Ministerio de Seguridad calcula que cuando termine el censo, que inició en 2012, la población afín a pandillas podría sobrepasar el medio millón de personas. En los últimos cinco años, la cifra de miembros de pandillas ha aumentado en un 134.6 %.
25 de Mayo de 2013 a la(s) 6:0 / Jessel Santos
Al menos 470,264 personas (casi medio millón) tienen algún vínculo o relación con miembros de pandillas, según un estudio iniciado hace más de un año por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Ese censo ha tenido lugar en los 14 departamentos. Sin embargo, a la fecha solamente han sido estudiados 184 de los 262 municipios.
Según establece el resumen de la monitorización, las autoridades han sometido a estudio 1,765 colonias, en las que han ubicado 1,955 clicas de las seis principales pandillas que operan en el país. En promedio hay una estructura delincuencial por cada colonia.
Las autoridades iniciaron la monitorización teniendo como punto de partida la tregua entre pandillas, iniciada en marzo de 2012. El Ministerio de Seguridad estimó, de acuerdo con los parámetros del censo y la metodología definida para este, que una clica está conformada por al menos 15 personas. Lo que significa que en el país existe un promedio de 29,325 miembros de pandillas.
Una investigación titulada El Salvador: Estudio Institucional y de Gasto Público en Seguridad y Justicia 2012, realizada por el Banco Mundial (BM) y el Ministerio de Seguridad, detalla que en 2008 operaban cuatro pandillas en el país, con 12,500 miembros repartidos en 381 clicas.
Si se comparan esos datos con los arrojados por el censo realizado en el último año, se infiere que de 2008 a 2013 la cantidad de miembros de pandillas ha aumentado en un 134.6 %. En la actualidad hay 1,574 clicas más de las 381 que se registraban en 2008.
“A medida que estudiamos más la situación, el tema de las pandillas va por círculos, hay un círculo duro y también están rodeados de sus familias que también han dependido de esa economía ilícita y que aprenden a vivir de ellos”, explicó recientemente el ministro de Seguridad en funciones, Douglas Moreno.
En esa lógica, el Ministerio de Seguridad usó la siguiente fórmula para calcular la población que se beneficia de las pandillas: a cada pandillero le agregaron tres personas que conforman el primer núcleo social. Según las autoridades, ese núcleo está conformado por un niño que hace favores al pandillero, identificado en el estudio como “mascota”; una persona que ayuda al pandillero, denominado “aprendiz”; y por la esposa o compañera de vida del pandillero, una “jaina”.
Con esta medición, el Ministerio de Seguridad infirió que la población con afinidad a una pandilla llega a 87,975, y que sumado a los 29,325 miembros de pandillas totalizan 117,300 personas.
El cálculo de Seguridad también incluye a dos personas más: estas forman parte del núcleo familiar. Es decir, que al multiplicar las 117,300 personas –que incluye a los miembros de pandilla y el primer núcleo social– por dos resulta que la población que tiene una afinidad a pandillas es de 234,600. Esa cifra representa 3.75 % de la población total que, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2012, asciende a 6,249,262 habitantes.
La población con afinidad a pandillas ha aumentado en un 194 % en el último año, según las estimaciones del Ministerio de Seguridad reflejadas en el estudio.
“En 2012, la PNC y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública estimaron que la membresía de estos grupos había aumentado a casi 100,000 personas, y podía llegar a 160,00 si se contaban también a los parientes inmediatos de sus miembros”, concluye el informe.
La monitorización de Seguridad también incluye a 9,553 pandilleros privados de libertad (PDL). Sin embargo, según datos recientes de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), existen 9,955 miembros de pandillas recluidos en los centros penitenciarios del país, es decir, 491 más que no fueron agregados al censo.
A la cifra de pandilleros recluidos se le suma el cálculo de las personas afines a ellos, lo que totaliza 75,712 personas; más la cuota de pandilleros deportados y sus familias, que son 159,952. Al unir todos esos grupos, Seguridad estimó que hay al menos 470,264 personas afines a las pandillas en 184 municipios del país.
Las proyecciones del ministerio apuntan a que, al finalizar el censo, la población que tiene una relación con las pandillas puede sobrepasar los 660,000 habitantes, es decir, el 11 % de la población actual.
Francisco Bertrand Galindo, exministro de Seguridad, considera que la monitorización que ha hecho el ministerio puede ser usada para varios objetivos. En primera instancia, según él, puede tener un carácter preventivo o de control.
Los usos del censo
Bertrand cree que la monitorización puede servir para detectar los municipios que tienen más necesidades. “Atenderlos con trabajadores sociales, ofertas de trabajo y ofertas educativas”, dijo.
Mientras que en el área de control ejemplificó: “¿Qué pasa si las pandillas decidieran romper con el Gobierno y decidan empezar a atacar a la población civil? Nada mejor que el Gobierno sepa dónde están, quiénes son. Eso puede servir para una buena política de control del delito, llámele represión”.
El abogado consideró que el análisis de las cifras de pandilleros que operan en el país es sobredimensionado. Consideró, además, que uno de los objetivos que pudo tener el exministro de Seguridad David Munguía Payés, al apoyar la tregua entre pandillas, era el mapeo de las estructuras, su territorio y su accionar.
“La frase que he podido decir: cuando alguien inteligente hace cosas que parecieran tontas, hay que entender que algo más está pasando. Cuando un ministro de Seguridad, militar además, empeña todo su prestigio para hacer un acuerdo con grupos delincuenciales, algo más tiene que estar pasando”, agregó el abogado.
Pese a que, cuando aún era ministro de Seguridad, se le solicitó a Munguía Payés una entrevista para abordar la temática, no hubo respuesta. Sin embargo, en varias exposiciones que realizó para mostrar los resultados del documento, aseguró que el estudio era apoyado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La institución, no obstante, se desligó del proyecto.
“El sondeo o monitoreo de las pandillas en el país es una actividad realizada exclusivamente por el Ministerio de Seguridad. Lo que el exministro Munguía Payés pidió al PNUD es una opinión técnica con relación a la metodología y los parámetros que utilizó dicho ministerio para la realización de dicho sondeo. A la fecha, sin embargo, únicamente se ha recibido la información y todavía no se ha emitido ninguna opinión”, afirmó William Pleitez, economista jefe y representante de la organización.
