El Salvador - Julio 25, 2017

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Las pandillas en El Salvador. Insurgencia Criminal

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15 de Julio de 2017 a la(s) 0:0 / Ricardo Sosa

Nos encontramos a mediados de julio del año dos mil diecisiete en pleno desarrollo de lo que en mi opinión es la cuarta generación de las pandillas en El Salvador: su vida política; no hay medio de comunicación, entrevista radial o televisiva, medios impresos y digitales, donde no se mencione la palabra “pandillas” aunque el tema no sea de seguridad, esta etapa inició previo a la campaña presidencial del año 2009 en donde se incrementaron y existe evidencia de conversaciones, diálogo y acercamientos con dirigentes de institutos políticos de todos los colores, para luego en los años subsiguientes posicionarlos mediáticamente para generar en la juventud una idea de nuevos referentes e íconos de éxito y poder.

Hablar de pandillas en la actualidad es sinónimo de: homicidios, extorsión, masacres, asesinatos con lujo de barbarie, control de territorios, desplazamientos forzados internos, migración en especial de jóvenes amenazados de muerte, narcomenudeo, trata de personas, lavado de dinero, terror, violaciones, desaparecidos, entre otras actividades criminales. Se han convertido desde hace años en grupos armados no estatales, verdaderas sociedades criminales corporativas con operaciones, membresía y presencia transnacional.

Fue precisamente el control del territorio y su expansión lo que les ha favorecido para sus mutaciones y convertirse en “Insurgencia Criminal” representando una grave amenaza al Estado salvadoreño al generar inestabilidad, entre las evidencias están: 1) El Estado no controla todo el territorio. 2) Se ha dañado la legitimidad. 3) Se está atentando contra la Soberanía Nacional y la integridad de su territorio.

La Insurgencia Criminal no pretende derrocar gobiernos sino establecer una lucha altamente violenta contra el Estado para obtener autonomía y beneficiarse económicamente de sus actividades criminales en total impunidad, librándose de todo tipo de control. Constituyendo un miniestado paralelo con sistema de gobierno, control, economía y recaudación que de no cumplirse se paga con la muerte, y en donde las reglas para los habitantes de esos territorios son sencillas y claras: obedecer, ver, oír y callar.

El haberles otorgado centros penales exclusivos les facilitó su mutación y organización. Pero siguen atentando contra el monopolio del uso de la fuerza. Para dar un tratamiento adecuado en cuanto al enfoque de control y represión del delito para mentes criminales y redes del mal, se requiere alta planificación estratégica para que el Estado y sus instituciones sean flexibles y se adapten; de lo contrario los criminales siempre estarán adaptándose y sobreponiéndose porque trabajan más rápido que el Estado salvadoreño.

Si en El Salvador han sido declarados “terroristas” se debe ser congruente con dicha resolución con las estrategias, planes, medidas, políticas, para combatir el “terrorismo”, no como pandillas juveniles o personas rebeldes.

Su combate entonces implica adoptar un enfoque militarizado ya que ha sobrepasado un problema de seguridad pública, controlando gran parte del territorio nacional, dañando la legitimidad y por consiguiente la Soberanía Nacional y la Integridad del territorio, este abordaje tiene el respaldo en la Constitución de la República en el capítulo VIII artículos 212 y 213 como también en el artículo 168 numerales 2.º, 3.º, 11.º, 12.º, 13.º y 19.º basado en tácticas propias de un conflicto de baja intensidad, descartando el empleo de herramientas convencionales, pero que se deben de considerar, evaluar y asumir en beneficio de la sociedad salvadoreña sus derechos y garantías, y de su soberanía, artículos 1 y 2 de la Constitución. Durante los últimos cuatro gobiernos (1 de junio de 1999 al 10 de julio de 2017) se registran más de 62,500 homicidios, y el sometimiento de ciudadanos a estas estructuras. Señor presidente, la Constitución le brinda una respuesta, considérela.

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