de pensión, lo que ha originado la actual situación de impago.

“Los jubilados del ISSS y del INPEP pueden llegar a ser víctimas del mal manejo fiscal del Gobierno”, dijo por su parte Luz María de Portillo, expresidenta del Banco Central de Reserva y analista de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

La experta advirtió que el impago del Gobierno lo dejaría sin fuente de financiamiento para cubrir los cerca de $400 millones que necesita este año para poder pagar las pensiones de los jubilados.

Piden no se compren

Además, el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensión (COMTRADEFOP) pidió ayer a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que suspenda la obligación de las AFP de prestar el dinero de los cotizantes al Gobierno a través de la compra de CIP.

Enrique Anaya, abogado que presentó el escrito, explicó que la medida sería temporal para proteger los ahorros de los trabajadores mientras no se resuelva el impago que el Estado mantiene con los mismos fondos de pensión.

“Resulta absurdo que el Gobierno, muy campantemente, diga esa deuda en este momento no la pago, pero que además de eso pueda continuar sacando dinero”, indicó el abogado.

La petición hecha a la Sala es que se verifique el cumplimiento a una sentencia emitida en diciembre de 2014, en la que se pedía al Gobierno dejar de utilizar la tasa LIBOR como base para definir qué tasa de interés pagaría por utilizar los fondos de pensión y encontrar un mecanismo que asegure la sostenibilidad y la rentabilidad de los ahorros de los cotizantes.

Según COMTRADEFOP, el Gobierno comenzó a pagar una nueva tasa de interés que sigue siendo injusta para los cotizantes. Además, la nueva tasa se le aplicó a los CIP emitidos desde febrero 2016, cuando se debió tomar en cuenta los que ya habían sido emitidos. Estas inconstitucionalidades se agravan con el impago en el que ha caído el país, cuando el Gobierno incumplió los pagos con el fondo de pensiones que se vencieron este mes, el seguir prestando dinero, cuando se ha admitido que no se va a pagar, constituiría “un saqueo”.

“Frente a la aparatosamente inconstitucional situación creada por CAPRES, por el MH y por la Asamblea Legislativa es necesario que, como medida indispensable para posibilitar el cumplimiento de la sentencia estimatoria dictada en este proceso, esa sala, en ejercicio de su potestad de verificar el cumplimiento de sus decisiones jurisdiccionales, suspenda la obligatoriedad de compra de los CIP, medida que debe conservarse vigente, tanto mientras la Asamblea Legislativa no cumpla la sentencia dictada en este proceso, como mientras persista la situación de impago selectivo declarada por el mismo Estado salvadoreño”, dice el escrito presentado por Anaya.

El presidente de COMTRADEFOP, Ricardo Soriano, recordó que el Gobierno reformó el sistema previsional el año pasado para poder pagar la deuda con los fondos de pensión con dinero de ese mismo fondo, pero eso fue detenido por el órgano judicial.

“Ellos insisten que con el decreto 497 todo se resolvía, pero gracias a Dios encontramos magistrados valientes y tuvimos respuesta rápida”, dijo.

Anaya recordó que la Sala de lo Constitucional ya aceptó una demanda en contra del Presupuesto General de la Nación, puesto que este solo dejó un monto simbólico de $1,000 para pago de pensiones, pese a que era un pago que están obligados a honrar.
 
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