Aquella conclusión fue adversada por diversos actores, que desplegaron una intensa campaña de contra argumentaciones en defensa de la transnacional Enel y de los exfuncionarios aludidos. Mi postura se resumía en que estos últimos habían vendido un bien público, un recurso del patrimonio nacional constitucionalmente inalienable, a una empresa privada y extranjera por añadidura.

Contra eso se alegó la existencia de un contrato legal, ratificado además por un tribunal internacional de arbitraje, que no dejaba más alternativa que su obligatorio cumplimiento. Pero, a mi juicio, ceder a una empresa extranjera, a perpetuidad y sin condiciones impositivas, la explotación del recurso geotérmico salvadoreño era ni más ni menos como entregar en las mismas condiciones nuestro derecho de propiedad exclusiva o de soberanía sobre el río Lempa.

El debate se prolongó durante algunos meses y luego se fue extinguiendo hasta casi desaparecer, en el sobreentendido de que las partes en litigio habían emprendido una discreta renegociación. Pero hace un mes el presidente Mauricio Funes volvió a poner el tema sobre la mesa, y durante cuatro sábados consecutivos, en su programa radial, ha venido revelando gradualmente los ocultos pormenores del caso, como quien destapa poco a poco una cloaca de infamias.

Se dice con razón que el presidente de la República es el hombre mejor informado del país. Pues bien, Mauricio Funes, con documentos en mano, ha sostenido sin rodeos que el contrato en cuestión es lesivo para el Estado y que fue amañado con deliberación y alevosía por aquel grupo de exfuncionarios a quienes puso nombre y apellido. Se trató, según el presidente Funes, de una privatización encubierta y de una gran estafa contra el Estado salvadoreño.

Este no es, por supuesto, el primer gran acto de corrupción que se denuncia. Pero sí es la primera vez que una denuncia de esa magnitud no se queda en puras habladas, como suele decirse, y que la cadena de los denunciados no se detiene en los mandos medios: entre los señalados se encuentra incluso el expresidente Francisco Flores. Las pruebas han sido presentadas y el caso ya ha pasado a la Fiscalía y al parlamento.

El presidente Funes ha reiterado su voluntad de llevar este caso hasta sus últimas consecuencias “caiga quien caiga”. Aun con las evidencias documentales de que el famoso contrato es lesivo contra el Estado, que fue amañado y es por lo tanto espurio, la cúpula del partido ARENA, FUSADES, ANEP y dos o tres columnistas sostienen que debe respetarse y entregarse a la transnacional la geotermia salvadoreña.

Sus atendibles y poderosas razones tendrán sin duda para asumir esa posición, pero fuera de ellos creo que ningún otro compatriota, más allá de sus convicciones ideológicas y de sus consecuentes simpatías políticas, dejará de respaldar al presidente Mauricio Funes en esta causa que es de claro carácter nacional. Si la historia fuese un juego de ajedrez, podría muy bien decirse que quienes siempre han creído que el interés privado puede lucrarse, impunemente, a costa de los bienes públicos han sido puestos en jaque.

Por la solidez de las evidencias presentadas, y por la manifiesta voluntad del presidente Mauricio Funes, el próximo movimiento inevitable en el tablero será el mate.