El Salvador - Agosto 20, 2017

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Fiscalía pide condena máxima para imputados en caso tregua

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Ausencia. La audiencia inició a las 8:30 de la mañana con la ausencia de Raúl Mijango, quien fue ingresado por complicaciones de salud.

La defensa insistió en que la parte acusadora no tiene pruebas suficientes para asegurar la culpabilidad de los imputados. Señalan que la investigación fue débil.

12 de Agosto de 2017 a la(s) 0:0 / Gabriela Cáceres

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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador que imponga las penas máximas a los 18 acusados de delitos cometidos durante la tregua entre las principales pandillas, que inició en marzo de 2012.

Uno de los fiscales del caso pidió que el exdirector de Centros Penales Nelson Rauda sea condenado a 18 años de cárcel por los delitos de actos arbitrarios, agrupaciones ilícitas y tráfico de objetos prohibidos en centros penales. La FGR también pidió que el exinspector de los recintos penitenciarios, Anílber Rodríguez, sea sentenciado a la misma pena.

En cuanto al subinspector de la Policía Roberto Castillo Díaz, la parte acusadora pidió al juez que el imputado sea condenado a 14 años de cárcel por tráfico de objetos prohibidos en penales y agrupaciones ilícitas. Para Raúl Mijango, principal mediador de la tregua, la pena que solicitaron es de 12 años, por los mismos delitos que Castillo Díaz. Mijango no participó ayer en el último día del caso porque fue ingresado en un hospital por problemas médicos.

La fiscalía dijo que espera que los exdirectores de penales, Félix Ruiz Soto; Rigoberto Palacios Carrillo; Juan José Zepeda Mejía; José Adrián Abarca Molina; y Miguel Ángel Abarca, sean condenados a 14 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y tráfico de objetos prohibidos a centros penitenciarios.

Para las personas que integraron el consejo criminológico durante la tregua, Carmen Elena Arévalo Mata; Sara Encarnación Hernández Orellana; Nancy Eugenia Escobar de Soriano; Arija Vanessa Torres de Imendia; Sandra Marilin Campos de Martínez; Ronald José Zuniga Velásquez; Clara Maribel Linares de Escobar; Maricruz del Carmen Hernández de Pacheco; y José Antonio Meza Rodríguez, la fiscalía pidió una pena máxima de seis años. Ellos, según la FGR, avalaron el traslado de los 30 cabecillas de pandillas del penal de máxima seguridad a cárceles con menos controles en marzo de 2012.

Los fiscales del caso señalaron que solicitaron las penas máximas para los imputados debido a que cuentan con suficiente prueba documental y testimonial que evidencia la participación de cada uno de los acusados de dar beneficios a las pandillas.

La FGR mencionó en alegatos finales que la defensa intentó demostrar que la tregua fue una política de Estado. “La política de Gobierno que nos han querido vender es una mentira burda”, dijo uno de los tres fiscales del caso, que además señaló que inicialmente el Gobierno trató de desvincularse de la tregua, pero que en la fase de Instrucción los argumentos cambiaron.

La parte acusadora aseguró que los exdirectores de penales gestionaron la salida de pandilleros. Sobre este último punto, el fiscal dijo que solo un juez está autorizado para otorgar el permiso de salidas. Sin embargo, los directores de penales lo hicieron. “Los directores y subdirectores de penales otorgaron permisos especiales de salida a pandilleros. Eso solo lo puede hacer un juez”, señaló el fiscal.

No existió labor de inteligencia

El jueves pasado, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés aseguró en el juicio que el suboficial de la Policía Castillo Díaz fue designado para hacer labores de inteligencia durante la tregua. Pero su discurso fue contradictorio, según la fiscalía, debido a que señaló que desconocía sobre las actividades del imputado. “Cuando se le preguntó al testigo sobre el subcomisionado Castillo Díaz, dijo que no tenía información sobre él. Sin embargo, en el ministerio de la Defensa nos dieron una serie de documentación que señala que a Castillo Díaz lo exoneraron de la hora de entrada y salida. Ese documento fue firmado por el señor Munguía Payés”, señaló el fiscal.

La fiscalía, además, recalcó que ingresaron varios televisores a los penales. De hecho, sostienen que presentaron un documento que refleja que los pandilleros cancelaron $700 en servicio de cable. Los responsables de estos beneficios fueron los mediadores, aseguró la fiscalía.

Defensa

La defensa de los 18 imputados le pidió al juez que deje libre de cargos a su clientes porque consideran que la fiscalía no hizo una buena investigación. El grupo de abogados coincidió en que las personas que deben ser procesadas son los subdirectores de seguridad de penales y no los exdirectores.

Rauda, en su defensa, dijo que la FGR le “atribuye comisión por omisión, pero no ha probado que yo tuviera pleno conocimiento de actividades ilícitas”. Además de que la parte acusadora le atribuye hechos de julio de 2013. Sin embargo, dijo que tiene como prueba que renunció a su cargo como director general de Centros Penales el 30 de mayo de 2013.

El próximo 29 de agosto, a las 2 de la tarde, el juzgado dará a conocer la resolución del caso. Ese día el juez informará si absuelve o condena a los imputados.
 

“Eso de que la tregua fue una política de Estado es una gran mentira. Está claro que no fue así. Los testigos, al menos, no dicen lo contrario”. fiscal del caso “Se ha venido intentando llegar a una condena como que fuera un caso de pandillas. Al menos eso hizo la FGR al momento de interrogar al testigo Nalo. Solo se ha centrado en la declaración de Nalo porque los otros 23 testigos no han dicho nada, solo las cajas de pollo”. Carlos Meléndez abogado defensor
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