“La caja del PT fue de 350 millones de reales”, equivalentes a unos $170 millones, resultante de desvío de fondos públicos a través de empresas del Partido de los Trabajadores… utilizados para comprar apoyos políticos.
El Tribunal Supremo de Brasil en sus veredictos confirma haber probado que efectivamente hubo un sistema de desvío de fondos públicos para comprar votos de parlamentarios, para tener su respaldo político a la gestión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).

Se señala en este juicio que “la caja del PT fue de 350 millones de reales”, equivalentes a unos $170 millones, resultante de desvío de fondos públicos a través de empresas del Partido de los Trabajadores, los cuales fueron utilizados para comprar apoyos políticos.

Este escándalo, que se destapó en 2005, ha involucrado a gran parte de la cúpula del gobierno de Lula da Silva, y las condenas impuestas a 13 de los 25 imputados suman en total penas de cárcel efectiva de 250 años y las multas rondan los $10 millones.

Entre los primeros fallos de culpabilidad se ha condenado al expresidente de la Cámara de Diputados, Joao Paulo Cunha, primer político de envergadura, miembro del gubernamental PT, en ser declarado culpable en este proceso por corrupción, desvío de fondos públicos y lavado de dinero; y el delator de la trama, el exdiputado Ricardo Jefferson. Además, entre los 15 reos ya condenados figuran el exministro de la Presidencia José Dorceu, durante décadas un fiel defensor de Lula; el expresidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) José Genoino y el extesorero Delubio Soares.

Fuera de la política, en el plano empresarial, el encargado de encauzar los fondos para que llegaran al PT, el empresario Marcos Valerio de la empresa SMPP&B; el expresidente del Banco de Brasil, Henrique Pizzolato; y la exdueña del Banco Rural, Katia Rabello.

Todo este escándalo político ha recaído durante el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, quien además de dejar que impere independientemente la justicia, también mantiene una decidida lucha contra la corrupción. La semana pasada apartó súbitamente de sus cargos a todos los miembros del Gabinete de la Presidencia en Sao Paulo, incluida la jefa de esa dependencia, Rosemary Novoa, tan solo ante sospechas de participación en una red de tráfico de influencias y corrupción.

La posición de la presidenta Rousseff es clara e inobjetable, como se observa en el comunicado oficial que dice: “Por determinación de la Presidencia de la República, todos los funcionarios indagados en la Operación Porto Seguro de la Policía Federal serán apartados o exonerados de sus funciones. Todos los organismos citados en los informes deberán abrir un proceso de investigación interna”.

La corrupción es un mal social que avanza cuando encuentra espacios que nacen de la falta de transparencia y se fortalece cuando viene de arriba hacia abajo. Si es corrupto mi jefe y con su actuar tiene grandes beneficios y nadie lo castiga, ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo? Y este mal social se hace más fuerte cuando la corrupción es institucionalizada, como sucedió en Brasil.

La corrupción comienza a desvanecerse cuando se empieza a combatir con seriedad y fuerza moral para aplicar las leyes y condenar a los culpables. Por eso debemos decir ¡qué gran ejemplo está dejando la presidenta Rousseff! Nuevamente, estar en el lado de lo correcto, tener la voluntad política para combatir la corrupción no tiene color político, es solo cosa de personas bien formadas y con sólidos principios.

Que gran ejemplo es para El Salvador este caso de Brasil, porque por acá hay serios señalamientos de este tipo de corrupción institucionalizada desde bastante tiempo.