El Salvador - Julio 20, 2017

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Directores de Penales desviaron $5.6 mill para tregua de pandillas: FGR

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Requerimiento. Fiscalía presentó el requerimiento en contra de los directores en el Juzgado 4.º de Paz.

Con los fondos de las tiendas también pagaron sobresueldos. Ministro de Seguridad dice que el mal uso de los fondos “se ha corregido”.

31 de Mayo de 2017 a la(s) 0:0 / Ezequiel Barrera /Sildania Osorio/Gabriela Cáceres

El salario del mediador de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango, y sus colaboradores, fue pagado con fondos de las tiendas institucionales ubicadas en todos los centros penales del país. Con los mismos fondos, los directores generales del sistema penitenciario, Nelson Rauda y Rodil Hernández Somoza, emitieron cheques a sus nombres para pagar “servicios de inteligencia” relacionados al proceso de la tregua. También desviaron fondos para sobresueldos y beneficios económicos en favor de algunos empleados de la Dirección General de Centros Penales (DGCP). Esas son las razones por las que, según Allan Hernández, director de la Unidad de Áreas Especializadas de la Fiscalía General de la República (FGR), Rauda y Hernández, detenido el pasado lunes, enfrentarán un proceso judicial por los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta.

En total, los directores son acusados de desviar $5,606,611.90 para financiar a los gestores de la tregua, que no estaban en la planilla de la DGCP, y beneficiar económicamente a algunos empleados con hasta tres sobresueldos en el mismo mes.

“Como saben, esta investigación comenzó con el allanamiento de las oficinas de Centros Penales. Ahí se encontró el desorden del uso de fondos y algunas irregularidades”, dijo el director Hernández, quien agregó que el proceso judicial “no tiene nada que ver con la coyuntura de los tres años de Gobierno, porque estas investigaciones son profesionales y fue justo esta fecha para evitar que los delitos prescriban”.

De acuerdo con el fiscal, las ilegalidades en el uso de los fondos se resumen en dos: la primera es que no existen comprobantes de que los cheques a nombre de los funcionarios fueron utilizados para pagar servicios de inteligencia. Cuando los fiscales cuestionaron a Hernández por el uso de esos cheques, el titular de Penales les dijo que los pagos para servicios de inteligencia fueron autorizados por los ministros de seguridad David Munguía Payés, Benito Lara y Mauricio Ramírez Landaverde. Los tres funcionarios contestaron a la Fiscalía que nunca habían autorizado la emisión de tales cheques.

Los fiscales, una vez más, entrevistaron a Hernández para que les mostrara algún comprobante de que los ministros habían autorizado los cheques, pero les contestó que no tenía. La razón, según Hernández, es porque los ministros autorizaban de forma verbal y no dejaban constancia por escrito.

La segunda ilegalidad, según el jefe fiscal, es que los fondos de las tiendas institucionales fueron utilizados para rubros no contemplados en el reglamento penitenciario. Los únicos rubros establecidos son la inversión en programas penitenciarios y el funcionamiento de las tiendas.

Tras la conferencia de prensa, en la que se explicó el caso, los fiscales presentaron el requerimiento en contra de los directores de Penales en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, donde la jueza estableció que la audiencia inicial será mañana, jueves, a las 10 de la mañana.

A la presentación del requerimiento también fue llevado el director Hernández, quien dijo ante los medios de comunicación que se considera inocente.

“Yo mismo le entregué los libros contables a la Fiscalía, le entregué todo. Todas las pruebas que ha presentado la Fiscalía yo se las entregué. Lo hice con toda transparencia. Me declaro inocente”, declaró Hernández.

El exdirector Rauda no fue llevado al juzgado porque todavía no ha sido capturado y en el proceso se encuentra en calidad de reo ausente, según la Fiscalía.

Manuel Chacón, abogado de Rauda, dijo a este periódico que el exfuncionario no está huyendo de la justicia y que el jueves se presentará a la audiencia inicial.

“Se han corregido”

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo ayer que las irregularidades en el uso de los fondos de tiendas institucionales ya no ocurren actualmente porque en su administración “se han corregido”.
 

Ley

Art. 218

El que teniendo a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes ajenos, perjudicare a su titular alterando en sus cuentas los precios o condiciones del contrato, suponiendo operaciones o gastos, aumentando los que hubiere hecho, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, será sancionado con prisión de tres a cinco años.

“Esta investigación y captura no tiene nada que ver con la coyuntura de los tres años del Gobierno, porque estas investigaciones son profesionales”. Allan Hernández jefe de áreas especializadas de la fgr “Muchas de las situaciones que de la investigación posiblemente se encontraron, a la fecha ya no están ocurriendo, ya no están vigentes”. Mauricio Ramírez Landaverde Ministro de justicia y seguridad
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