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La lucha de Washington para anexarse a EUA

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Contrario a Puerto Rico, está muy claro que una abrumadora mayoría de los electores de Washington D.C. aspira a formar el próximo estado de EUA (Fotomontaje / GFR Media)

Como el gobierno de Puerto Rico, la capital federal quiere ser el estado 51

16 de Julio de 2017 a la(s) 10:37 / José A. Delgado, El Nuevo Día, Puerto Rico / GDA

Washington - Si algún referente reciente hay para entender la empinada cuesta a que se enfrenta una petición a favor de que Puerto Rico se convierta en el estado 51 de Estados Unidos, es el caso de Washington D.C..

Por más de tres décadas, sus residentes han tratado sin éxito de convencer al Congreso de que deben tener los mismos derechos políticos que tienen los  que viven en los  estados.

Contrario a Puerto Rico, está muy claro que una abrumadora mayoría de los electores de Washington D.C. aspira a formar el próximo estado de EUA.

Y aquí la oposición – prácticamente invisible-, no se agrupa en propuestas dirigidas a mantener alguna asociación con EUA, como buena parte de la Isla, o a reclamar la independencia, como demanda en San Juan una activa pequeña minoría.

Por enmienda constitucional, los electores de Washington D.C., que pagan contribuciones sobre ingresos, ya votan por el presidente de Estados Unidos.

En el referéndum más reciente, celebrado en noviembre pasado, alrededor del 86% de los electores de Washington reafirmó su apoyo a la estadidad y adoptó una constitución para lo que se conocería como el estado de la Nueva Columbia.

La consulta de status de 2016 en Washington D.C. tuvo una participación del 55% de los electores, no muy lejos del 62% que votó por los candidatos a la presidencia. Pero, desde hace 35 años la voluntad del electorado ha estado clara. En 1982, el 62% también votó a favor de la estadidad.

“Somos Washington D.C.-el estado 51”, indica en su página de internet la Comisión para la Estadidad de Nueva Columbia, grupo que integran la alcaldesa Muriel Browser, el presidente del Concejo Municipal, Phil Mendelson, los “senadores en la sombra” Paul Strauss y Michael Brown, y el “representante en la sombra” Franklin García.

"Entre los demócratas no hay duda del deseo casi unánime de los residentes del Distrito de Columbia de querer ser un estado, luego de múltiples referendos que no tuvieron controversias procesales o interpretaciones encontradas sobre los resultados", dijo Federico de Jesús Febles, puertorriqueño que fue portavoz hispano de la primera campaña presidencial de Barack Obama, de los líderes demócratas del Congreso  Nancy Pelosi y el ex senador Harry Reid,  y representó en Washington al excandidato a gobernador por el Partido Popular Democrático (PPD) David Bernier.

La capital estadounidense tiene, sin embargo, dos fuertes obstáculos.

Por un lado, la  oposición prácticamente unánime de los republicanos del Congreso. Pero, además, se enfrenta a las dudas de si la Constitución estadounidense —que establece a Washington D.C. como la capital y sede del gobierno federal—, permite convertir parte de esa jurisdicción en otro estado más de EE.UU.

Hasta en el programa de gobierno -que no es vinculante paralos funcionarios electos-, los republicanos rechazan la estadidad para Washington D.C..

La plataforma electoral más reciente de los republicanos respaldó la admisión de Puerto Rico como estado 51 si el voto de 2012 que interpretaron a favor de la estadidad  era ratificado en un próximo plebiscito.

En el lado demócrata, sin embargo, el programa de gobierno dio un respaldo inequívoco a la estadidad para Washington D.C.. El Congreso, recordó de Jesús Febles, ya enmendó una vez la Constitución para permitir el voto presidencial de los residentes de la capital federal.

Si se requiriese una enmienda constitucional para otorgarle la estadidad a Washington D.C., en vez de una mayoría simple del Congreso se necesitarían dos tercios de los votos de los legisladores federales o el proceso, que nunca se ha seguido, para que tres cuartas partes de las Legislaturas de los 50 estados lo apruebe.


Los proyectos de ley

Como en años recientes, ya hay proyectos de ley presentados en el Senado y la Cámara de Representantes a favor de la estadidad para la Nueva Columbia, que dejaría a Washington D.C. como un limitado espacio que reuniría las principales dependencia del gobierno federal.

En la Cámara baja, el proyecto de la delegada de Washington D.C., Eleanor Holmes Norton, tiene 133 coauspiciadores, todos demócratas, incluidos los boricuas José Serrano (Nueva York), Nydia Velázquez (Nueva York), Luis Gutiérrez (Illinois) y Darren Soto (Florida).

En el Senado, un proyecto similar de Tom Carper (Delaware), presentado en junio, ha logrado 19 coauspiciadores, también todos demócratas.

Aunque tampoco ha avanzado en el Congreso la idea de ofrecerle a Puerto Rico la estadidad, en la pasada sesión  el proyecto de admisión del entonces comisionado residente Pedro Pierluisi, tuvo 110 coauspiciadores. De esos solo 14 fueron republicanos.

La primera versión del proyecto de admisión de Puerto Rico como estado 51 de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, solo obtuvo un coauspiciador, el boricua Soto.

Pero, en cualquier momento, González puede dar a conocer un nuevo proyecto de ley, una decisión forzada después de la negativa del gobernador Ricardo Rosselló a esperar por el posible aval del Secretario de Justicia de Estados Unidos a la consulta del pasado 11 de junio.

El plebiscito, recibido con frialdad por el liderato de los comités del Congreso con jurisdicción en el tema del status, generó 502,000 votos a favor de la estadidad (97%), pero tuvo la más baja participación electoral de una consulta de status en la Isla  (23%) en medio de un boicot de  todos los partidos de   oposición.

Franklin García, reelegido en 2016 como ‘representante en la sombra’ de Washington D.C., reconoce que bajo un gobierno republicano las oportunidades son prácticamente cero para el proyecto pro estadidad de la capital federal, a menos que haya algún tipo de “trueque”.

En el pasado, con la ayuda del entonces congresista republicano Tom Davis (Virginia), la delegada Holmes Norton estuvo cerca de lograr una medida que hubiese permitido a Washington D.C. tener un escaño con derecho al voto en la Cámara baja a cambio de otorgarle otro al estado de Utah, muy republicano.

“Nos vamos a reunir (esta semana) para determinar los pasos a seguir bajo el gobierno de Donald Trump. Tenemos una estrategia, dirigida al plan Tenesí, que fue diseñada previo a la elección de 2016”, indicó García, en entrevista con El Nuevo Día.

García dijo que hace unos meses conversó con la comisionada González, sobre la posibilidad de unir fuerzas entre los estadistas de Puerto Rico y los de la capital federal. Según García, González le mencionó entonces que quizá se pudiera ver a Puerto Rico como el posible estado republicano, debido a que buena parte del liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) se afilia con el Grand Old Party (GOP).

No obstante, la participación de los demócratas ha superado 2 a 1 la de los republicanos en las recientes primarias presidenciales estadounidenses en Puerto Rico. Y en Estados Unidos es abrumador el respaldo que tienen los demócratas sobre los republicanos dentro del electorado boricua.

Hillary Clinton, como candidata presidencial demócrata, ganó en 2016 Washington D.C. con el 90.5% de los votos.

González negó que busque unir los esfuerzos del gobierno de Rosselló con la comisión de Washington D.C., pues considera que cada jurisdicción debe trazar su propia ruta.

El plan de Washington

En el caso de Washington D.C., su plan Tenesí ha permitido elegir dos personas que buscan un escaño en el Senado federal y otro, García, que aspira a que la Cámara baja federal le otorgue un curul.

Los cabilderos electos por los residentes de Washington trabajan a tiempo parcial  a favor de la idea de que la ciudad sea el estado 51. Cuentan con un presupuesto anual de $225,000, para financiar la oficina que mantienen  la ciudad, muy cerca de la Casa Blanca y a minutos del Congreso.

“El presupuesto es para mantener la oficina, pagar a empleados y costos de viaje”, dijo García.

En el caso de Puerto Rico, el gobierno del PNP formó una Comisión de la Igualdad de siete personas –incluidos tres exgobernadores y el que fuera estrella del béisbol Iván Rodríguez—, para presionar en Washington.

La ley boricua contempla que esos siete cabilderos —que también serán funcionarios a tiempo parcial y casi todos tienen viven a tiempo completo en la Isla—,  aspiran a ser “senadores” (dos) y “representantes” (cinco) como si fueran a reclamar escaños en el Congreso.

Aunque piensa que serán escuchados, García – de origen dominicano-, sostuvo que en el futuro los cabilderos estadistas de la Isla deberían ser elegidos.

Entre los deberes y facultades de la Comisión, la ley  indica que gestionará y exigirá “participación y reconocimiento como congresistas de los ciudadanos americanos de Puerto Rico en el Senado y en la Cámara de Representantes” de EE.UU.. Pero, González reconoció que los ‘cabilderos’ del gobierno no vendrán a Washington a exigir un escaño en el Congreso.

Dos días después del plebiscito de junio, la presidenta del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, la republicana Diane Black (Tenesí), afirmó por Twitter que llamar la iniciativa de estadidad para Puerto Rico "plan Tenesí es insultante para los patriotas que fundaron" su estado. "No a un rescate financiero para Puerto Rico", indicó Black.

La comisionada González, por su parte, dijo que la iniciativa del gobierno de Puerto Rico "no es un plan Tenesí, es una Comisión de Igualdad a la que en la campaña se le llamó Plan para Puerto Rico".

La ley vigente que crea la Comisión de Igualdad basa su reclamo de estadidad en el plebiscito de 2012, en el que el 54% de los electores apoyó terminar con el actual status territorial/colonial.

En una segunda pregunta,  el 61% de los votantes apoyó convertir a Puerto Rico en un estado. La oposición advierte, sin embargo, que al sumarse las papeletas en blanco, el apoyo a la estadidad se queda en cerca del 45%.

Cuando el gobierno trató de vincular el más reciente plebiscito a una ley federal que pudo haber permitido el apoyo del Secretario de Justicia de EEUU a la consulta del pasado 11 de junio, el entonces subsecretario interino de Justicia, Dana Boente, afirmó que no toman en cuenta el rechazo al status territorial de 2012, debido a los cambios demográficos y económicos ocurridos desde entonces.

La Comisión de Igualdad

Hace unos días, el gobernador terminó de nombrar la Comisión de la Igualdad, integrada por los  exgobernadores Carlos Romero Barceló, Pedro Rosselló y Luis Fortuño; el presidente de los demócratas de la Isla, Charlie Rodríguez; el general jubilado del Ejército Félix Santoni; la delegada permanente de Puerto Rico ante el Partido Republicano de EEUU, Zoraida Fonalledas, y Rodríguez.

González sostuvo que ante la petición de Rodríguez de que no se reembolsen los gastos de los miembros de la comisión, la ley que creó la Comisión será enmendada. Pero, desconoce cómo quedará entonces el vínculo de los ‘cabilderos’ con el gobierno y cómo regularán la normas de ética.

La ley indica que la comisión estará adscrita a la Administración de Asuntos Federales (Prfaa). “No sé cuál será el alcance del concepto de ser funcionario del gobierno, pues no van a recibir emolumentos ni habrá desembolsos de gastos”, indicó González, al señalar que en el caso de Puerto Rico se trata de un proceso “histórico, pues nunca  antes había habido una política pública tan clara a favor de incorporar a Puerto Rico como un estado”.

El consultor Javier Ortiz, quien asesoró al  Comité de Transición de Trump, piensa que la Casa Blanca “considerará cualquier cosa que el Congreso determine sobre una propuesta de estadidad  para Washington D.C., Puerto Rico o Guam”.





 
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