El Salvador - Agosto 20, 2017

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Sala suspende entrada en vigencia de reformas a la Ley de Extinción de Dominio

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La Sala considera que puede tratarse de un fraude a la Constitución, así como de una reducción de los márgenes para disminuir la corrupción y la criminalidad.

11 de Agosto de 2017 a la(s) 17:8 / Beatriz Mendoza

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer este viernes una resolución en la que suspende la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen y Destinación Ilícita (LEDAB), aprobadas el pasado 18 de julio por los diputados de la Asamblea Legislativa.

La Sala argumenta que existe una incoherencia institucional por parte de la Asamblea Legislativa y "una patente contradicción de las posturas institucionales" que los diputados han sostenido al aprobar las reformas. Asimismo, señala que podrían contradecir las disposiciones constitucionales, así como reducir "los márgenes de disminución de la criminalidad... favoreciendo la impunidad".

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Pese a que todavía se encontraba pendiente un proceso de demanda de inconstitucionalidad por la aprobación de la LEDAB, la Sala considera que la aprobación de sus reformas "podrían anular el deber institucional de combatir la corrupción y permitirían la legitimización o protección de la adquisición de bienes por medios ilícitos o la destinación a bienes que no sean lícitos", de acuerdo con un comunicado.

"Se suspende la entrada en vigencia ya que, de no hacerlo, podrían generar un daño irreparable", agrega el escrito. La resolución de la Sala fue emitida de forma unánime; los cinco magistrados votaron en la misma dirección.

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Las reformas fueron aprobadas con 43 votos a favor y establecen un período de 10 años para que prescriba la acción de extinción, tiempo que se contaría a partir de la adquisición o destinación ilícita de los bienes.

Por otra parte, la extinción de dominio no podría aplicarse hasta que se haya agotado el proceso judicial en contra del imputado (hasta que exista una resolución judicial), cuando se trata de dos procesos independientes.

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, dio su aval para las reformas y las mandó a publicar al diario oficial el 24 de julio, es decir, que entraron en vigencia a inicios de agosto.
 
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