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Reforma y derogatoria evitarán impagos futuros

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El sistema de pensiones de capitalización individual es financieramente sólido porque se basa en que paga pensiones con los ahorros que acumulan los cotizantes a lo largo de su vida y los intereses que se obtienen de las inversiones en las cuales se deposita ese dinero.

21 de Junio de 2017 a la(s) 0:0 / Luis Membreño

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El problema que presenta el sistema privado de pensiones es que tiene que prestarle obligatoriamente el dinero al gobierno para que pueda pagar a los pensionados actuales del ISSS y del INPEP y el gobierno paga por ese préstamo una tasa de interés que ha oscilado en los últimos nueve años entre el 1 % y el 2.18 % que paga ahora que la LIBOR ha subido a 1.43 %. A la fecha, casi el 45 % de los ahorros de los trabajadores está invertido en certificados de inversión previsional (CIP) y suman cerca de $4,500 millones.

El prestarle el dinero el gobierno a una tasa muy por debajo de la de mercado genera que los trabajadores acumulen menos dinero del que acumularían si la tasa de interés fuera del 7 % o más y eso genera que las pensiones que vayan a recibir los actuales cotizantes serán menores que las que están recibiendo los jubilados del ISSS y el INPEP.

La reforma al sistema de pensiones que ha presentado el gobierno desde febrero de 2016 no tenía estudios actuariales que demostraran su sostenibilidad en el tiempo. En 2017 el BID contrató a un actuario mexicano para que validara la propuesta del gobierno y llegó a la conclusión que la reforma no resolvía el problema fiscal a largo plazo y menos aún el tema de mejores pensiones para los jubilados del nuevo sistema de pensiones.

La propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) que se presentó en marzo de 2017 es la única propuesta que sí resuelve el tema de mejores pensiones para los jubilados futuros del sistema privado de pensiones y las vuelve vitalicias; sí resuelve el problema fiscal llevándose el 60 % de la deuda pública de pensiones; le da beneficios a los cotizantes de manera inmediata; le quita la obligación de pagar por los CIP en lo que resta de 2017 al gobierno, por lo que se evita el impago; y es sostenible a largo plazo con base en los estudios actuariales que llevó a cabo el Dr. Augusto Iglesias, de Chile, quien es un reconocido actuario a nivel internacional, y eso ha sido verificado por los organismos multilaterales que han revisado los números.

Las demás propuestas que han sido presentadas a la Asamblea Legislativa de parte de sindicatos afines al gobierno y de GANA no tienen estudios actuariales que validen las propuestas que hacen y por lo tanto no se pueden analizar con el rigor técnico que este tipo de reformas requieren para ver su validez y sostenibilidad en un período de tiempo de 75 años.

Siempre hay mejoras que se le pueden hacer a propuestas como la de la ICP y lo bueno es que cuenta con el modelo matemático que permite hacer modificaciones en los parámetros para ver cómo se afectan las variables y asegurarse que los cambios que se hagan mantengan la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

La Asamblea Legislativa en mi opinión debería hacer dos cosas: Lo primero es derogar el decreto que emitió el 21 de abril en el que reformaba el Fideicomiso de Obligaciones de Pensiones (FOP), dado que el ministro de Hacienda dice que no va a pagar el capital de $12 millones que se vence el 7 de julio porque tiene que respetar esa ley y eso llevaría al país a un segundo impago. Lo segundo es aprobar la reforma de pensiones en las próximas semanas en el sentido de la propuesta de la ICP y de esa manera darle sostenibilidad a las finanzas públicas y beneficios a los trabajadores que se encuentran ahorrando para obtener una pensión digna.

La solución para evitar el impago en julio y en octubre de 2017, para darle sostenibilidad a la deuda pública y al mismo tiempo crear un sistema que le dé mejores beneficios a corto, mediano y largo plazo a los cotizantes actuales al sistema de pensiones, está en las manos de los señores diputados de la Asamblea Legislativa, esperemos que puedan avanzar rápidamente en la reforma que los trabajadores requieren y que de esa manera cumplan con las expectativas de los salvadoreños.
 
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