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Sala aún no resuelve demanda contra cargo del 13 % a tarifa de energía

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Aumento. El año pasado, en el mismo periodo, hubo un aumento de energía del 8 %.

El cobro por electricidad se haría desde mediados del año pasado, pero está suspendido.

11 de Julio de 2017 a la(s) 15:52 / Mariana Belloso

En junio del año pasado, el Ejecutivo creó el denominado “cargo para inversión social”, con un decreto ejecutivo firmado por el presidente Salvador Sánchez Cerén y el ministro de Economía, Tharsis Salomón López.

El decreto reformaba el artículo 67 de la Ley General de Electricidad, para aplicar a la tarifa un cargo equivalente al 13 % del precio de la energía. Como medida transitoria, mientras se definían los mecanismos para aplicarlo, el mismo decreto mandaba a subir un 13 % a la tarifa, a partir del 13 de julio de 2016.

Pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda de inconstitucionalidad contra este cargo, que argumentaba que se violaban dos incisos del artículo 131 de la Constitución de la República, según los cuales la Asamblea Legislativa es la única que tiene la atribución de decretar impuestos.

La sala decidió suspender la aplicación del cobro, mientras resuelve la demanda de inconstitucionalidad, que fue presentada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

El sector privado fue uno de los principales críticos del cargo, cuya creación se hizo pública luego de que LA PRENSA GRÁFICA publicó sobre la aprobación del decreto ejecutivo, y el contenido de este.

Una fuente de la CSJ explicó que, un año después de la admisión de la demanda, ya se han agotado los trámites de la Ley de Procedimientos Constitucionales, y que únicamente está pendiente que se dé a conocer la sentencia.

¿Podría el Gobierno tratar de aplicar este cargo a partir de un nuevo decreto? La fuente explicó que no, ya que existe una medida cautelar vigente. Si se emite un nuevo decreto, la sala podría modificar la medida para incluirlo.

“Hay pronunciamientos donde se aclara que este tipo de acciones en que se deroga una disposición o cuerpo normativo que está siendo enjuiciado y que se sustituye por otro, cuyo contenido mantiene la inconstitucionalidad alegada, constituye un fraude a la Constitución”, agregó la misma fuente.
 
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