El Salvador - Agosto 20, 2017

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Sala anula reforma de pensiones

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Sala. La decisión de anular la reforma emitida por la Asamblea Legislativa fue aprobada por todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Armando Pineda Navas emitió su voto de forma concurrente.

Resolución de la sala impide que el Gobierno eche mano de $500 millones más del fondo de pensiones. La sala estableció que las AFP solo deben invertir con el Gobierno un máximo de 45 % de los ahorros de los cotizantes.

27 de Julio de 2017 a la(s) 0:0 / Gabriel García

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió ayer que no se hará efectiva la reforma que realizó la Asamblea Legislativa al sistema de pensiones, el pasado 18 de julio, con la cual pretendían subir de 45 % al 50 % el techo obligatorio de compra de Certificados de Inversión Previsional (CIP) por parte de las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) al Estado.

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La resolución emitida por la sala evitará que el Ejecutivo pueda echar mano de unos $500 millones de los ahorros para pensión, a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Miembros del partido oficial han afirmado que el Gobierno planeaba utilizar dichos fondos para pagar los compromisos de deuda con las AFP. El Estado deberá pagar en octubre próximo $91 millones como parte de la deuda con las administradoras.

El magistrado de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González explicó que producto del análisis de la sala se ha mostrado que no es válido que el Gobierno argumente que le hacen falta recursos para pagar sus compromisos fiscales, sino que más bien podría existir un problema en la manera en la que se distribuye el dinero.

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El FOP se creó en 2006 como una forma de financiar el pago de las pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP). Estas instituciones se quedaron sin reservas en 2002, y desde entonces el Gobierno debió asumir el costo financiero de las pensiones de más de 100,000 jubilados. Según funcionarios, actualmente el número de jubilados a los que el Gobierno debe pagarles asciende a aproximadamente 175,000 personas.

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Según explicaron los magistrados, la modificación realizada por la Asamblea Legislativa recientemente produce una afectación “intensa” de los derechos fundamentales de los implicados, porque amplía el riesgo sobre sus pensiones y limita el margen de inversión de las AFP en títulos no obligatorios con mejores tasas de interés.

“Sabemos que el Gobierno paga una renta baja, creo que el 3 % se le paga a los CIP de 2016 para acá, pero todo el anterior dijo el ministro de Hacienda que sigue con el 1 % de la tasa LIBOR... Más porcentaje en manos del Gobierno con esa tasa tan baja, el impacto es al trabajador. Por eso se dijo que no solo es incumplimiento del fallo, sino que va en sentido contrario a lo que se ordenó en 2014”, declaró el magistrado González.

La resolución de la sala se enmarca en el proceso de seguimiento que hace el tribunal constitucional de la sentencia emitida en diciembre de 2014, en la que los magistrados establecieron que es un límite constitucional que las AFP estén obligadas a comprar el 45 % de los CIP. En dicha resolución la sala anuló la manera de calcular la tasa de interés que pagaba el Gobierno por los CIP, la cual se establecía de acuerdo con la tasa LIBOR.

Actualmente los CIP de la serie A, que fueron objeto de la reforma que hizo la Asamblea, deberían de pagar un interés anual del 3 % anual. La tasa de interés de mercado oscila arriba de 6 % anual.

El magistrado González acotó que ciudadanos le han solicitado a la Sala de lo Constitucional que evalúe si se ha cumplido o no con el aumento al interés de los CIP ordenado en 2014.

Luego de la decisión de ayer de la sala, las AFP podrán colocar el 55 % de los ahorros en proyectos que generen interés mayores a los que paga el Gobierno. Cuando se creó el FOP, en 2006, el techo de inversión obligatoria de las AFP en CIP era de 30 % de los ahorros. Dicho techo fue modificado en 2012 hasta un 45 %.

La resolución emitida ayer fue aprobada por los magistrados Florentín Meléndez, Rodolfo González, Sidney Blanco y Belarmino Jaime. El presidente de la Corte y de la sala, Armando Pineda Navas, emitió su voto de manera concurrente, es decir que consintió el objetivo final de la decisión, pero no compartió los argumentos esgrimidos por sus colegas. Al cierre de esta nota, la sala no había publicado el fallo.

La reforma fue calificada de abusiva por algunos sectores. Recientemente, dos ciudadanos presentaron ante la Sala de lo Constitucional una demanda por vicio de forma en el procedimiento legislativo mediante el cual se decretó subir el techo de inversión obligatoria de las AFP. Además, algunas organizaciones también habían exigido que el tribunal constitucional emitiera una resolución de seguimiento a la sentencia de 2014.
 
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