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Sala de lo Constitucional ordena ajustes en presupuesto general 2017

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Declaró inconstitucional plan de gastos y ordenó parar contrataciones y aumentos salariales; inhabilitó financiamiento a ONG y prohibió seguros médicos privados para los tres órganos de Estado.

28 de Julio de 2017 a la(s) 0:0 / Gabriel García

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional “de un modo general y obligatorio” el contenido de la Ley de Presupuesto General aprobada para el año en curso. El tribunal determinó que están desfinanciadas las partidas para el pago del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), el pago de pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), la devolución de IVA a exportadores y la devolución del Impuesto sobre la Renta a los contribuyentes.

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Según los magistrados de lo Constitucional, el presupuesto de este año no cumple con los principios de universalidad y equilibrio, debido a que el Gobierno subestimó el gasto en algunas partidas y no existe un equilibrio entre gastos e ingresos.

El Ministerio de Hacienda argumentó durante el proceso que sí existe una equivalencia de gastos e ingresos; sin embargo, la sala determinó, tras examinar las pruebas, que la equiparación de gastos e ingresos en el presupuesto de este año es ficticia, debido a que no se presentaron las partidas presupuestarias con los montos que realmente se necesitan.

La sala determinó que para solventar este problema de las partidas desfinanciadas no era pertinente anular el instrumento financiero de este año, para que entrara en vigencia el del año pasado, sino que consideró pertinente hacer ciertas recomendaciones a los tres órganos de Estado.

Entre las nuevas disposiciones ordenadas por la Sala de lo Constitucional está la inhabilitación al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para realizar transferencias a entes privados que tienen “vínculo material con partidos políticos y con grupos afines, y con funcionarios públicos o sus parientes”. Según la sala, en el presupuesto de 2017 estas transferencias sumaron $5.6 millones (lea nota en página 4).

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Los magistrados también establecieron que debido a las 29,644 plazas nuevas en el Gobierno entre 2008 y 2017, que implicaron un aumento del gasto de $752.7 millones, se suspende la creación de nuevas plazas y contrataciones en instituciones de Gobierno. La sala también suspendió aumentos salariales y de nuevas compensaciones, o contrataciones en casos en que no sean necesarios reemplazos, ordenó suprimir la compra de bienes suntuarios y racionalizar el gasto en viajes y gastos en publicidad.

La sala mandó que la Asamblea Legislativa revise el gasto en el salario de ciertos servidores públicos que reciben “incrementos periódicos desproporcionados”, estipulados en escalafones. “Esa relación constante e igualitaria entre los servidores públicos de las distintas instituciones también debe ser verificada por los diferentes órganos del Estado, de manera que, sin violentar el contenido esencial de los derechos laborales, se mantenga la racionalidad, austeridad y equilibrio presupuestario exigidos por la Ley Suprema”, se lee en la sentencia.

Por último, los magistrados consideraron que es necesario suspender la contratación de nuevos seguros médicos hospitalarios privados para funcionarios de alto nivel en los tres órganos de Estado, y buscar soluciones como “establecer un sistema que permita una responsabilidad compartida en el gasto, con fondos estatales y pagos parciales mayoritarios de las primas, realizados por los mismos beneficiados”.

La sala estableció que dichas medidas deberán cumplirse a más tardar el 31 de octubre de este año y, además, ordenó a la Corte de Cuentas de la República (CCR) que una vez hechas las adecuaciones al presupuesto “ejerza eficazmente su atribución de fiscalizar la ejecución del presupuesto”, y que dé informes periódicos sobre el proceso de fiscalización de las modificaciones presupuestarias.

Partidas desfinanciadas

Aunque la sentencia valoró la defensa de las partidas presupuestarias que hizo la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Hacienda, contrarió todos sus argumentos y validó la postura del fiscal general, Douglas Meléndez, en el caso.

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Según la sala, la partida del FOP necesita $230 millones durante 2017, y aunque los magistrados reconocieron los dos ajustes presupuestarios hechos este año para cumplir con esa obligación, sostuvieron que los $1,000 iniciales de la partida no eran suficientes. En ese caso el Ministerio de Hacienda argumentó que esa deuda iba a ser pagada con el uso de los Certificados de Inversión Provisional (CIP), a los cuales la sala le ha establecido un techo del 45 % del total de ahorros.

El tribunal también estableció que en la partida del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) hacen falta $51 millones. Esto a pesar de que el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa argumentaron que no es tarea del Gobierno mantener dicho instituto.

La sala también determinó que para la devolución de IVA a exportadores este año son necesarios $170 millones y no $20 como se habían asignado. De la misma manera apuntaron a un déficit de al menos $16 millones en cuanto a lo que se canalizó para la devolución del Impuesto Sobre la Renta.

La sala dejó claro que para los próximos presupuestos es necesario que se satisfagan los derechos de máximo uso de recursos disponibles, igualdad, transversalidad e integralidad de derechos y transparencia y rendición de cuentas. El fallo fue firmado por todos los magistrados, dos de ellos con votos concurrentes (con variaciones de argumentos), y un voto disidente en cuanto a la aprobación de letes.
 

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La sala decidió no suspender el efecto jurídico del presupuesto, sino ordenar ajustes. Para ello emitió recomendaciones a los tres órganos de Estado, que deben cumplirlas a más tardar en octubre.

No más contrataciones ni aumentos de salarios

Los magistrados consideraron que el aumento de 29,644 plazas entre 2008 y 2017 ha significado un enorme gasto para el Estado, que pudiera haber sido canalizado para cumplir con responsabilidades fiscales. Por ello, prohibió las nuevas contrataciones o aumentos salariales. También hizo un llamado a revisar el gasto en publicidad y a racionalizar lo que se utilice para viajes o compra de bienes suntuarios.

No más seguro médico de altos funcionarios

Los magistrados hicieron un llamado a los tres órganos de Estado a no contratar nuevos servicios médicos hospitalarios para funcionarios de alto nivel, ya que esto implica una importante erogación de fondos públicos. La sala dijo que se pueden buscar soluciones, como por ejemplo que los funcionarios se paguen las primas de las pólizas de sus seguros. Recientemente la Asamblea aprobó contratar un seguro médico por $4.5 millones para más de 1,000 empleados.

Revisar escalafones desproporcionados

La sala hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que revise los montos que reciben en aumento salariales algunos grupos privilegiados de manera desproporcionada. Los magistrados reconocieron que dichos escalafones eran conquistas laborales de los trabajadores, pero que deben revisarse a la luz del problema fiscal que vive el Estado, con el fin de hacer un mejor uso de los fondos públicos.

Inhabilita transferir fondos a privados

La sala inhabilitó a la Asamblea Legislativa y al gobierno central para transferir fondos públicos a entes privados, como ONG, que estén relacionados con partidos políticos o funcionarios y sus familiares, “salvo en aquellos casos estrictamente necesarios y justificados, y siempre que las actividades de tales entes privados estén relacionadas directamente con los fines sociales del Estado”, y que además estén abiertos a fiscalización.

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