El Salvador - Agosto 19, 2017

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Es preciso asegurar la credibilidad plena del proceso electoral para que los resultados de las urnas contribuyan a normalizar el ambiente

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Por todo ello reiteramos el imperativo de que tanto la práctica de las autoridades electorales superiores como la participación vital de la ciudadanía vayan de la mano para que no se den hoyos negros en el camino que pondrían en cuestión todo lo actuado, con las consecuencias letales que no se harían esperar.

10 de Agosto de 2017 a la(s) 0:0 / Editorial

Desde que hace algunos meses fue desestimada la solicitud presupuestaria que presentó el Tribunal Supremo Electoral para garantizar que el próximo proceso electoral tuviera todas las seguridades de eficiencia y oportunidad que se requieren para que no haya dudas razonables sobre los resultados, comenzaron a surgir inquietudes sobre lo que podría pasar en los hechos, sobre todo porque los tiempos se acortan cada vez más y porque las nuevas condiciones legales que rigen el desenvolvimiento de los comicios demandan que se tomen de inmediato todas las providencias para cumplirlas, como por ejemplo la escogencia y el entrenamiento de los miembros de las mesas electorales, que ya no pueden ser partidarios.

El Tribunal Supremo Electoral está trabajando sobre la marcha con una urgencia que bien pudo ser evitada si el financiamiento y el calendario se hubieran puesto en armonía antes de que las urgencias atropelladas se hicieran presentes. En este momento, las inquietudes y las dudas son naturales cuando se observa el proceso desde afuera, y eso pone a las autoridades ante el compromiso ineludible de actuar de manera convincente de cara a toda la ciudadanía, sobre todo porque la prueba electoral de 2018 está ligada íntimamente con la que se viene inmediatamente en 2019 para escoger al Presidente y al Vicepresidente que estarán en funciones en el quinquenio por venir.

Hay que tener presente que lo que se decida en las urnas en 2018 y en 2019 incidirá decisivamente en la composición fundamental de los tres Órganos fundamentales del Gobierno: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. En marzo de 2018 se elegirá la próxima legislatura, a la que de inmediato le tocaría escoger a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, que son precisamente los que han generado decisiones trascendentales en lo tocante a la salvaguarda de la legalidad constitucional en todos los ámbitos de la función pública; y en 2019 se escogerá el relevo al frente del Ejecutivo, lo cual es trascendental sobre todo en un régimen presidencialista como es el nuestro desde siempre.

La transparencia y la credibilidad del desempeño electoral, especialmente en su parte orgánica, resultan indispensables para que el proceso democrático en marcha pueda seguir desenvolviéndose en forma positiva. Por todo ello reiteramos el imperativo de que tanto la práctica de las autoridades electorales superiores como la participación vital de la ciudadanía vayan de la mano para que no se den hoyos negros en el camino que pondrían en cuestión todo lo actuado, con las consecuencias letales que no se harían esperar.

En este momento, una de las responsabilidades más relevantes de la autoridad electoral consiste en mantener a los ciudadanos puntualmente informados de todos los procedimientos conducentes hacia el acto final en las urnas. Los partidos tienen que contribuir a esta gestión orientadora y educativa para todos. Lo peor que podría pasar es que se llegue a esa hora con cabos sueltos y con desorientaciones obstructivas de cualquier manera que sea.

Estamos ya contrarreloj, y eso debe mover voluntades hacia el trabajo conjunto en pro de que el proceso salga bien librado de esta prueba inmediata que, como decíamos, es más decisiva que nunca. Esperemos que la racionalidad y la responsabilidad se impongan.
 
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