Igualmente se mencionaba que debido a la demanda del mercado, los profesionales se están especializando aun más y regresando a las aulas, abriendo así nuevas oportunidades para que las universidades amplíen sus ofertas académicas.

Lamentablemente, algunas descuidan la calidad de la enseñanza dando la impresión que prestan estos servicios como simple negocio y certifican competencias profesionales de sus graduados que distan mucho del perfil de salida ofrecidos en sus prospectos.

Con el fin de aprovechar esta demanda contratan profesionales para impartir los programas autorizados por el Ministerio de Educación, aunque carezcan de formación docente y desconozcan cómo administrar un proceso de enseñanza aprendizaje (PEA). La impericia docente de algunos profesores se evidencia en la improvisación de técnicas didácticas que no dominan adecuadamente. Se transmite entonces la impresión a los estudiantes que el desarrollo de competencias puede abreviarse aprendiéndose reglas de aplicación universal, indistintamente de las situaciones particulares que se presenten.

De igual manera utilizan pruebas objetivas sin mayor criterio, ignorando a veces el valor formativo que tienen, preocupándose esencialmente por sus aspectos sumativos para “certificar” qué estudiantes deben ser promovidos a niveles superiores; se recurre incluso a evaluaciones –no objetivas– cuyo diseño no responde a un propósito didáctico u objetivo de aprendizaje.

Además, en nuestro medio la mayoría de estudiantes de posgrado trabajan jornadas completas y van a la universidad al finalizar el trabajo, lo cual demanda seleccionar juiciosamente los contenidos a cubrir y las técnicas de enseñanza a utilizar, ya que mal se haría en bajar los estándares de enseñanza para acomodarla al menor esfuerzo, en consideración a ese fenómeno; sin embargo, algunas universidades resienten la deserción estudiantil cuando algunos alumnos no soportan el rigor del estudio y consienten en bajar las exigencias, degradando así la calidad en la educación.

Se dan casos, incluso, que administrativamente ajustan las notas para complacer a estudiantes inconformes, sacrificando con ello uno de los roles elementales del docente, consistente en certificar quiénes pueden avanzar en la carrera y graduarse; de hecho, con ello se desprestigian los centros educativos que promueven estas prácticas, ya que sus alumnos perciben que la titulación no depende del esfuerzo personal, ni del desarrollo de competencias, sino que de presionar por promociones automáticas.

La concepción de mes pagado, mes pasado, no abona en nada a la calidad educativa, ayuda poco a la formación de profesionales capaces de liderar cambios transformacionales en nuestra sociedad y contribuye a que la brecha competitiva entre nuestro país y el resto del mundo se siga ampliando.

De ahí que la elevación de la calidad de los posgrados en El Salvador pasa por mejorar los estándares docentes de los profesionales que administran los PEA en las universidades y en evitar, además, la manipulación de resultados por motivaciones económicas.