El Salvador - Julio 26, 2017

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Diputados y funcionarios responderían ante la ley por confiscación de ahorros pensiones

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Hoy en día es muy común ver que en muchos países de Centro y Suramérica expresidentes, exvicepresidentes, exministros, exdiputados y muchos otros exfuncionarios ya se encuentran en la cárcel o están con procesos que los pueden llevar por ese camino.

13 de Julio de 2017 a la(s) 0:0 / Luis Membreño

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¿Por qué está ocurriendo esto en nuestra región? El problema de los funcionarios públicos, en general, es que creen que el cargo que ostentan es para toda la vida, que ellos están por encima de la ley, que nadie se va a atrever a enjuiciarlos y que la institución que manejan les pertenece como si fuera su hacienda. Nada más lejos de la realidad: Ostentan cargos que son efímeros, hay leyes que les aplican y los pueden conducir a perder su libertad; pueden llegar a tener que responder por sus actos con su patrimonio personal y eso puede afectar a sus hijos y nietos.

Traigo a colación esto porque hay diputados y funcionarios del Ejecutivo salvadoreño que han perdido de vista que muchas de las leyes que han aprobado en los últimos años han sido inconstitucionales o tienen las características de ser inconstitucionales, por lo que la Sala de lo Constitucional ha tenido que aceptar las demandas e imponer medidas cautelares para proteger a la ciudadanía de los actos arbitrarios de los funcionarios públicos.

En el caso de la reforma de pensiones que se está discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa se ha escuchado que algunos diputados podrían aprobar alguna de las propuestas elaboradas por el FMLN/Ministerio de Hacienda/sindicatos afines al FMLN, que son a todas luces confiscatorias de los ahorros de los trabajadores. El problema de la confiscación es que está prohibida por la Constitución y eso podría conducir a que los que aprueben dicha ley y los que implementen la confiscación estarían expuestos a ser demandados en lo personal por los millones de ciudadanos afectados. Estos delitos no prescriben, por lo que estarían expuestos al salir de ser funcionarios en 2018 o 2019, si son condenados, a resarcir con su patrimonio a los que les quitaron sus ahorros de pensiones, entre otros castigos.

Desde el punto de vista técnico ya no hay ninguna duda entre los que conocen del tema en el país, los extranjeros que han hecho los cálculos actuariales y los que han verificado los cálculos realizados por las dos firmas que han desarrollaron los modelos para analizar el sistema mixto del gobierno y el modelo de capitalización individual de la Iniciativa Ciudadana por las Pensiones (ICP), que este último, es decir el de la ICP, es el único modelo sostenible a mediano y largo plazo, y que beneficia tanto al fisco como a los trabajadores.

Toda la información con la que contamos y la lógica nos indica que se debería aprobar la propuesta de la ICP en los próximos días y que se deberían desechar tanto la propuesta del sistema mixto que presentó el gobierno en febrero de 2016, como la nueva propuesta de “cuentas nocionales” que dice estar elaborando el FMLN/gobierno. Pero el problema de nuestro país es que en abril la lógica nos decía que había que evitar el impago a toda costa por las nefastas consecuencias que traería dicho comportamiento, pero los caprichos pudieron más, nos llevaron al impago y hoy estamos pagando las consecuencias de dicha decisión.

La comunidad internacional a través de las diferentes embajadas, organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID han estado prestos a mediar entre los partidos políticos, les han proveído de recursos técnicos y financieros para que se pueda tomar la mejor decisión, pero se ven nuevamente los caprichos de los que nos gobiernan que se empecinan en aprobar leyes que afectarán tanto al pueblo salvadoreño, como a los mismos funcionarios públicos y al Estado ya que no resolverán los problemas fiscales del país.

Nuestra sugerencia a los partidos GANA, PCN, PDC y al mismo ARENA es a que sigan comportándose con la misma sensatez y sentido común que lo han estado haciendo en las últimas semanas, razón por la que los hemos felicitado en dos columnas recientes. Es importante que midan el costo personal, patrimonial, legal y político de confiscarles los ahorros a los trabajadores salvadoreños y que mejor escojan el camino del bien común y que aprueben la reforma de la ICP que es la que todos coincidimos que es la mejor opción. No cometan otra vez el error que cometieron ustedes y el Ejecutivo al dejar que cayera el país en impago en abril, por no haber medido adecuadamente las consecuencias del impago selectivo, porque les podemos asegurar que las consecuencias de consumar el “robo del siglo” los perseguirá por el resto de su vida a cada uno de ustedes y a sus familias.
 
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